La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la instrumentación de los mecanismos necesarios para proceder al cumplimiento, por parte de la República Argentina del denominado "Convenio de Desarrollo Sustentable de Johannesburgo", suscripto el día, 3 de septiembre de 2002, en Johannesburgo, Sudáfrica.

Señor presidente:

Desde inicios de los años 1970 y sobre todo a partir de la crisis del petróleo de 1973, los países entendieron y, a partir de ello desarrollaron políticas de largo plazo, que la diversificación de las matrices energéticas nacionales, con el consecuente aprovechamiento de las diversas fuentes de energía era prioritario para tender a la autarquía energética, es decir a la posibilidad de controlar el acceso a los recursos energéticos, entendiendo por tales no solamente los recursos fósiles, sino también toda otra fuente de energía.

Para ese entonces también los países establecieron la necesidad de propender al desarrollo humano sostenible, para lo cual la preservación y conservación del ambiente, resulta central.

Poco a poco se fue generando el consenso a nivel global de la necesidad de garantizar el equilibrio entre el ambiente, la economía y la sociedad. Solo el equilibrio entre los índices representativos de estos factores acerca al desarrollo sostenible o sustentable.

El desarrollo sustentable solo se logra cuando la industria de base está integrada por una matriz de carácter sustentable, y, dentro de los insumos de base para el desarrollo humano, la energía es uno de los principales elementos, conjuntamente con el agua.

El acceso a las fuentes es uno de los primordiales desafíos de las diferentes sociedades. Cada vez más, las sociedades necesitan de la energía para su crecimiento y para el mantenimiento de las condiciones de vida dentro de las mismas.

Hasta hace tres décadas, y, sin la premura del deterioro ambiental y cambio climático por todos conocida, y sobre los cuales no pretendo explayarme, los Estados nacionales, desarrollados o no, consideraban a las fuentes fósiles como las únicas de interés estratégico. Los hidrocarburos - básicamente petróleo y gas- la energía nuclear y el carbón eran y son, esenciales en todas las matrices energéticas de los países. En algunos casos, se le suma el aprovechamiento del recurso hidráulico en aquellos países con potenciales.

A partir de 1973, y en especial a partir del segundo lustro de la década del '80, se inició una lenta pero pautada y clara incorporación de las renovables a las matrices energéticas. Los países europeos incorporaron biomasa, energía eólica y programas de inserción de energía solar a sus matrices.

Algunos países históricamente habían incorporado fuentes de energía renovables de características locales a sus matrices. El caso de Finlandia con la geotermia, por ejemplo.

Pero lo cierto es que en la década del noventa, los países europeos y, en los últimos años, también los EEUU, Canadá y otros, han realizado ingentes esfuerzos para diversificar las matrices energéticas, entendiendo por tales, el menú de oferta de acceso a las fuentes de energía en proporciones porcentuales considerables.

Nuestro país hizo enormes esfuerzos a lo largo de varias décadas para la diversificación de su matriz energética y sobre todo eléctrica -me referiré a esta última-. En la década del sesenta comenzaron de la mano de instituciones estatales: Gas del Estado, Agua y Energía Eléctrica SE y la CNEA, los primeros desarrollos de gasoductos y centrales térmicas, que se fue extendiendo por tres décadas. La energía nuclear comenzó el proceso de investigación allá por los '50 y, en los '60, se planificaron las centrales de Embalse y Atucha I. En los '70 le tocó el turno a las centrales hidroeléctricas, proceso que continúo en los '80. Chocón Cerros Colorados, el desenvolvimiento de la Cuenca Comahue, Río Uruguay con Salto Grande y finalmente Yacyretá, completando una serie de mega obras, que complementaron las pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas de Cuyo, NOA y Patagonia.

En los noventa, el crecimiento de la demanda fue atendida con la incorporación de centrales térmicas, en general en áreas cercanas a la demanda, y alejadas de las bocas de pozo, lo que significó el crecimiento de la demanda asociada al transporte de gas.

Los crecimientos de las demandas sostenidas de gas y electricidad, por diversas cuestiones, no han sido atendidas por el crecimiento de la capacidad instalada. Diferentes señales regulatorias, macroeconómicas y problemas sectoriales han contribuido a ello.

Pero, a su vez, varios países como Brasil, o España, atendiendo a la realidad ambiental y energética, al crecimiento proyectado de la demanda y a la problemática de abastecimiento, se centraron en los esfuerzos de diversificación de la oferta eléctrica. ¿Cómo lo hicieron?: investigaron seriamente y legislaron sobre el tema.

Las energías renovables plantean así, dos cuestiones centrales para las economías de la energía. La primera es que las mismas son limpias y, desarrollada la tecnología, el "combustible", viento, agua, biomasa, no tiene costo o tiene el costo logístico de ponerlo en la unidad de generación, estando distribuido en todos los países en diferentes proporciones. Esto permite que cualquier generador y la sociedad, conozca el costo de producción desde el inicio del proyecto, el que permanecerá a lo largo de la vida útil de la tecnología instalada. Esta enorme ventaja respecto de los combustibles fósiles (carbón, gas petróleo, principalmente) cuyo costo de producción es incremental a partir de la vida media útil de los yacimientos, que a pesar del desarrollo tecnológico, el acceso a las fuentes tiene menor crecimiento que la proyección del crecimiento de la demanda y que, además de otras cuestiones político- económicas, impactan directamente sobre el precio, principalmente porque la distribución de esos recursos está concentrada geográficamente en algunos países y por pocos productores.

El otro punto central de la incorporación de renovables está directamente ligado a la cuestión ambiental de las renovables, energías cuya tecnología de aprovechamiento es de bajo impacto ambiental. Ha quedado probado que las energías llamadas renovables impactan de modo muy tangencial al ambiente en comparación con la utilización de las energías fósiles.

La normativa internacional ha propendido a bajar los impactos ambientales con diferentes programas. A partir del Protocolo de Kyoto, varios de los convenios adicionales han propendido al desarrollo de metodologías para disminuir los impactos ambientales negativos.

La Convención de Johannesburgo, realizada en el marco de los acuerdos que integran el Protocolo de Kyoto, establece para todos los países firmantes, el compromiso de integrar a sus matrices eléctricas al menos un 14% de la capacidad instalada a partir del año 2010 en energías renovables

De más está decir que ese menú de fuentes de energía es modificable por los países firmantes en los términos de su propios recursos de bajo impacto ambiental.

Se requiere implementar entonces la incorporación efectiva interna de lo pautado en esa Convención, adoptando el criterio que al menos el 14% de la capacidad instalada de generación eléctrica, provenga de energías renovables. Esto no solo es posible sino que también es conveniente y rentable en nuestro país.

Es conveniente porque esas incorporaciones tienen un doble impacto positivo. Argentina, que tiene hoy una autarquía energética basada en los hidrocarburos, podrá mantener por más tiempo esa condición en la medida que incorpore renovables a su matriz, de modo que la disponibilidad de combustibles para la generación no requiere de ningún tipo de transacción con el exterior. El crecimiento de las demandas gasíferas y la paralización de la diversificación de la matriz eléctrica por falta de incorporación de renovables, son la situación actual. Su reversión se logra estableciendo en la norma interna el cumplimiento de Johannesburgo.

Además de las cuestiones de política estratégica y la autarquía del efecto positivo sobre el ambiente, hay un punto central que avala el desarrollo de las energías limpias, y es que en el largo plazo, su costo total de producción de energía es menor que el costo total de las unidades de generación térmica o nuclear. Es decir, estamos ante una tecnología económicamente eficiente.

La Convención de Johannesburgo establece un porcentual determinado (14%) y un plazo para iniciar su cumplimiento, sin embargo no establece la proporción de cada una de las energías renovables que deberá desarrollarse porque eso cambia de país a país.

En nuestro país, el recurso eólico, solar y agua es lo suficientemente abundante para ser incorporado. Otro tanto sucede con la biomasa, que, por motivos logísticos no se ha desarrollado, pero tiene un potencial de desarrollo considerable.

En definitiva, el proyecto sometido a consideración establece un mecanismo de incorporación de generación de energía limpia, de modo genuino y la creación de numerosos puestos de trabajo altamente calificados

Sé que una de las dudas que se suscitarán es: cuánto le va a costar a la sociedad la incorporación de las energías limpias. Y la respuesta es muy simple. En el largo plazo siempre le costará menos que disponer de los recursos fósiles. Y a posteriori, las energías limpias tienen un beneficio adicional: toda la sociedad y el mercado conocen desde el momento inicial de la inversión cual es el precio de la electricidad. En la matriz eléctrica actual el precio del mercado está directamente vinculado al precio del gas, siendo una incógnita su disponibilidad y precio en términos de largo plazo.

Al respecto existe otra consideración que no podemos dejar de efectuar, y es el costo de la energía emergencial. Nuestro país hoy tiene máquinas térmicas duales, es decir que por indisponibilidad de gas, trabajan con otros combustibles líquidos, principalmente fuel oil y gasoil. La generación con el combustible alternativo al gas ya hoy supera ampliamente el costo de producción de cualquier energía renovable, a excepción, quizá, de la solar. Y ello, sin siquiera considerar la falta de suministro y el dañoso impacto para la economía, la calidad de vida y la sociedad toda.

Es decir que ante la falta de gas, hoy el mercado paga más por unidad generada con energías convencionales de lo que pagaría para desarrollar las energías renovables. La obvia pregunta sería: ¿Y por qué no hacerlo?.

Sin abrumar en consideraciones técnicas o de mercado, es el sentido común lo que nos lleva a presentar el proyecto, en el convencimiento que todos los legisladores tenemos por objeto esencial de nuestra tarea desarrollar los lineamientos que propendan al desarrollo sustentable tal como lo consigna nuestra Carta Magna en sus artículos 41º "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley(...) Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales..."

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.