La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, informe a esta Cámara legislativa:

Cuál fue la intervención de las fuerzas de seguridad federales en la localidad de San Carlos de Bariloche, a raíz de los sucesos ocurridos los días 17 y 18 del corriente, y de qué manera se ha dispuesto la utilización de los miembros de dichas fuerzas (Art. 8º inc. 4 y Art. 23, Ley 24.059)

Si para el mismo se ha constituído el Comité de Crisis previsto en el Art. 13 de la mencionada ley, o si, en su defecto, se ha decidido dicha intervención en el marco del Consejo de Seguridad Interior.

Cuáles han sido las directivas operacionales emanadas de dicho Ministerio para la actuación de las fuerzas de seguridad en el territorio, a fin de minimizar las consecuencias violentas por parte de las mismas y garantizar el respeto por los Derechos fundamentales de quienes allí habitan.

Si se ha subordinado la actuación de la Policía de la Provincia de Río Negro a algún funcionario del Gobierno Nacional o, en su defecto el grado y modo de cooperación con las fuerzas de seguridad provinciales, y en especial con el Batallón Organizado de Represión Antimotín (BORA).

Si por parte del Gobierno Nacional se ha proveído, a través de alguna de sus dependencias, atención psicológica y jurídica adecuada a las víctimas de la represión policial ejercida por la Policía de Río Negro.

Señor presidente:

Son de público conocimiento los hechos ocurridos el pasado 17 y 18 de Junio, llevados a cabo por diversos agentes de la Policía de Río Negro, que han dejado un saldo de 3 muertos y 12 heridos, donde se demostró la palmaria ineficacia de dicha fuerza para gestionar la situación de conflicto de una manera no violenta.

A raíz de eso (1) , las autoridades provinciales solicitaron la ayuda del Gobierno Nacional, y en particular de las Fuerzas de Seguridad Federales para que asistan en la contención de los disturbios ocurridos en los últimos días.

Sabido es que la utilización de la violencia por parte de agentes estatales en el marco de un Estado de Derecho Democrático constituye una situación de excepción que merece ser sujeta a las funciones de control que ejerce el poder Legislativo en un sistema republicano como el que nos rige, y que la misma debe ser utilizada únicamente dentro del marco constitucional, convencional (en especial el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de ONU) y legal que lo autoriza.

En ese sentido el Congreso Nacional ha regulado el procedimiento de intervención de las fuerzas federales en contextos de crisis de seguridad interior (como el actualmente existente en la ciudad de San Carlos de Bariloche) a través de la Ley 24.059, dotando al Sistema de Seguridad Interior de una institucionalidad que permita un abordaje eficaz y democrático de los mismos, así como un control eficiente por parte del poder político. Es por ello que reviste una importancia trascendental el control sobre el funcionamiento de estos dispositivos institucionales de gestión de la violencia estatal, así como de la actuación en concreto de las fuerzas en el territorio, máxime ante hechos de extrema gravedad como los ocurridos la pasada semana, que han privado del derecho a la vida de 3 jóvenes como consecuencia del abuso de poder por parte de las fuerzas provinciales.

Por todo lo dicho solicito a mis pares que acompañen el proyecto de resolución