El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º: Incorpórese al Título X "Extinción de acciones y de penas" del Libro Primero del Código Penal el artículo 70 bis, el que quedará redactado del siguiente modo:

Serán imprescriptibles la acción penal y las penas cuando se tratare de alguno de los delitos previstos en los siguientes capítulos del Título XI "Delitos contra la Administración Pública" de este Código, cualquiera que sea la fecha en que se haya cometido:

1.- Capítulo VI: Cohecho y tráfico de influencias

2.- Capítulo VII: Malversación de caudales públicos

3.- Capítulo VIII: Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

4.- Capítulo IX: Exacciones ilegales

5.- Capítulo IX bis: Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Argentina tiene un serio problema de calidad institucional. La fragilidad y precariedad de gran parte de las agencias del Estado se ha convertido en un obstáculo para desplegar las funciones de control necesarias en todo sistema político. Sin control, sin transparencia, sin castigo, no se puede avanzar en la lucha contra la corrupción.

Las encuestas señalan una clara preocupación social por los altos índices de corrupción y una constante crítica a la justicia, tanto por su falta de independencia como por su lentitud, ineficacia e ineficiencia al momento de investigar y sancionar la corrupción. Y consecuencia de ello es el fuerte cuestionamiento de la sociedad en su conjunto hacia la clase política y la dirigencia que la representa.

Los datos proporcionados por Latinobarómetro (1) señalan que:

Los argentinos consideran en un 61.1% que a nuestra democracia le falta reducir la corrupción, un 46.5% que le falta aumentar la transparencia del Estado, un 43.2% que falta garantizar justicia social, y un 35,1% que falta participación ciudadana.

Consultados sobre cuál es el grado de satisfacción con la manera cómo funciona el sistema judicial, respondieron no estar muy satisfechos un 48.5% y nada satisfechos un 21.4%. Casi el 70% de los encuestados no está conforme con la eficiencia y eficacia del Poder Judicial.

En el año 2013 el país experimentó una nueva caída en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) (2) . Ésta es la herramienta que usa Transparency International (TI) para medir el grado de transparencia en las distintas partes del mundo. De acuerdo con ese informe, la Argentina se ubicó en el puesto 106, de un total de 177 países auditados. Esto significa un retroceso respecto del 2012, cuando había cosechado 35 puntos y había quedado en el lugar 102.

La cifra ubica a la Argentina en una mala posición global en el ranking del continente americano: quedó en el lugar 22 entre los 32 países. Eso ubica a la Argentina por debajo, entre otros, de Uruguay, Chile, Cuba, Brasil, Jamaica, Perú, Colombia, y Ecuador.

El Informe de CIPCE (3) del año 2005 sostiene que un proceso judicial por corrupción dura un promedio de 14 años y solo tiene un índice de condena del 4%. En el mismo informe se indica que se ha calculado que desde 1980 hasta el 2006 la corrupción ha privado al Estado de unos 10 mil millones de dólares,

Un estudio (4) de la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ), de 2012, que relevó 21 causas de corrupción, estima que sobre el total de 21 causas relevadas, se desprende que el promedio de duración de los expedientes es de 137 meses, es decir, más de 11 años. Aunque un panorama así ya es alarmante, la situación todavía es más grave pues ese promedio está compuesto por 21 expedientes de los cuales sólo 15 llegaron a la etapa de juicio -que es aquella comprendida desde el momento de radicación de la causa en tribunal oral hasta su finalización por cualquier causa-, y de esos 15 la gran mayoría (9) no tuvieron ninguna resolución al momento de finalizar el relevamiento, 3 fueron declaradas prescriptas, 2 por violación al plazo razonable, y en sólo 3 casos en los que se realizó juicio oral o abreviado.

Recordemos que la Republica Argentina ha dictado la ley 24.759 que aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción cuyos propósitos son: 1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción: y 2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las

funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio."

Las investigaciones por corrupción demoran en llegar a juicio oral, y la gran mayoría de las que llegan a esa instancia no tienen resultados: no se hallan culpables, nadie es castigado, no se recuperan ni los activos ni los recursos estatales malversados y, en general, se declara prescripta la causa.

En nuestro país no hay impacto alguno en la lucha contra la corrupción y cuando se trata de delitos contra la administración pública la impunidad es la regla y la condena la excepción.

Si la Argentina es considerada conforme estándares internacionales un país de alta corrupción, el Estado Argentino está obligado a generar una legalidad punitiva que determine el marco adecuado para el tratamiento y castigo a los funcionarios que cometen delitos contra la administración pública. Por ello consideramos este proyecto como un valioso aporte en este sentido.

Los delitos de corrupción afectan el sistema democrático, debilitan las instituciones públicas, atentan contra los recursos públicos, generan desconfianza en las personas que ven lesionados día a día sus derechos humanos.

Es habitual que funcionarios que se encuentran en el gobierno gocen de herramientas para impedir o dilatar el juzgamiento de estos delitos por ello es tan importante que sea posible su juzgamiento cuando ya no se encuentran en el poder.

El propósito de introducir la imprescriptibilidad para los delitos de corrupción es limitar la impunidad y asegurar la intervención de la justicia. En el caso de la corrupción, se intenta que los ciclos políticos donde el gobierno y la sociedad no demuestran interés en impulsar la investigación de hechos de corrupción no impida que - posteriormente- la justicia pueda intervenir y así sancionar a los culpables. De esta manera, se busca no solo evitar y condenar la impunidad sino también crear un instrumento de persuasión para gobiernos futuros que intenten cometer delitos en la misma senda.

En este sentido se expresó Álvaro Herrero - doctor en Ciencia Política de la Universidad de Oxford e investigador del Laboratorio de Políticas Públicas - "El argumento más poderoso para la imprescriptibilidad de los casos de corrupción no es jurídico sino político. Sería dar una señal contundente respecto al compromiso del Estado para luchar contra la corrupción. ... La Justicia tiende a no interferir con los grandes lineamientos de política pública del gobierno de turno. Si no hay una señal clara desde el Gobierno sobre la necesidad de investigar y sancionar la corrupción, la Justicia no avanza."

La imprescriptibilidad que proponemos encuentra, a criterio de diversos juristas especializados en la materia, su fundamento constitucional en el art. 36 de la ley fundamental.

Entre ellos podemos citar al Dr. Juan Vega para quien "El at. 36 consagra tres delitos contra el orden democrático. Tres son las conductas penales precisadas por la norma constitucional como contrarias al orden democrático con precisas sanciones por remisión al art. 29 de la Const. Nacional. El art. 36 crea en realidad tres tipos penales con conductas claramente definidas y con penas fijadas por la norma y otras sometidas a reglamentación. "El que atentare", "el que usurpare" y "el que incurriere en graves y dolosos delitos contra el Estado que conlleva enriquecimiento". Los tres tipos penales-constitucionales son definidos como delitos contra el orden democrático y sus actos se consideran insanablemente nulos y las acciones civiles y penales que de ellos emerjan son imprescriptibles... el constituyente dispone de manera categórica y operativa que las acciones (penales y civiles) emergentes de esos delitos "serán imprescriptibles". No dice la norma que la imprescriptibilidad deberá ser declarada o sancionada por el Congreso nacional. Se declara imperativamente la imprescriptibilidad de las acciones emergentes de los tres delitos contra el orden democrático" (5) .

En igual sentido, Eduardo Jiménez dijo "Si alguna persona pretendió que desde 1983, con la refundación de la democracia, la corrupción como hábito y su consecuencia, la ética ciudadana desmadrada, mermarían mágicamente; se equivocó. El cáncer, a más de una década de legítimo gobierno democrático- representativo, ha hecho metástasis en el cuerpo social, y nos da la sensación de que la ética perdida no ha de ser recuperada sino hasta que la sociedad sienta que los controles contra la corrupción son algo más que formalidades vacías de contenido. Tal sensación popular fue asumida por los Convencionales Constituyentes de 1994. Prueba de ello, es lo normado por el artículo 36 de la Constitución Nacional, luego de su reciente reforma, que en lo pertinente, dice: .. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles" (6) .

Incluso en el derecho comparado observamos una fuerte tendencia a disponer la imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena para este tipo de delitos, con carácter absoluto, es decir, cualquiera sea el tiempo transcurrido desde la comisión del hecho ilícito, como proponemos en esta iniciativa.

Dentro del ámbito latinoamericano podemos señalar, por dar sólo un ejemplo, a la Constitución de la República del Ecuador que establece: "Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas" (7) (la negrita me pertenece).

También resulta "un antecedente interesante sobre el tema la Mesa Redonda Internacional "Corrupción y modernización del Ministerio Público", desarrollada en Lima los días 21 y 22 de marzo de 2002, los representantes de los Ministerios Públicos de Chile, Colombia, Costra Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela, coincidieron en que la lucha contra la corrupción exigía un "cambio de mentalidad", "optimizar" los mecanismos técnicos especializados y "asumir" las decisiones políticas jurídicas a fin de armonizar las normas legales y adecuarlas a los instrumentos internacionales. En tal razón, convinieron en "Recomendar la ampliación de los plazos de prescripción de la acción penal por delitos de corrupción, a fin de impedir la impunidad, en los países donde no se ha considerado la imprescriptibilidad de dicha acción" ((punto séptimo) (8) (la negrita me pertenece).

Por todo lo expuesto y en el convencimiento que "La sociedad requiere alcanzar la verdad jurídica objetiva, y también necesita que las causas no se diluyan ni extiendan en el tiempo" (9) , y que las penas se hagan efectivas, esperando ser acompañados por los señores diputados y diputadas en la presente iniciativa, presentamos el presente proyecto de ley para su aprobación.