La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Repudiar los disturbios y la quema de urnas ocurridos en la Provincia de Tucumán el 23 de agosto de 2015, durante la jornada electoral provincial.

Señor presidente:

El 23 de agosto se realizaron elecciones a varios cargos provinciales en la Provincia de Tucumán, siendo el cargo en disputa más importante el de gobernador y vice. Esta jornada democrática, cuyos resultados provisorios pero con tendencia ya irreversible dan ganador al ex ministro de salud, Dr. Juan Manzur, por el Frente para la Victoria, fue interrumpida y enturbiada por distintos conflictos y acusaciones cruzadas entre todos los frentes y partidos en disputa.

Se ha registrado quema de al menos cuarenta y dos urnas, con detenidos. En la localidad de San Pablo se registró una disputa entre fiscales que concluyó en golpes, disparos, un gendarme herido y urnas quemadas. No es la única localidad donde hubo conflictos de estas características. Los 558 electores de una escuela en Monteros no pudieron ejercer la voluntad popular, debido a que sus urnas fueron quemadas. Se ha detenido al aparente responsable: Hugo Alarcón, el candidato a delegado comunal por la alianza Acuerdo para el Bicentenario, que llevó a José Cano como candidato a gobernador. En la capital, se golpeó al camarógrafo Jorge Ahuadi mientras filmaba el reparto de bolsones de comida. También se registraron disparos en la localidad de San Miguel. Por la mañana, se disparó contra la casa de la candidata a concejal Gabriela Basso, del partido "Compromiso Ciudadano Independiente", que forma parte de la alianza opositora.

Mientras la justicia electoral de Tucumán recibe denuncias y debate sobre la necesidad de hacer un recuento total, abriendo todas las urnas, y elecciones provisorias en varias localidades, nosotros como diputados de la Nación tenemos el deber de hacer otros pedidos: es necesario que se investigue y se aclaren todas las responsabilidades, sea por acción o por omisión. Lo consideramos esencial para la recuperación y consolidación de la confianza del pueblo en el sistema de representatividad. En estos momentos, marcado por cambios sociales y culturales, la ley debe volver a ser garantía de convivencia y no un elemento represivo, como en otros momentos aciagos de la historia argentina.

Pedimos que se respete la voluntad popular en toda la provincia. Se debe garantizar la libertad de expresión y la participación de todos los sectores, y queremos retomar las palabras de Su Santidad el Papa Pio XII cuando decía, en los albores del resurgimiento de las democracias en Europa, que nadie puede estar obligado a respetar un sistema legal del cual no tuvo participación, porque "...Ahogar la voz de los ciudadanos, reducirla a un silencio forzado, es a los ojos de todo cristiano un atentado contra el derecho natural del hombre, una violación del orden del mundo tal como Dios lo ha establecido" (1) .

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.