El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1°.- Sustitúyase el texto del artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, por el siguiente:

"Artículo 139 bis.- Se impondrá prisión de 2 a 8 años al que entregare a otro un menor de edad mediando precio, promesa remuneratoria o cualquier otro tipo de contraprestación.

En igual pena incurrirá quien recibiere a un menor de edad, en las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior".

Artículo 2°.- Incorporase como artículo 139 ter del Código Penal de la Nación, el siguiente:

"Artículo 139 ter.- No será punible la madre que entregare a su hijo en las condiciones dispuestas en el artículo 139 bis, salvo que se acreditare indudable ánimo de lucro, en cuyo caso la pena será de prisión de 6 meses a 2 años".

Artículo 3°.- Incorporase como artículo 139 quater del Código Penal de la Nación, el siguiente:

"Artículo 139 quater.- Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años, el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos cometidos en este Capítulo, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad.

Incurrirán en las penas establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por el doble del tiempo que el de la condena, el funcionario público o profesional que, en el ejercicio de su actividad, cometa alguna de las conductas previstas en este Capítulo".

Articulo 4º.- De forma

Señor presidente:

El presente proyecto de ley tiene como objetivo modificar el Código Penal Argentino, incorporando una nueva tipificación penal para el caso de la compra venta de niños, niñas y/o adolescentes.

La compra venta de personas es un hecho totalmente repudiable. En la actualidad, el tráfico de niños, niñas y/o adolescentes ocurre no solo en nuestro país, sino en el mundo, es por eso que, resulta necesario tipificar este delito para que quienes lo cometen sean condenados con todo el rigor de la ley.

En el artículo 1° del proyecto, se dispone sustituir el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, por el siguiente: "Artículo 139 bis.- Se impondrá prisión de 2 a 8 años al que entregare a otro un menor de edad mediando precio, promesa remuneratoria o cualquier otro tipo de contraprestación. En igual pena incurrirá quien recibiere a un menor de edad, en las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior." Este artículo tiene como finalidad penar a quien compra o vende un niño, dando cumplimiento de esta manera con el compromiso asumido por nuestro país, al momento de suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención Marco sobre los Derechos del Niño, que fuera ratificado el 25 de septiembre de 2003 (artículos 2° inciso a y 3° punto 1.a).

El artículo 2° incorpora como artículo 139 ter, una excepción para la madre: "Artículo 139 ter.- No será punible la madre que entregare a su hijo en las condiciones dispuestas en el artículo 139 bis, salvo que se acreditare indudable ánimo de lucro, en cuyo caso la pena será de prisión de 6 meses a 2 años".

La excepción que proponemos en el proyecto tiene como fundamento la consideración de la situación de extrema vulnerabilidad social, económica, cultural y psicológica a la que está sometida la madre que decide entregar a su hijo. Estamos convencidos de que la mujer que acepta dar a su niño en condiciones de ilegalidad se encuentra - en la mayoría de los casos - en una situación de exclusión que no le permite discernir las terribles consecuencias de su acción, privando a ese niño de uno de los derechos fundamentales de las personas, conocer su propia identidad.

Esto no significa en modo alguno justificar la compra venta de niños, de hecho, es claramente una violación a los derechos humanos. La excepción planteada intenta proteger a las madres que muchas veces son víctimas de organizaciones delictivas que lucran con su situación de necesidad, angustia y marginalidad, y son seducidas tan sólo con promesas de sostén económico, por esa razón proponemos una pena menor para ellas, salvo en los casos que se constate el ánimo de lucro.

Sostenemos que la acción del Estado para combatir este flagelo debe ser mediante políticas inclusivas, que no estigmaticen aún más la pobreza y la desazón en que la mujer se encuentra subsumida, sino por el contrario le permita contar con los medios y la contención necesaria para hacer realidad el proyecto de familia.

A su vez, el artículo 3°, establece incorporar como artículo 139 quater del Código Penal de la Nación, el siguiente: "Artículo 139 quater.- Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años, el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos cometidos en este Capítulo, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad. Incurrirán en las penas establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por el doble del tiempo que el de la condena, el funcionario público o profesional que, en el ejercicio de su actividad, cometa alguna de las conductas previstas en este Capítulo". Lo que intentamos aquí, es brindar una herramienta que condene a quienes intermedian en el tráfico de niños, como así también a los profesionales y funcionarios públicos que son partícipes y cómplices de esta actividad totalmente repudiable.

Si bien creemos que esta modificación permitirá condenar a quienes realizan la compra venta de niños, estaremos cumpliendo también con lo dispuesto en el punto 4 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso "Fornerón e Hija vs. Argentina", del 27 de abril de 2012, donde se exhortó a nuestro país a "... adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar la venta de niños y niñas, de manera que el acto de entregar un niño o niña a cambio de una retribución o cualquier otra contraprestación, cualquiera que sea su forma o su fin...".

Si bien esta sentencia no puede ni debe ser desoída, es necesario además realizar un trabajo profundo de concientización social, ya que, mientras haya personas dispuestas a pagar por un niño este negocio continuará existiendo. Es por eso que, debemos seguir trabajando en el camino trazado, avanzar en reforzar a través de políticas públicas el reconocimiento de derechos que permitan más inclusión e igualdad de oportunidades para todos los argentinos.

Es por eso que, solicito a mi pares acompañen el presente proyecto de ley.