La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que en relación a los beneficiarios del Programa Jefes de Hogar que comprenden a muchos argentinos instrumente, en orden a los excedentes de recaudación que presentan las cuentas publicas nacionales y atendiendo al alza experimentada por la canasta básica y el salario mínimo, un incremento inmediato del subsidio que reciben los mismos.

Asimismo que el Poder Ejecutivo Nacional ante la lentitud con la cual aquellos beneficiarios se incorporan a las actividades productivas y de servicios y/o programas universales, y en especial sobre la base del retraso de los subsidios que los condena a una situación de exclusión social aberrante, convoque en el marco de la vigencia de la emergencia dispuesta por la Ley 25561 al CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE POLITICAS SOCIALES (CCNPS), incluyendo organizaciones empresariales, sindicales, sociales, políticas, organismos no gubernamentales y a los representantes de todos los cultos e iglesias a fin de analizar medidas adicionales en el campo del empleo, la educación, la cobertura social, la provisión de salud y alimentos, que permitan rescatar e incluir rápidamente a millones de compatriotas que viven hoy en la marginalidad extrema.

Señor presidente:

El Parlamento Argentino como representante directo de la ciudadanía tiene la obligación política y ética, de dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que éste adopte medidas urgentes destinadas a aliviar la angustiante situación por la que atraviesan miles de familias y millones de argentinos, que sobreviven, con el cada vez más reducido subsidio, que provee el estado nacional a través del Programa Jefes de Hogar.

Es preciso, al respecto, justipreciar adecuadamente la situación antedicha. Luego de más de tres años de fuerte recuperación económica, los beneficiarios de este programa se redujeron desde el año 2002 a la fecha en sólo un 25%. De otra forma lo que se evidencia es que la absorción de estos sectores por parte de las actividades productivas y comerciales es muy lenta, y por tanto las carencias económico-sociales de los mismos han adquirido el carácter de estructurales.

Cuando se observa que el salario mínimo vital y móvil alcanzará una cifra de 800 pesos mensuales y se compara con los 150 pesos también mensuales, que perciben los beneficiarios del programa de referencia, se advierte con nitidez el abismo al cual han caído ancianos, niños, mujeres y hombres que son nuestros hermanos, amigos y parientes. Si se prefiere una medición más estricta, podemos contrastar este subsidio con el valor de la Canasta Básica Total (INDEC), que marca la línea de pobreza, que es de $ 858,99. Mas aún el subsidio esta bien por debajo, de la línea de indigencia que se sitúa en los 390 $ mensuales (INDEC).

La inferencia es clara, tenemos hoy en la Argentina más de 1.400.000 beneficiarios del programa que se encuentran en una situación desesperante porque las necesidades más elementales de estas familias no están cubiertas.

Para decirlo de una vez, para ellos no ha habido ningún tipo de mejora palpable, sobreviven en condiciones infrahumanas, sin presente y sin futuro.

El día a día por el contrario muestra una exclusión creciente, puesto que la brecha crece en forma constante, dado que este subsidio permanece inmóvil frente a los alimentos, servicios de salud etc. que elevan su precios en torno al 1 % mensual desde hace largos meses.

Es imprescindible encarar de esta desgarrante realidad. No es justo y es peligroso para la convivencia social permanecer indiferentes. Debemos atenderlos, hasta tanto se discutan programas de inclusión y redistribución.

El Poder Ejecutivo Nacional tiene la primera responsabilidad en este campo.

Por esto este proyecto le solicita al Poder Ejecutivo Nacional un incremento inmediato del subsidio que reciben los beneficiarios del programa. El Gobierno nacional no puede demorar más sus acciones en este campo...

Sobre el particular es necesario señalar que los recursos fiscales para financiar esta erogación estuvieron y están disponibles.

En los últimos dos años y en lo que va del corriente, la recaudación tributaria de la administración nacional superó ampliamente lo presupuestado (a la fecha acumula más de 30.000 millones de pesos por encima de las metas). Hay que recordar por lo demás que estos millones de argentinos han tenido enorme paciencia; y han sufrido postergaciones muy claras; hace muy poco tiempo el gobierno nacional decidió reducir la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Más aun entre las prioridades del Poder Ejecutivo, no desmentidas, se cuenta disminuir la deuda con el Club de Paris.

Estamos convencidos que estos acreedores pueden esperar: es tiempo de pensar y actuar ahora, en forma inmediata, a favor de los sectores más débiles y vulnerables de nuestra sociedad.

Los excedentes fiscales que maneja el gobierno nacional deben aplicarse conforme a un orden de prioridades y esta cuestión a no dudarlo esta pendiente y no admite más demoras.

La reciente reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia y la facultades que el oficialismo logro imponer al parlamento: a saber que el ejecutivo maneje el presupuesto y los superávit nacionales casi a su voluntad conforman un marco jurídico indubitable. Si el Poder Ejecutivo tiene la voluntad política de mejorar la situación de los beneficiarios del programa jefes de hogar puede hacerlo mañana mismo. Por eso en representación de todos estos sectores le decimos: Actúe,

Con el mismo énfasis con el que requerimos atender esta emergencia, este proyecto procura comenzar a delinear un camino que conduzca a encontrar soluciones estructurales para atenuar la pobreza en nuestro país.

Creemos que se debe reestudiar el tema: las soluciones pensadas en su momento para una fase transitoria, han quedado superadas por la fuerza de los hechos mencionados.

La lentitud de la recuperación económica para reinsertar a los argentinos sin trabajo y beneficiarios del plan es manifiesta; la situación ha devenido en crónica y con ella la miseria, y la indigencia se han convertido en permanentes para miles de hogares.

Es imperioso encontrar medidas adicionales que provean un sendero efectivo de inclusión social para estos sectores.

Por esto, este proyecto también solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, convoque en el marco de la vigencia de la emergencia dispuesta por la Ley 25561 al CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE POLITICAS SOCIALES (CCNPS), incluyendo organizaciones empresariales, sindicales, organismos no gubernamentales y a los representantes de todos los cultos e iglesias a fin de analizar nuevas propuestas en el campo del empleo, de la educación, de la cobertura social, de la provisión de salud y alimentos, que permitan rescatar rápidamente a millones de compatriotas que viven hoy en la marginalidad extrema.

El Poder Ejecutivo Nacional tiene las facultades y los recursos para iniciar este trayecto. Debemos discutir políticas de fondo y abandonar el centralismo, la acumulación, e ir a políticas de inclusión, de distribución e integración territorial y social, de mayor equidad y sustentabilidad.

Finalmente decirle a los dirigentes sociales que no cesen en sus luchas y reclamos que los mismo son legítimos y más allá que algunos de ellos son funcionarios nacionales, no están cumpliendo con la tarea encomendada.

Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.