La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que a través del organismo que corresponda informe si la "Unidad de Reestructuración" creada por la Ley 26.177, modificatoria de la Ley 25798, se ha expedido sobre la situación de los deudores hipotecarios anteriores a la Ley de Convertibilidad.

En caso negativo, que adopte las medidas necesarias para informar a dichos deudores, que en virtud de la ley 26177, "no podrán ejecutarse los mutuos hipotecarios involucrados, y la demora no devengará intereses".

Señor presidente:

Las políticas de la década del `90 y su consecuencia directa la crisis de fines del 2001, siguen mostrando las heridas causadas en la sociedad argentina. En el ámbito de los préstamos hipotecarios, estas heridas todavía están lejos de haber cicatrizado. Se puede escuchar a diario a mucha gente desesperada que recibe comunicaciones de juicios de desalojo de una vivienda que vienen pagando desde hace varios años y aún así, sus deudas siguen igual o se incrementan y las cuotas mensuales se tornan imposibles de pagar.

En esta situación están una cantidad importante de argentinos que obtuvieron un crédito para comprar su vivienda a través del ex Banco Hipotecario Nacional, institución que ayudó a varias generaciones de argentinos a ejercer su derecho a tener una vivienda digna. En 1993 el Banco fue privatizado convirtiéndose en sociedad anónima y de esa forma los créditos otorgados pasaron al nuevo banco, que incrementó fuertemente la tasa de interés de las hipotecas, al mismo tiempo que los deudores veían disminuir sus ingresos como resultado de la prolongada recesión de entonces y más tarde de la devaluación de 2002. El resultado no podía ser otro: una enorme cantidad de morosos en riesgo permanente de quedar en la calle, una situación insostenible a la que había que encontrarle una solución. Pero la solución que se encontró agravó la situación, porque se reestructuró la deuda prolongando los plazos, pero capitalizando los intereses, con lo cual se generó deudas mayores que el préstamo original después de haber pagado varios años, con el agravante de que el banco vendió a terceros una buena parte de las hipotecas, por lo cual el deudor ya no sabe ni a quién le debe ni quién lo quiere desalojar.

A fines del año pasado se aprobó la ley 26177 que suspende los desalojos hasta tanto una comisión especialmente creada se expida sobre la forma en que se solucionará el problema. Pero el plazo para expedirse ya se cumplió y la incertidumbre para los deudores sigue, porque también siguen las intimidaciones en su contra.

Miles de deudores están recibiendo cartas del Banco Hipotecario con propuestas de quitas de la deuda y alargamientos de plazos con claro propósito intimidatorio y creando intranquilidad en estas familias, cuando la Ley 26177 no deja lugar a dudas de que no se puede innovar sobre el pago de la deuda hasta tanto no se expida la comisión creada por la misma ley, y que durante este lapso la deuda no devengará intereses. Evidentemente la mayoría de los deudores desconoce la ley o conociéndola, de todas formas siente una profunda incertidumbre sobre su situación al recibir este tipo de intimidaciones.

Por eso es imprescindible que el Estado informe a los interesados ampliamente sobre sus derechos, y que lleve tranquilidad a estos miles de hogares argentinos que están sufriendo una interminable angustia.

La vivienda propia es uno de los logros más importantes para la estabilidad y desarrollo de una familia, por eso es que la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, garantiza el derecho a una vivienda digna.