La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

- Crear en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, una Comisión Especial Investigadora que tendrá por objeto investigar los hechos relacionados con la venta ilegal de medicamentos y su posible vinculación con funcionarios públicos y con el financiamiento de campañas electorales.

- La Comisión será integrada por once señores diputados los que serán designados por la Presidencia de la Honorable Cámara en los términos del artículo 105 del Reglamento. La misma será presidida por un integrante del bloque perteneciente a la primera minoría.

- Para el cumplimiento de sus fines, la Comisión podrá requerir informaciones y realizar investigaciones referidas a sus competencias, tanto en el sector público como en el privado.

- La Comisión Especial Investigadora podrá solicitar la presentación en el seno de la Comisión a Ministros, Secretarios, Subsecretarios, o cualquier otro funcionario o ex funcionario de la administración pública a fin de informar respecto a los hechos investigados y especialmente podrá requerir el detalle de los aportes de campaña efectuados por empresas y particulares, a todos los partidos políticos en las últimas elecciones, en especial a aquellas empresas del sector salud que se encuentren investigadas por supuestos vínculos con actividades ilícitas.

- La Comisión elevará un informe a la Honorable Cámara con sus conclusiones, dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir de su formal constitución.

- La Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados facilitará a la Comisión Investigadora los medios necesarios para el desenvolvimiento de sus funciones.

- Si como consecuencia de la investigación se advirtiera la comisión de actos que pudieran considerarse delitos, la Comisión deberá formular la denuncia ante la justicia ordinaria, aportando los elementos de prueba recopilados.

Señor presidente:

Los hechos que se están sucediendo en nuestro país respecto al tráfico ilegal de medicamentos necesitan de la intervención de este Congreso de la Nación.

Que el subsecretario provincial de Control Sanitario, Alberto Costa, haya tenido que presentar su renuncia después de que el juez federal Norberto Oyarbide haya anticipado públicamente que existían diálogos telefónicos "muy comprometedores" entre ese funcionario y Néstor Lorenzo, empresario farmacéutico detenido por una causa de adulteración y robo de medicamentos, dejan traslucir vinculaciones entre negocios ilegales y la política.

El citado funcionario estaría involucrado en una causa donde se investiga la venta de medicamentos gratuitos provistos por el Estado y el robo y adulteración de remedios.

No es la primera vez que se han cuestionado las fuentes de financiamiento de las campañas electorales del partido gobernante. Es por ello que se están llevando a cabo investigaciones judiciales respecto a los aportes efectuados por empresas del sector salud ligadas presuntamente al comercio ilegal de medicamentos y al narcotráfico.

Nadie puede olvidar el triple crimen de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, vinculados supuestamente en el negocio de los medicamentos adulterados y de los precursores químicos, quienes habrían aportado dinero a la campaña proselitista de Fernández de Kirchner.

Según lo informado por el Sr. Juez Norberto Oyarbide a los medios de comunicación social, con respecto a lo acaecido en la provincia de Buenos Aires, "La prueba fundamental está centrada en importantes escuchas telefónicas, altamente reveladoras, que dan cuenta de la conexión de importantes figuras de nuestra sociedad que se dedicaban abiertamente a la comercialización y adulteración de medicamentos oncológicos y para HIV".

El Sr. Néstor Osvaldo Lorenzo, imputado por la presunta conexión con la adulteración de los medicamentos y supuesto pago de sobornos, fue gerenciador hasta el año 2008 del Centro Oncológico de Excelencia, ubicado en la localidad de Gonnet, con dependencia operativa mixta entre el sector privado y el Ministerio de Salud bonaerense, bajo la órbita del subsecretario Costa.

Según la Ex Ministra de Salud de la Nación Graciela Ocaña, "Hay más de 400 expedientes sobre defraudación al Estado y en el 80 por ciento aparecen vinculaciones con Lorenzo, [Sebastián] Forza y [Damián] Ferrón", y vinculó así las líneas de investigación que ponen al empresario Lorenzo como socio de dos de los asesinados en el triple crimen de General Rodríguez.

Todos aparecerían asimismo como aportantes a la campaña presidencial del año 2007 del Frente para la Victoria, según lo explicado por el Sr. el juez Oyarbide al referirse a los documentos secuestrados a Lorenzo, los que serían copias de cheques por más de un millón de pesos donados para el proselitismo de la entonces candidata a presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los hechos que están siendo investigados en la Justicia nos hablan también de la necesidad de intervención de fiscales por lavado de dinero.

El Banco Santander habría elevado a la Unidad de información Financiera un reporte de operaciones sospechosas por los cheques que giraron Carlos Torres por $ 710.000 y César Pose por $ 310.000, quienes serían un testaferro y un conocido de Lorenzo, respectivamente, quienes serian monotributistas sin recursos económicos como para hacer una donación de tales montos. Se trataría de dos cheques, uno emitido el 18 de octubre del 2007 y otro el 22 de Octubre de 2007, seis días antes de las elecciones presidenciales. Los remitos por esos cheques, más un tercero por $ 310 mil de Global Farmacy de Gabriel Brito, habrían sido encontrados en el domicilio de Lorenzo durante un allanamiento. Por otra parte, Santiago Nardelli, habría denunciado ante el juez Oyarbide que Lorenzo manejaría una mesa de dinero. Nardelli habría sostenido que Lorenzo se presentó el año pasado en una licitación ante el PAMI y entregó como garantía una declaración jurada de bienes en la que asegura ser el dueño del 82% de la droguería San Javier valuada en $ 13.000.000, Multipharma valuada en $ 2.200.000 y Vernet Cooperativo de Crédito, Vivienda y consumo valuada en $ 1.600.000. Según asegura la Ex Ministro de Salud Graciela Ocaña, las droguerías San Javier, de Lorenzo, e Intermedicina, vinculada a Vázquez, habrían sido las dos beneficiarias del fideicomiso solicitado por la Asociación Bancaria para la provisión de medicamentos de alto costo, de los cuales muchos de esos remedios resultaron adulterados.

Lo más grave es que con los recursos que debían servir para atender la salud de nuestros conciudadanos, se organizaron mafias que los saqueaban y los utilizaban en beneficio propio y se dice que parte de ellos se utilizaron para la campaña política de Cristina Fernández de Kirchner. Y cuando desde el Poder Ejecutivo se habla de la necesidad de transparentar los medios económicos de la política, se le debe recordar que es necesario para que el discurso y los hechos sean coincidentes, que este poder del estado esclarezca en forma definitiva, esta trama lacerante y repugnante en donde los delincuentes no trepidan en su afán de lucro, si importarle sin ponen en riesgos la salud y la vida de nuestros compatriotas.

Existen fundadas razones para que esta Honorable Cámara se constituya una Comisión Especial que investigue los hechos relacionados con la venta ilegal de medicamentos y su posible vinculación con funcionarios públicos y con el financiamiento de campañas electorales.

Por todo lo expuesto, Señor Presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.