La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar nuestro más profundo repudio y preocupación ante las graves amenazas de muerte e intimidaciones perpetradas contra el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de la Plata, Dr. Carlos Rozanski, en forma previa al inicio del juicio por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, cometidos en el marco de la megacausa conocida como "Circuito Camps".

Señor presidente:

El objeto de este proyecto es manifestar nuestro más profundo repudio y preocupación ante las graves amenazas de muerte e intimidaciones contra el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de la Plata, Dr. Carlos Rozanski. Éstas constituyen expresiones que intentan perturbar el proceso y el juicio por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar cometidos en el marco de la megacausa conocida como "Circuito Camps".

El llamado "Circuito Camps" abarca varios centros clandestinos de detención que se encontraban a cargo del jefe militar de la Policía Bonaerense Ramón Camps durante la última dictadura militar, entre los que se encuentran la Comisaría V de La Plata, el Destacamento de Arana, la Brigada de Investigaciones de La Plata, la Subcomisaría de Don Bosco denominada 'Puesto Vasco', COT I Martínez y la Brigada de San Justo, como así también los hechos sucedidos en la casa de 'Teruggi-Mariani' de la ciudad de La Plata, incluida la apropiación de la menor Clara Anahí. La unificación de las causas implicaría el acceso a la Justicia para 360 víctimas que pasaron por allí, entre las que están Diana Teruggi, Daniel Mariani y Claudia Falcone.

Entre los casos de mayor relevancia pública se encuentran los hechos conocidos como 'La noche de los Lápices', el secuestro del 'grupo Graiver' y parte del gobierno de Bidegain, y el secuestro de Jacobo Timmerman, de Jorge Julio López, Adriana Calvo, entre muchos otros.

En el juicio están imputadas 26 personas entre las que se encuentran el gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires Ibérico Manuel Saint Jean, su ministro de Gobierno, Jaime Lamont Smart, y el chofer de Etchecolatz, Hugo Alberto Guallama

Las amenazas contra el juez están siendo investigadas por la Justicia Federal. También, organismos internacionales que investigan los casos de amenazas a los magistrados y funcionarios judiciales, están informados de estas intimidaciones.

El Estado argentino, mediante el accionar de sus tres poderes, así como las organizaciones de la sociedad civil, lograron que se iniciaran los juicios contra los responsables de las graves violaciones de derechos humanos más fundamentales, ejecutadas durante el terrorismo de estado en la última dictadura militar. Sabemos que estas amenazas de muerte y expresiones de violencia como las que repudiamos, no revertirán este proceso histórico.

Igualmente, corresponde que esta Cámara de Diputados se pronuncie, expresando nuestro repudio y preocupación frente a estas manifestaciones de violencia, que pretenden influenciar y trastornar el normal funcionamiento y la independencia de integrantes del Poder Judicial de la Nación, frente al desarrollo de juicios por crímenes de lesa humanidad, aún cuando no consigan lograr semejante cometido.

Todas las expresiones que intenten perturbar la consolidación de las instituciones republicanas y democráticas de gobierno y la protección y defensa de los derechos humanos, así como los procesos de verdad, juicio y castigo de los responsables de las violaciones de derechos humanos por el terrorismo de estado, ameritan una inmediata y decidida manifestación institucional de repudio de esta Honorable Cámara de Diputados.

Por las razones expuestas, solicito se apoye el presente proyecto de resolución