La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su profunda preocupación por la condena a un año de prisión en suspenso y de inhabilitación profesional al periodista argentino Sergio Poma, dueño de la estación de radio local FM Noticias y presentador del Programa de noticias "Código de investigación". La sentencia ordenada por el juez Héctor Martinez afectaría uno de los derechos fundamentales como es la libertad de expresión

Señor presidente:

La condena por injurias del periodista radial argentino Sergio Poma es alarmante y constituye una seria lesión a la libertad de expresión La decisión tomada el lunes por un juez de la provincia de Salta también inhabilita profesionalmente al comentarista Sergio Poma durante un año.

Numerosos organismos nacionales e internacionales alertaron sobre los alcances y posibles consecuencias de la medida, entre ellos el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

El juez Héctor Martínez sentenció a Poma, dueño de la estación de radio local FM Noticias y presentador del programa de noticias "Código de Investigación", a un año de prisión en suspenso por una acusación por injurias presentada por el gobernador local, Juan Carlos Romero.. El juez ordenó también que la sentencia se publicara en los medios de comunicación locales

El caso surgió tras varias denuncias de corrupción que Poma hizo al aire durante su programa de noticias "Usted Opina" en el 2004. En junio de ese año, Romero presentó una querella por injurias.

Poma indicó al CPJ que ha hecho públicas varias denuncias por supuesta corrupción gubernamental y supuestos vínculos entre políticos locales y traficantes de droga en la provincia de Salta, fronteriza con Bolivia, 1,000 millas (1,600 kilómetros) al noroeste de Buenos Aires. Desde el 2001, narró Poma, ha recibido varias amenazas de muerte telefónicas y ha sufrido vandalismo contra los equipos de la radio.

Poma señaló que tiene pendientes tres querellas más por injurias: una presentada por Romero, otra por el hermano de Romero y la tercera por

el secretario del gobernador. Todas se basan en las denuncias de Poma por corrupción, explicó el periodista.

"Los políticos y funcionarios públicos en una democracia como Argentina no deberían usar leyes anticuadas de difamación para protegerse contra la crítica y el escrutinio", declaró el Director Ejecutivo

del CPJ, Joel Simon. "Condenamos la sentencia contra Sergio Poma y pedimos que sea volcada en su apelación".

Existe un consenso creciente entre organismos internacionales en el sentido que las leyes civiles proporcionan una reparación suficiente para los delitos de prensa. El 12 de abril, el Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa promulgó una ley que elimina definitivamente la injuria y la calumnia a nivel federal, remitiendo las demandas relativas a estas causas a la jurisdicción civil. México se unió a El Salvador como los primeros países en América Latina en eliminar la difamación como delito penal.

Aunque el encarcelamiento por delitos de prensa ha sido prácticamente eliminado en América Latina, los procesos penales por difamación siguen siendo habituales. Sin embargo, una decisión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llevado a varios políticos en la región a considerar reformas que harían desaparecer la difamación por completo de la legislación penal.

En el caso del 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos revocó la condena al periodista costarricense Mauricio Herrera Ulloa, reportero del diario La Nación de San José condenado por difamación. El tribunal radicado en Costa Rica dictaminó que la sentencia violó el derecho de Herrera Ulloa a la libertad de expresión y le ordenó a Costa Rica a pagarle al periodista dinero en concepto de daños y perjuicios. El presidente de la Corte Interamericana, el juez Sergio García Ramírez, redactó una opinión concurrente en la cual cuestionó la penalización de la difamación y sugirió que dichas leyes deberían derogarse.

FOPEA también expresó su máximo repudio a la medida porqué a su juicio contradice la Constitución Nacional y los tratados internacionales

en materia de derechos humanos. Por otra parte según la entidad "va en contra del compromiso asumido por el Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

La CIDH, tutora de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha expresado su condena al uso de los poderes del Estado para "reprimir la libertad individualde formarse opinión y expresarla"

Señor presidente numerosos antecedentes jurisprudenciales dan cuenta que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares del ejercicio democrático, y que si bien toda la sociedad es

responsable de su cuidado y protección es un deber ineludible de los representantes del pueblo ser custodios de los derechos humanos fundamentales.

Estamos seguros que las situaciones enunciadas tienden a amedrentar las voces de los periodistas que por temor a las consecuencias futuras dejen de expresarse, y vulnerar el derecho a libertad de expresión.

Por las razones expuestas solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.