La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Declarar profundo repudio ante la conducta abusiva desplegada por la AFIP en instalaciones del Grupo Clarín el día 10 de septiembre, expresando así actos claramente intimidatorios que constituyen una afrenta a las libertades de prensa y de expresión.

Señor presidente:

En el marco de un operativo inusual por su magnitud, el día 10 de septiembre, el Gobierno Nacional envió a unos 200 inspectores de la AFIP y de otras agencias a la sede del diario Clarín situado en el barrio de Barracas, los cuales llegaron en forma coordinada, en varios camiones de la seguridad social, y rodearon la manzana con un gran despliegue.

El hecho se registró en medio de una serie de agresiones a directivos, campañas difamatorias con carteles en la vía pública y fuertes presiones. Varias decenas de inspectores entraron al edificio mientras alrededor de un centenar permanecía afuera. Los que ingresaron, se dividieron en grupos y permanecieron reunidos con los responsables de distintas empresas del Grupo Clarín.

Debido a que es la primera vez en 64 años de existencia que el diario Clarín recibe un operativo de esta magnitud, Jefes de la redacción de Clarín intentaron comunicarse con la AFIP para consultar las causas del operativo, pero no obtuvieron respuesta.

En el Ministerio de Economía aseguraron desconocer cuál era el origen el procedimiento. Más tarde, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, envió una carta al diario en la que aseguró que no fue él quien encargó el operativo. Y a última hora informó que separó de sus cargos a sus funcionarios presuntamente responsables de las acciones.

El funcionario que comandó el operativo en Clarín es un director regional que se identificó, ante el pedido de periodistas, como Carlos Cosentino. Aseguró que encabeza las tareas sobre Grupo Clarín S.A., y que su equipo cuenta con otros cuatro inspectores. Otro de los grupos está encabezado por Alberto Díaz, identificado como supervisor de Fiscalización. Asimismo, hubo por lo menos otros dos grupos más, cuyas titulares no quisieron identificarse ni dar información a los periodistas. Se ampararon en el artículo 101 del procedimiento fiscal por el cual, según dijeron, sólo pueden dar información a los apoderados de las empresas.

Además de Grupo Clarín S.A., los más de 200 inspectores realizaron una fiscalización sobre otras siete empresas del grupo. En el mismo edificio funcionan las redacciones del diario deportivo Olé y del diario La Razón. Simultáneamente, otro grupo de 40 inspectores, otro de seis y otro de cuatro se presentaron en otros tres edificios de empresas de Grupo Clarín. De acuerdo a los hechos aquí expuestos, manifestamos nuestro profundo repudio a todo acto de intimidación, confrontación y violencia que puedan sufrir los medios de comunicación de nuestra Nación, cualquiera sea su origen o ideología.

Desde el Congreso tenemos la obligación de fijar posición repudiando que hechos como el inusitado procedimiento realizado en la sede del diario Clarín deban vivirse en un sistema de gobierno que se supone democrático. Ya que los mismos responden a claros instrumentos condicionantes que ejerce el Poder Ejecutivo para limitar la libertad de prensa.

Asimismo, creemos que es necesaria una profunda autocrítica por parte del Gobierno Nacional, al tomar tamaña y costosa decisión política, en momentos en donde se discute una nueva ley de medios de comunicación.

Por lo presente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.