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PROYECTO DE TP


Expediente 4568-D-2015
Sumario: COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PODER EJECUTIVO EN MATERIA DE CAMBIO CLIMATICO. CREACION EN EL AMBITO DEL CONGRESO DE LA NACION.
Fecha: 25/08/2015
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 107
Proyecto
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PODER EJECTIVO EN MATERIA DE CAMBIO CLIMATICO
ARTÍCULO 1º: Créase, en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación Argentina, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control al Poder Ejecutivo en materia de Cambio Climático que tendrá a su cargo la revisión de los programas, planes y medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional a través de sus ministerios, secretarias y otras dependencias en materia de adaptación y mitigación al cambio climático y el estado de implementación de los mismos.
ARTÍCULO 2º: La Comisión, estará conformada por: siete (7) senadores de la Nación, en proporción a la representación política de la Cámara; y siete (7) diputados de la Nación, en proporción a la representación política de la Cámara.
ARTÍCULO 3º: Los miembros de la Comisión y sus autoridades durarán dos años en sus funciones.
ARTÍCULO 4º: La Comisión dictará y aprobará su propio reglamento interno, contratará el personal necesario para su funcionamiento y designará a sus respectivas autoridades. El quórum se conforma con siete miembros. Las decisiones se adoptan por mayoría de los presentes, salvo los casos en que por Resolución se requieran mayorías especiales.
ARTÍCULO 5º: El objeto de la Comisión es realizar un seguimiento de todas las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional con la finalidad de regular en materia de Cambio Climático.
ARTÍCULO 6º: La Comisión tendrá las facultades y atribuciones suficientes para requerir la presencia de cualquier funcionario público cuando lo considere oportuno. Asimismo, podrá solicitar informes, documentación o datos de las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, Ministerios, empresas públicas, entes autárquicos o cualquier otro organismo nacional o internacional que fuere necesario para el cumplimiento el objeto de la presente ley.
ARTÍCULO 7º: La Comisión deberá producir un informe anual que contenga un detalle de las medidas implementadas en materia de Cambio Climático y su grado de implementación.
El informe será presentado ante ambas Cámaras del Congreso de la Nación y deberá publicarse en los Diarios de Sesiones y sitios Web de ambas Cámaras. Asimismo, el informe será remitido con copia al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial para su conocimiento.
ARTÍCULO 8º: La Comisión comenzará sus actividades dentro de los 60 días corridos, contados a partir de la aprobación de la presente ley.
ARTÍCULO 9º: La Comisión contará con su propio presupuesto, el que será incluido en el presupuesto del Poder Legislativo Nacional, con el cual se solventarán los gastos que demande su funcionamiento.
ARTÍCULO 10: Comuníquese al Honorable Senado.
ARTÍCULO 11: De forma.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


El presente proyecto de resolución tiene como finalidad la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control al Poder Ejecutivo en materia de Cambio Climático, que aborde seriamente la temática y asegure la implementación de las medidas necesarias la mitigación y adaptación al cambio climático en nuestro país.
La República Argentina, consciente de la importancia del ambiente, incluyó explícitamente su cuidado en la Constitución Nacional.
El artículo 41º de nuestra Carta Magna dice que "todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo."
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) abrió a la firma de los Estados la Convención Marco sobre Cambio Climático que se firmó en Nueva York con el fin de estabilizar "las concentraciones atmosféricas de gases de efecto de invernadero en un nivel que prevenga una perturbación antropogénica peligrosa del sistema climático". La Convención acuerda estabilizar para el año 2000 las emisiones de dióxido de carbono (CO2), a los niveles del año 1990 y luego reducirlos progresivamente. La Argentina aprobó la convención marco por la Ley 24.295.
La Convención quedó complementada, el 11 de diciembre de 1997, con el Protocolo de Kyoto que se propuso como objetivo la reducción de un 5,2% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales, tomando como base los niveles de 1990, para el período 2008-2012.
Nuestro país ha participado activamente en las negociaciones que condujeron al establecimiento de la CMNUCC y del Protocolo de Kyoto.
La próxima Conferencia de las Partes (COP21) tendrá lugar en París en diciembre del presente año. Allí se asumirán compromisos vinculantes por los países participantes para reducir los gases de efecto invernadero (GEI) persiguiendo limitar el incremento de la temperatura global a 2°C respecto a la era preindustrial. En una reunión recientemente realizada, el G7 se comprometió a descarbonizar totalmente sus economías para el 2100. Este es un mensaje político en miras a cerrar un acuerdo en París que garantice una meta global a largo plazo. En este orden de ideas, consideramos que es crucial que la Argentina aborde el tema de la gestión del cambio climático como política de estado.
Cuando hablamos de cambio climático estamos haciendo referencia a la variación significativa y persistente del clima durante un período largo de tiempo, susceptible de producir impactos en el medio físico, económico y social. Esta nueva situación climática debe llamar la atención a la sociedad, y en particular a su dirigencia política, acerca del real significado que posee en Argentina, cuyas consecuencias tienden a agravarse en el largo plazo, con impactos sociales y económicos que tenderán a ampliarse y profundizarse.
En la 3ra Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de fecha 26 de junio 2015 (1) se subrayó que las proyecciones indican en promedio un aumento de los índices extremos relacionados con las altas temperaturas y las precipitaciones extremas en la mayoría de las regiones del país.
Son ya numerosos los expertos en temas climáticos que señalan que en la zona central de la Argentina se ha producido en los últimos 30 años un aumento en los niveles de precipitaciones que ronda en un promedio del 40%, llegando en algunos sitios a ser del 50%. Estos aumentos se registraron en las últimas tres décadas.
Como consecuencia, en la región centro de nuestro país se han producido inundaciones con impactos catastróficos en lo económico y social ejemplo de ello es la inundación de Santa Fe de 2003 o la recientemente ocurrida en Córdoba en 2015 con crecidas que dejaron pueblos bajo el agua, más de 5000 evacuados y 12 muertos. Al factor climático, se suman los desmontes, la falta de obras de infraestructura, las urbanizaciones no planificadas, los efectos del monocultivo en la tierra y la inclusión de flora no autóctona, elementos que, según coinciden los especialistas, contribuyen a los desastres ocurridos en la zona centro del país.
Los perjuicios de estos eventos se ven agravados por la falta de conocimiento de esta nueva problemática por parte de los profesionales llamados a instrumentar las soluciones, ya que casi siempre siguen aplicando métodos y recetas que son sólo válidos en un contexto de clima estable.
El cambio climático también complicará el panorama con la previsible suba en el nivel del mar, ya que este aumento hará que los efectos de las sudestadas sean más severos sobre el Río de la Plata. Esto dificultará aún más el natural escurrimiento de aguas interiores hacia el mar generando mayores problemas en toda la ribera, las zonas bajas de las cuencas de los ríos y arroyos tributarios y en el delta del Paraná. A más largo plazo, 50 a 100 años, se espera la inundación de un área aún no determinada de la costa de la Bahía de Samborombón y la probable salinización de los acuíferos al sur de la ciudad de Buenos Aires.
Algunos impactos del cambio climático pronosticados para Argentina son: aumento de la temperatura media en el norte del país, la disminución en la zona cordillerana, el aumento en el nivel del mar y del Río de la Plata, con los consecuentes "daños colaterales" como dificultades en la provisión de agua potable, enfermedades tropicales (dengue), "stress hídrico", o mayor riesgo de incendios forestales.
Los ejemplos citados hacen imprescindible el urgente diseño de políticas públicas para hacer frente a las posibles consecuencias dañinas del cambio climático, que ya viene afectando a todo el territorio nacional.
El cambio climático plantea un escenario de mayores eventos meteorológicos extremos y se hace muy difícil que la adaptación al mismo pueda mitigar totalmente sus efectos. Esto significa que en este escenario se harán más frecuentes las llamadas "catástrofes" climáticas, lo que supondría tener que aumentar nuestra capacidad de respuesta ante estos eventos. Ello evidencia la necesidad de implementación de un plan de emergencia impulsado por el Poder Ejecutivo nacional con especial foco en poblaciones en zonas de riesgo.
Es importante resaltar que si bien el cambio climático plantea un desafío de enormes proporciones para la comunidad internacional y sus consecuencias afectarán a cada región del planeta, son los países más pobres los más vulnerables al mismo. Estos países son los que, por lo general, basan sus economías en una fuerte dependencia de los ecosistemas naturales y el clima, ya sea por la agricultura, pesca o silvicultura. Esto produce una alta vulnerabilidad de estas economías que son fuertemente dependientes de cualquier cambio en el sistema climático y los impactos que éste pueda generar en los ecosistemas. En la Argentina ya puede verse con contundencia esta situación cuando se evalúan económicamente los impactos que las inundaciones en la pampa húmeda ocasionan en términos de pérdidas de cosechas, ganado e infraestructura productiva.
La economía argentina es altamente vulnerable a los cambios en temperatura y precipitación debido a su perfil productivo, considerando que depende en un 19% del PIB del sector agro-exportador primario y de las industrias manufactureras asociadas a dicho sector (MAGyP, 2011), así como de la producción de energía eléctrica a partir de hidroelectricidad (40%) en las vertientes de los ríos originarios de la Cordillera de los Andes. Según los modelos predictivos de la CEPAL, bajo los escenarios de supuestos más conservadores (CEPAL, 2012), la proyección del costo económico del cambio climático es equivalente al 5% del PIB para el 2020 a 12% del PIB en el 2100.
Según el último estudio de la Dirección de Cambio Climático (año 2000) la "contribución" argentina en la emisión de GEIs es del 0,84%, que sitúa al país, por volumen, en el puesto 25 a nivel mundial y en el 53 en las emisiones per cápita. En América Latina, Argentina está tercera, después de México y Brasil. De acuerdo a la Segunda Comunicación Nacional de Argentina (SAyDS, 2007) con datos del 2000 las emisiones corresponden a: Energía con 47% (53% de gas natural, 45% derivados del petróleo, 1.2% carbón mineral, y 0.3% biomasa); Agricultura y ganadería con 44% (52% de óxido nitroso y 48% de metano); residuos con 5%; y procesos industriales con 4%. Cabe destacar que del total de las emisiones en el sector de energía, cerca de dos terceras partes corresponden al sector transporte. El resto corresponde principalmente a emisiones de la generación térmica distribuida, que han incrementado la utilización de diesel y gas oil, sustituyendo al gas natural.
Para que la Argentina pueda reducir las emisiones citadas, es necesaria una definición política del más alto nivel que defina el perfil productivo del país en los próximos 30 años. Esto significa que hay que transformar la generación de energía, la infraestructura, el transporte, la agricultura y gestión de residuos. De esta forma, el cambio climático impone grandes desafíos éticos, políticos y económicos que solo pueden ser encarados a partir de un plan de gestión con alcance nacional.
En general, se puede concluir que a la fecha Argentina ha dado los primeros pasos a nivel macro y a nivel federal para sentar las bases de una gestión pública que integre el concepto de cambio climático. Esto se refleja en el desarrollo de disposiciones legales, normativas, participación en acuerdos internacionales, y programas piloto de inversión a pequeña escala. No obstante, los avances realizados, existen aún grandes vacíos de gestión y de inversión para abordar en forma integral y efectiva los desafíos del cambio climático. A la fecha, el desarrollo de sectores productivos como energía, trasporte, agricultura, entre otros, así como los patrones de crecimiento urbano siguen un patrón de alto impacto ambiental y uso intensivo de recursos naturales y energéticos convencionales no renovables. Esto refleja que a nivel de políticas e inversiones sectoriales queda mucho por hacer para alcanzar modelos sostenibles de reducción de huella de carbono, así como para que cada sector internalice medidas de adaptación.
La asignación del presupuesto 2015 da una señal clara del foco del estado nacional, el 61% de los gastos se destinan a las funciones vinculadas a energía y minería, el 28% al transporte y solo un 1,3% a temas vinculados a medio ambiente y ecología. Por su parte, las partidas presupuestarias que se derivan de la utilización de fondos nacionales que se destinan a bosques o que correspondería destinar a glaciares, son menores a lo que debieran ser o carecen de un monto identificable. Esta asignación de recursos es contraria a la formulación de un plan contundente de gestión de cambio climático ya que se promueven medidas de corto plazo y de alto impacto ambiental en detrimento de una estrategia de sustentabilidad de largo plazo.
En general, debido a su abundancia relativa de recursos, hay una percepción generalizada de que en Argentina no existe un problema ambiental o que las vulnerabilidades y riesgos frente al deterioro ambiental y el cambio climático es bajo y la política no hay puesto su foco prioritario en estos asuntos. En este escenario, creemos que es crucial la existencia de una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control al Poder Ejecutivo en materia de Cambio Climático que controle la implementación de la política nacional en materia de cambio climático.
La creación de una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control al Poder Ejecutivo en materia de Cambio Climático, permitirá no solo incorporar la gestión del cambio climático en la agenda pública sino también asegurar un control más eficiente del manejo de los problemas globales que enfrenta el país en materia de cambio climático, dando un seguimiento regular a las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional en esta materia, para beneficio del país en su conjunto.
La política estatal sobre cambio climático debe tender a contrarrestarlo, garantizando la seguridad del suministro de energía, promoviendo mercados competitivos dentro y fuera de la Argentina, así como contribuyendo a elevar el índice de crecimiento económico sustentable y a mejorar la productividad.
La labor realizadas por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control al Poder Ejecutivo en materia de Cambio Climático permitirá asignar mayor énfasis a proteger y mejorar el medio ambiente natural para la salud y bienestar de todos, así como para proteger la vida silvestre y resguardar a la población de los riesgos ambientales propios del cambio climático.
La mitigación del cambio climático plantea verdaderos desafíos financieros, tecnológicos y políticos. De no prestarle atención, nos conducirá a grandes retrocesos en el desarrollo humano durante el siglo XXI. Debemos buscar los medios y asumir la responsabilidad de evitar ese resultado. La mitigación precautoria del cambio climático es un reaseguro esencial para impedir mayores daños.
Por lo expuesto, creemos que desde el Estado Nacional se debe propender a tomar todos los cursos de acción que sean necesarios para tratar el tema con la urgencia que merece. Sin duda la educación y la información a la población deben ser prioritarias para lograr la concientización en la materia.
Es por ello que una participación pública que asegure la sostenibilidad ambiental reviste una importancia crucial y la participación regional e internacional a través de la firma de convenios, hace que el esfuerzo nacional sea mancomunado y respetuoso del trabajo que se viene llevando a cabo en distintos países del mundo y en diferentes foros internacionales.
Tengo el convencimiento que una Comisión Bicameral específica, le dará la magnitud, importancia y jerarquía que el tema necesita.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
SCAGLIA, GISELA SANTA FE UNION PRO
SCHWINDT, MARIA LILIANA BUENOS AIRES FRENTE RENOVADOR
SPINOZZI, RICARDO ADRIAN SANTA FE UNION PRO
DURAND CORNEJO, GUILLERMO MARIO SALTA CONSERVADOR POPULAR
BALDASSI, HECTOR W. CORDOBA UNION PRO
LASPINA, LUCIANO ANDRES SANTA FE UNION PRO
SCHMIDT LIERMANN, CORNELIA CIUDAD de BUENOS AIRES UNION PRO
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
RECURSOS NATURALES Y CONSERVACION DEL AMBIENTE HUMANO (Primera Competencia)
PETICIONES, PODERES Y REGLAMENTO
PRESUPUESTO Y HACIENDA