La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos correspondientes, se sirva informar sobre las siguientes cuestiones:

1) Si la empresa Reforestadora Nacional S.A. es de capitales chilenos y si es propietaria de inmuebles situados dentro de la zona de frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia. De ser afirmativa la respuesta, informe la fecha de la adquisición de los mismos.

2) En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, detallar:

- La superficie de las tierras en cuestión y su ubicación.

- Si la mencionada empresa contó con el consentimiento previsto en el Decreto Ley N° 15.385/44, en caso que la adquisición haya sido anterior a la fecha de vigencia de la Ley N° 26.737, indicándose en ese caso los antecedentes considerados para ello por la autoridad de aplicación. Si la adquisición aconteció en fecha posterior a la vigencia de la ley referida, indicar si la precitada empresa contó con el consentimiento del Ministerio de Interior, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la misma.

3) En caso en que tierras de frontera se encuentren en poder de extranjeros en contra de las leyes aplicables, se informe qué medidas correctivas se adoptarán al respecto.

Señor presidente:

La empresa Reforestadora Nacional S.A., pertenecería a capitales chilenos y sería propietaria de 12.000 hectáreas de tierras en la provincia de Salta, en la región limítrofe con el Estado Plurinacional de Bolivia. Según fuentes de la propia empresa, también poseería alrededor de 20.000 hectáreas sobre la ruta provincial 54, entre Salvador Mazza y Santa Victoria Este.

A través del Decreto Ley 15.385/1944 se procedió a crear en todo el territorio de la Nación zonas de seguridad, destinadas a complementar las previsiones territoriales de la defensa nacional, que comprendían una franja a lo largo de la frontera terrestre y marítima y una cintura alrededor de aquellos establecimientos militares o civiles del interior que interesaren especialmente a la defensa del país. Las zonas situadas en las fronteras se denominarán "zonas de seguridad de fronteras" y las del interior "zonas de seguridad del interior".

La norma precitada establecía que el ancho de la zona sería variable y que el Poder Ejecutivo lo fijaría según la situación, población, recursos, e intereses de la defensa nacional, no pudiendo exceder en ningún caso el máximo de 150 km en la frontera terrestre, 50 km en la marítima y 30 km en las zonas del interior. En los centros urbanos sería objeto de una regulación especial.

A esos fines protectorios, el artículo 4° de la norma precitada declaraba de conveniencia nacional que los bienes ubicados en la zona de seguridad pertenecieran a ciudadanos argentinos nativos. La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad ejercería en dicha zona la policía de radicación con relación a la transmisiones de dominio, arrendamientos o locaciones, o en relación a la constitución o transmisión de cualquier forma de derechos reales o personales, en virtud de los cuales se debiera entregar la posesión o tenencia de inmuebles, a cuyo efecto acordarían o denegarían las autorizaciones correspondientes.

Como se ve, se requería para las transmisiones de derechos, contar con el acuerdo de la Comisión Nacional arriba referida, como requisito para la realización de la operación en cuestión.

El decreto en cuestión fue ratificado por leyes 12.913 y 23.554 de Defensa Nacional.

Luego se sancionó la ley N° 26.737, con vigencia a partir del 29 de diciembre de 2011, que estableció el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. En su artículo 3°, la misma establece límites a la propiedad de tierras por parte de personas o empresas extranjeras.

En el artículo 10 se señala que "las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo, o superficie equivalente, según la ubicación territorial". El mismo artículo prohíbe además la titularidad o posesión por parte de personas extranjeras de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera, con las excepciones y procedimientos establecidos por el decreto ley 15.385/44, modificado por la Ley N° 23.554. Finalmente, el artículo 13 de la ley 26.737 establece que, "para la adquisición de un inmueble rural ubicado en zona de seguridad por una persona comprendida en esta ley, se requiere el consentimiento previo del Ministerio del Interior".

De ser cierta esta información y de no haberse actuado de conformidad con el procedimiento establecido por las normativas antes referidas, estaríamos frente a una abierta violación de las leyes nacionales que regulan la tenencia de tierras a extranjeros, motivo por el cual solicitamos se informe a este Honorable Cuerpo las medidas que corresponda tomar al respecto.