La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar rechazo por los impuestos establecidos en la Ley Impositiva 2010 que aprobara la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la cual, en medio de una situación de emergencia y crisis económica y productiva, grava la carga y descarga de mercaderías en puertos bonaerenses.-

Señor presidente:

La llamada Ley Impositiva 2010, impulsada por la administración bonaerense de Daniel Scioli fue aprobada por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. El proyecto del ejecutivo provincial establece nuevos gravámenes y una serie de medidas impositivas para hacer frente a la complicada situación de las arcas bonaerenses. Uno de los puntos más controvertidos de la reforma, por la que la provincia espera aumentar su recaudación en 2 mil millones de pesos, es el adicional en los Ingresos Brutos que se abonan en la carga y descarga de mercaderías en las catorce terminales portuarias de la provincia de Buenos Aires.

El artículo 26 de esta reforma impositiva detalla que deberá abonarse en forma mensual un adicional al monto que resulte de la aplicación de la alícuota prevista para dicha actividad: 8 pesos por cada tonelada o fracción superior a 500 kilogramos de mercadería cargada en buques durante el mes; 24 pesos por cada tonelada o fracción superior a 500 kilogramos de mercadería descargada de buques durante el mes; y 3 pesos por cada tonelada o fracción superior a 500 kilogramos de mercadería removida durante el mes.

Esta medida consiste entonces en gravar fuertemente la carga, descarga y remoción de mercaderías en las terminales portuarias bonaerenses, lo que generará un impacto negativo sobre la ya tan fuertemente castigada economía regional.

Esto afectará de manera directa la operatoria de las terminales portuarias, específicamente la de Bahía Blanca. Por ejemplo, en el caso de los productos granarios, muchos de ellos serán dirigidos a otras terminales portuarias fuera de la provincia impactando tanto en la economía del puerto de dicha ciudad como en la disminución de mano de obra ocupada.

Asimismo este impuesto impactará directamente en el golpeado sector productivo rural de la Provincia de Buenos Aires, en particular al Sudoeste Bonaerense. No sólo será un impacto para la exportación de productos agropecuarios sino que también perjudicará a la importación de insumos que los productores rurales reciben a través de los puertos bonaerenses.

En un contexto de profunda crisis económica y productiva en toda esta región, resulta absolutamente contradictorio que el Gobierno Provincial decida un aumento de la presión impositiva sobre la carga y descarga de mercaderías, mientras el Gobierno Nacional admite institucionalmente la gravedad de la crisis que atraviesa el interior de la Provincia de Buenos Aires.

La situación en la región del Sudoeste de la provincia de Buenos Aires merece una mención especial. En efecto, este vasto territorio se encuentra en estado de Emergencia y Desastre Agropecuario en forma interrumpida desde el año 1994, con el impacto socioeconómico y productivo que genera en sus localidades, lo cual se traslada de manera directa al sector comercial, industrial y de servicios profundizando la crisis económica social.

A causa de la citada medida propuesta por el ejecutivo provincial, tanto exportadores como importadores terminarán eligiendo otros destinos limítrofes como son los puertos de Rosario (Santa Fe), Buenos Aires o San Antonio Oeste (Río Negro), donde no está gravada la actividad. Esta nueva presión fiscal, al impedir que los puertos de la provincia de Buenos Aires puedan competir en igualdad de condiciones con aquellos que no se ven afectados por este gravamen, provocará la emigración de cargas y de empresas hacia otras localizaciones menos agredidas impositivamente en sus costos, a la vez que negará a los productores bonaerenses equitativas perspectivas de comercialización de sus bienes.

En el puerto de Bahía Blanca se empieza a gestar un salto cualitativo en el crecimiento a fines de los años '80. El mismo está ligado a un aumento de la profundidad del canal de acceso e interior del puerto que se logra con la obra de dragado llevada a cabo por el gobierno nacional entre los años 1989 y 1992, y que con la extracción de cincuenta millones de metros cúbicos de material a un costo aproximado de doscientos millones de dólares, permite la navegación de buques de hasta 45' de calado.

Esta excepcional obra de la ingeniería portuaria abre al puerto un panorama de incalculable magnitud al convertirlo en el principal puerto de ultramar argentino por su profundidad y excelente vinculación vial y ferroviaria con los centros de producción y consumo. Las posibilidades comerciales que se generan a partir de la mayor profundidad del canal de acceso ya han empezado a concretarse a través de inversiones de gran magnitud. En el año 1993 se construyó una nueva terminal para la carga de cereales y subproductos, y las terminales existentes han ampliado su capacidad de almacenaje, recepción y carga con inversiones varias veces millonarias.

Sin embargo, el movimiento de mercaderías en el ámbito de actuación de la Ría de la Bahía Blanca se ha visto afectado por los problemas que atraviesa en nuestro país el comercio internacional de granos y productos agropecuarios. Según los registros oficiales del Puerto de Bahía Blanca, durante el año 2008 se contabilizaron operaciones de 878 buques, con una caída del 5,47% con respecto a 2007 en el movimiento de mercaderías. Incluso en la etapa Enero-Junio del año 2009 persistió el declive, verificando una nueva disminución 1,23% en el movimiento de mercaderías con respecto al mismo lapso del año 2008.

En esta coyuntura resulta inexplicable que la administración bonaerense castigue al Puerto de Bahía Blanca con un nuevo, pernicioso, regresivo y arbitrario gravamen que tanto daño causará a toda la cadena productiva de la región.

Diversas entidades sindicales y empresarias perjudicadas por este proyecto se han manifestado públicamente en contra de la iniciativa. La Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, la Cámara de Concesionarios y Permisionarios del Puerto de Bahía Blanca, la Cámara Portuaria y Marítima de Bahía Blanca, el Sindicato Unido Portuario Argentino de Bahía Blanca, el Sindicato Obreros Marítimos Unidos de Bahía Blanca, la Unión Industrial de Bahía Blanca, la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, entre otros, han denunciado que el proyecto de Ley Impositiva 2010 que impulsa la administración del gobernador Scioli en la Provincia de Buenos Aires generará entre muchos otros perjuicios la derivación de actividad económica a puertos de otras provincias causando una fuerte disminución de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, una merma en los ingresos fiscales de la provincia, y el desaprovechamiento de una importante infraestructura de muelles- grúas, depósitos, sistemas de refrigeración, etc. instalados en el puerto bahiense.

Vale aclarar que no sólo se está gravando la carga y descarga, sino también el almacenamiento y depósito, explotación de infraestructura, servicio complementarios para el transporte por agua y los servicios de gestión y logística para el transporte de mercadería.

Es importante resaltar que no se ha consultado al respecto con las principales entidades involucradas, siendo que el tratamiento de esta ley requiere de tiempo para lograr los consensos necesarios.

Implementar Ingresos Brutos a las cargas y descargas en los puertos afecta a toda la cadena de producción y a la competitividad de la provincia con respecto a otras. Los costos serán trasladados a la cadena productiva y los van a terminar pagando quienes producen para exportar o quien consume dentro de nuestro territorio.

Insistimos, esta reforma tiene objetivos recaudatorios que impactan de manera especial sobre los productores agropecuarios, sobre la actividad industrial y sobre las economías regionales tan castigadas en estos tiempos.

Por todo lo expuesto anteriormente, y porque rechazamos la imposición de este nuevo, pernicioso, regresivo y arbitrario gravamen que tanto daño causará a toda la cadena productiva, es que solicitamos a las Sras. Diputadas y los Sres. Diputados me acompañen en la sanción del presente Proyecto de Declaración.-