La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su seria preocupación por el riesgo a la salud y a la integridad física de nueve miembros de las Comunidades Toba, Wichi y Mocoví quienes en la casa de Gobierno de Chaco desarrollan una huelga de hambre que ya lleva 25 días, en reclamo de tierras expropiadas, de la titularización de las que poseen, y de la destitución de las autoridades del Instituto de Colonización cuestionadas por la entrega arbitraria de más de dos millones de hectáreas de tierras fiscales.

La Honorable Cámara de Diputados declara también su convencimiento de que es necesario establecer en forma urgente a un ámbito de diálogo e intercambio que no comprometa la vida y la salud de ninguna de las partes, y que permita resolver el conflicto teniendo en miras los derechos constitucionales en juego y el reconocimiento de las Comunidades Indígenas.

Señor presidente:

| La Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, entre otros derechos (artículo 75, inciso 17).

Los mismos derechos están reconocidos en el Convenio de la OIT 169 incorporado a nuestro orden interno, al igual que en diversas leyes nacionales.

Por su parte, el artículo 37 de la Constitución de la Provincia de Chaco reconoce y amplía esos derechos de la Constitución Nacional.

En consecuencia, no hay duda alguna acerca de los derechos que corresponden a las Comunidades Indígenas argentinas, que son más bien operativos y declarativos, y no pueden ser considerados programáticos con el fin de impedir el ejercicio efectivo de los mismos.

Sobre la base de estas pautas constitucionales es que se debe avanzar en la resolución del conflicto suscitado en la Provincia de Chaco. Las autoridades nacionales, provinciales y municipales deben atenerse a ellas, teniendo en cuenta además que el Estado no puede tampoco comprometer la vida y la integridad física de los habitantes.

El conflicto ya lleva varios meses. Los aborígenes reclaman la devolución de las tierras que les fueran expropiadas, la titularización de las que poseen, la destitución del intendente de Villa Bermejito (al que acusan de racista y de haber robado ayuda destinada a aborígenes inundados) y la destitución de las autoridades del Instituto de Colonización. Denuncian que bajo los gobiernos de Rozas y Nikisch, el Instituto entregó más de dos millones de hectáreas de tierras fiscales a grandes plantadores de soja y a testaferros de esos grupos. El gobernador Nikisch se ha negado, de manera reiterada, a recibir a los representantes de las organizaciones aborígenes.