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PROYECTO DE TP
Expediente 4404-D-2015
Sumario: SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LA ADOPCION DE MEDIDAS DE BUENA ACCION PESQUERA Y A LA REAFIRMACION DE NUESTROS DERECHOS SOBERANOS SOBRE EL ARCHIPIELAGO DE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR Y ESPACIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES.
Fecha: 18/08/2015
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 103
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo
Nacional, a fin que por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Secretaría de
Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
los Espacios Marítimos Circundantes; Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y
demás organismos competentes en la materia se decidan las siguientes
acciones, tendientes a la adopción de medidas de buena acción pesquera y
a la reafirmación de nuestros derechos soberanos sobre el archipiélago de
Islas Malvinas, Georgias del Sud, Sandwich del Sud y espacios marítimos
circundantes.
Se proceda a asignar la misma
cantidad de cuotas que las otorgadas por el gobierno usurpador colonial
isleño, a buques argentinos y/o flotas extranjeras, esgrimiendo un derecho
político soberano y utilizando las mismas estadísticas de poblaciones y
recursos para las diferentes especies, que la administración colonial de
ocupación de las Islas Malvinas utiliza actualmente como soporte técnico-
científico para definir las licencias que otorga unilateralmente.
Se resuelva, sin perjuicio de las
multas que correspondieren, enviar facturas a los armadores extranjeros
que operan en el Atlántico Sur por lo que ya han pescado hasta la fecha por
operar en aguas que son parte integrante del espacio marítimo argentino,
utilizando los mismos montos que la Administración Británica fijó en su
momento.
Denunciar al Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante la Organización Marítima
Internacional (OMI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el
Marine Stewardship Council (MSC) por la pesca ilegal No Regulada y No
Reportada que permite en su dominio colonial de las Islas Malvinas y
espacios marítimos adyacentes, fomentando y consintiendo expresamente la
sobrepesca, la piratería y el trabajo en condiciones de esclavitud o
semiesclavitud.
Requerir al director general de
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) José Graziano da Silva el análisis e implementación de una
administración pesquera "temporal" organizada por la ONU en el Atlántico
Sudoeste, para darle continuidad a la actividad y garantizarle así también a
la población los mismos ingresos y estándar de vida que tienen en la
actualidad como un factor "humanitario".
Por intermedio de la Secretaría
de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sud y Sandwich del
Sud, en colaboración con el Registro Nacional de las Personas; Cámara
Nacional Electoral y el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sud se realice un censo poblacional y se
disponga el empadronamiento de la población kelper/islander, otorgándole
a todos los "argentinos indocumentados" un DNI y Pasaporte. Para
consumar este censo se utilizarán todas las técnicas disponibles para
obtener datos sin necesidad de encuestas presenciales y los datos del
empadronamiento realizado por la autoridad impuesta por la potencia
colonial.
Por intermedio de la Secretaría
de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sud y Sandwich del
Sud, en colaboración con el Registro Nacional de las Propiedad Inmueble;
Consejo Federal de Catastro de la República Argentina; Instituto Geográfico
Militar y el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sud, se proceda a efectuar un relevamiento y registro de la
propiedad en el archipiélago de Islas Malvinas, con base en lo normado en
las leyes 14.159 y 26.209 partiendo de la información existente en el Land
Registry británico, lo que permitiría que todo propietario tenga el
reconocimiento legal y un titulo formal por parte de la Argentina
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Señor Presidente
Más de 400 barcos IUU (de
pesca ilegal, No Regulada y No Reportada), operan en una pequeña región
de única y rica biodiversidad. Ninguno de esos barcos cumple con la
regulación laboral, de seguridad y ambiental argentina; es una
representación de lo que sería el infierno para los Océanos.
La flota depredadora está
compuesta por unos 190 barcos chinos, 85 taiwaneses, 75 Sudcoreanos, 40
españoles (los que intercambian entre la bandera de 'Falklands' o España,
de acuerdo a la situación), unos 15 panameños (más que nada barcos
frigoríficos, 'FOC' o de 'bandera de conveniencia').
Sumados a los estados de
bandera de las embarcaciones, hay otros tres países que están directamente
involucrados en el blanqueo de las capturas pesqueras ilegales y la logística:
Uruguay, a través del Puerto de Montevideo, ampliamente conocido como
un puerto IUU, Gran Bretaña, a través del programa de licencias de pesca
desde las Malvinas, y Chile, a través del Puerto de Punta Arenas.
El Reino Unido, a través de la
administración usurpadora de las Islas Malvinas, vende licencias de pesca a
150 barcos de esta flota, que operan especialmente en agua internacionales,
el único requisito para la obtención de la licencia, es el pago. No existe
control de ningún tipo, algunos de estos barcos han sido detectados
pescando dentro de la ZEE argentina.
Debido a las terribles
condiciones laborales a bordo, los tripulantes saltan fuera de borda, o son
arrojados, en promedio de tres casos anuales, solamente contando los
reportes oficiales. Unos 4.000 esclavos son explotados por el Reino Unido
bajo el programa de licencias pesqueras de las Islas Malvinas
(http://www.maritimelaw.co.nz).
Como lo describe en una
entrevista en video, un tripulante de uno de los barcos coreanos que operan
bajo licencia británica: "tirábamos pescado y basura libremente sin ningún
titubeo...el aceite usado es descargado al mar directamente de la
sentina...en las Malvinas lo hacíamos en secreto"
(https://youtu.be/8E9Xs_2Q5vY).
Después de dos años de
investigación, basada en seguimiento satelital, y diferentes fuentes de
información, se ha identificado cada barco y se ha revelado su prontuario de
sobrepesca y esclavitud, la situación es ¡espeluznante!
Ninguna de las embarcaciones
cumplen con ninguna regulación, el tráfico de personas y los asesinatos son
parte de las operaciones regulares, la descarga de basura, redes
deterioradas y aceite usado se hace arbitrariamente, todo el tiempo, no
existe ninguna restricción sobre la captura pesquera: ni por las especies, ni
por la temporada, tamaño, artes de pesca, ni zonificación.
La Autoridad Pesquera de
Malvinas solo cuenta con 7 observadores a bordo, que no operan
permanentemente.
Los impactos ambientales son
terribles, teniendo en cuenta que el calamar, la principal especie capturada,
es crucial para la subsistencia de todo el ecosistema marino, siendo
importante fuente de alimento para muchas otras especies, como delfines,
aves, lobos marinos, cachalotes y otras especies de peces como la merluza
hubbsi. Esta masiva flota de barcos IUU también captura merluza negra,
especie seriamente amenazada.
Un ejemplo muy reciente del
tipo de barcos que operan bajo licencia británica, es el de los Oyang 75 y
77, los que estuvieron en Puerto Argentino en abril último, y también en
Montevideo en 2014.
Ambos se encuentran
embargados por el gobierno de Nueva Zelandia por falsas declaraciones de
pesca y captura incidental de especies amenazadas, también han sido
sentenciados por no pagar a sus tripulaciones, y como si ésto no fuese
suficiente, denunciados por tortura, violaciones y esclavitud a bordo
(http://www.stuff.co.nz).
Este es tan solo un caso, entre
los 100 barcos IUU identificados operando bajo licencia británica desde
Malvinas: desde esclavitud y asesinatos a bordo, hasta el tráfico de drogas,
un abanico entre las más flagrantes violaciones a los Derechos Humanos
hasta las peores prácticas pesqueras que pueden ser imaginadas. La lista es
muy extensa para el espacio de este artículo.
La única diferencia entre los
barcos con licencia y los sin licencia es un papel, comprado al Reino Unido,
que facilita el blanqueo de la captura, no existe ninguna regulación aplicada
a esta flota, ni ambiental, ni laboral, ni de seguridad.
Si el debate y resolución de
esta problemática va a ser abordada desde intereses políticos y el lucro
cortoplacista de las corporaciones pesqueras, todo terminará como un caso
más de la 'tragedy of the commons' de la des-gobernanza de los océanos. Si
la solución va a basarse en la ciencia, el principio precautorio, y los
preocupantes antecedentes al día de hoy, la respuesta es clara: cerrar el
caladero.
Si fuese a realizarse esta pesca,
dentro de las EEZs, o reclamadas EEZs, la misma debería hacerse por
empresas realmente locales, con mano de obra local, y al menos cumpliendo
el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO-UN, evitando
las asociaciones con barcos y/o empresas IUU, con todas las descargas en
puerto, y con toda la actividad bajo el escrutínio público, con
transparencia.
La única solución para
comenzar a proteger el Atlántico Sudoccidental, y a todos los océanos, es
cerrar la pesca en las aguas internacionales, fuera de las ZEEs.
La ciencia se ha expedido sobre
el cierre de la pesca en aguas internacionales, fuera de la ZEE: 'Winners and
losers in a world where the high seas is closed to fishing'
http://www.nature.com/
Es hora de que la ciencia sea
escuchada en el Atlántico Sudoccidental, ya que durante décadas, las vidas
humanas y la salud del océano no han tenido una voz fuerte para los
funcionarios a cargo (Fuente: Milko Schvartzman (1) , FIS, edición del 2 de
junio de 2015).
Presento esta iniciativa, como
diputado nacional y como ciudadano argentino, uno de los 42 millones, que
desea una solución pacífica al conflicto y con la firme convicción que tarde o
temprano las islas volverán a formar parte del territorio argentino.
El gobierno colonial de
ocupación de las Islas Malvinas (Falkland) otorga a la fecha licencias en toda
la zona en disputa. Esto se da no solo con buques operados por familias y
empresas domiciliadas en las islas, sino también, con la venta adicional de
licencias a terceros (banderas de otros países), con el objetivo de generar
dinero para cubrir las necesidades presupuestarias de la administración a la
cual pertenece.
Esto, por lo tanto, es un
"negocio" y no una ONG, ya que, descontando la actividad pesquera del
presupuesto de las Islas, el gobierno local sería deficitario, en cuyo caso
debería recibir ayuda del gobierno central de Londres del Primer Ministro
David William Cameron. En principio, esto no sería una opción viable debido
a los recortes presupuestarios que la Administración Británica viene
aplicando en distintas aéreas de su economía, como consecuencia de la
fuerte crisis desatada en el año 2008.
¿Qué sucedería si la Argentina
resolviese asignar la misma cantidad de cuotas a buques argentinos y/o
flotas extranjeras, esgrimiendo un derecho político y utilizando las mismas
estadísticas de poblaciones y recursos para las diferentes especies, que la
administración de las Islas utiliza actualmente como soporte técnico-
científico para definir las licencias que otorga unilateralmente?
Una simple superposición en la
administración de los recursos pesqueros llevaría a toda la actividad en
dicha zona a una eventual duplicación de buques y a una obvia sobre-
explotación, que podría llegar a niveles dramáticos. Esto tiraría por tierra
también el mantenimiento de las actuales certificaciones del Marine
Stewardship Council (MSC) y el estancamiento en la obtención de nuevos,
ya que plantearía una situación muy similar a la de la guerra de la caballa en
el atlántico norte, que llevó al MSC a suspender los certificados vigentes allá
por 2012.
No estoy diciendo que esto
sería un camino deseable, y menos aún beneficioso, pues generaría una
situación caótica en el sector de la pesca sin precedentes a nivel mundial, lo
cual complicaría completamente el panorama a corto y largo plazo. Pero,
resulta una decisión soberana de la República Argentina, que no debemos
demorar en adoptar.
Si el deseo en verdad es
proteger los recursos y garantizar una buena administración pesquera,
quizás el camino más simple y lógico a seguir, sería el de aplicar una
suspensión indefinida de toda actividad en la zona en litigio, hasta que se
encuentre una solución aceptable, o bien las partes inicien el camino del
diálogo.
La decisión sugerida en el
punto 1 del presente proyecto de resolución busca indirectamente constreñir
al gobierno británico al cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas
y al inicio de negociaciones entre ambos Estados. Ello así por cuanto, hay
hoy una realidad superior y es, ni más ni menos, que el Reino Unido no
desea y rechaza todo diálogo con la Argentina respecto de las Islas.
Cabe recordar que en 2005 el
gobierno colonial de manera inconsulta y unilateral, decidió cambiar las
condiciones para el otorgamiento de las licencias por parte de su
administración, las que pasaron a ser entregadas por un plazo de 25 años
bajo el esquema de Cuota Individual Transferible (Individual Transferable
Quota - ITC). En aquel momento la Argentina una vez más protestó
diplomáticamente, pero no hubo marcha atrás por parte del gobierno isleño,
lo que desencadenó en el cese de todo diálogo y cooperación científico-
pesquera por parte de la Argentina en la SAFC hasta la fecha.
Teniendo en cuenta todos estos
antecedentes, quizás una alternativa posible a plantearse podría ser que las
partes (Argentina-ReinoUnido) acepten una administración pesquera
"temporal" por parte de un organismo neutral, como la FAO, para darle
continuidad a la actividad y garantizarle así también a la población los
mismos ingresos y estándar de vida que tienen en la actualidad como un
factor "humanitario".
Toda explotación de recursos
naturales en una zona reclamada por diferentes países, no debería estar
sujeta al criterio científico-comercial o a las necesidades políticas de una de
las partes. Hace ya décadas que la U.N. ha tomado cartas en el asunto
Malvinas, por lo que quizás la figura de la FAO podría ser también una
respetable opción a explorar, tercerizando una actividad que por el
momento no debería ser asumida por ninguna de las partes.
Ningún país está dispuesto a
compartir la administración de sus recursos soberanos. Lo que planteo aquí
no es una administración conjunta, sino simplemente dejarla, en forma
temporal, en manos de una respetada organización internacional; con el
único objetivo de continuar las tareas científicas sobre los recursos
naturales.
Sea que las Islas estén bajo
administración británica o argentina, el hecho es que los recursos pesqueros
explotados en la actualidad aseguran más del 50% de las necesidades
locales. Esta es una realidad que no tiene bandera y está más allá todo
reclamo o conflicto (Andrés Loubet Jambert (2) , Fish and Information
Service).
La Argentina está en
condiciones no solo de protestar diplomáticamente, sino también, y en
forma paralela, de enviar facturas a los armadores extranjeros que operan
allí por lo que ya han pescado hasta la fecha; utilizando los mismos montos
que la Administración Británica fijó en su momento, como asimismo de
enviar multas por operar ilegalmente en aguas reclamadas y consideradas
como parte del territorio argentino.
Esto no sería un acto agresivo
por parte de la Argentina, sino ejercer la soberanía de la misma forma que
Gran Bretaña lo viene haciendo hasta la fecha vendiendo, cobrando y
multando. Si se diese el caso de que buques argentinos fuesen a pescar a la
zona usurpada, ¿no sería de esperar que las autoridades pesqueras y la
marina de guerra británica arrestaran estos buques y les aplicaran
multas?
Cabe destacar que desde la
finalización de la guerra de 1982 a la fecha, la Argentina ha dejado de
facturar más de USD 1.500 millones en concepto de licencias e impuestos. Si
a esto se suman intereses, estaríamos ante una cifra muy considerable que
año tras año se incrementa con la venta de nuevas licencias (3) .
Hasta la fecha solo el Reino
Unido ha otorgado un pabellón, una licencia de pesca y un marco legal a la
actividad que realizan los buques de pesca allí registrados. ¿Podría Argentina
también hacer un registro de buques y ofrecer su bandera? Si el dueño del
buque resultase ahora argentino y ha invertido en un "territorio argentino"
seria lógico regularizar su actividad fuera de toda disputa territorial entre
dos naciones.
Además, la Argentina debe
hacer un censo y disponer el empadronamiento de la población kelper.
Técnicamente se está ante un caso inédito de tener a toda la población
indocumentada y no censada. Esta gestión se podría llevar adelante
partiendo del actual empadronamiento británico otorgándole a todos los
"argentinos indocumentados" un DNI y Pasaporte (para de este modo, al
menos hacerlos parte de la Argentina identificándolos y reconociéndolos
como tal).
Esta es una simple realidad
posible que iría en beneficio de la población y los pondría en igualdad de
situación respecto a cualquier otro argentino.
También corresponde efectuar
un relevamiento y registro de la propiedad, el cual podría llevarse a cabo
partiendo de la información existente en el Land Registry británico lo que
permitiría que todo propietario tenga el reconocimiento legal y un titulo
formal por parte de Argentina. En la práctica se duplicaría en idioma
Castellano un titulo ya existente que todos los pobladores tienen a la fecha.
De esta manera así como una persona puede tener dos pasaportes también
podría tener 2 títulos de propiedad producidos por ambos países que
reclaman dicho territorio. Sería una formula "Win2Win" para la población
local y no afectaría la posición de ninguna de las partes en conflicto.
Estos pasos simples, y bastante
sencillos de implementar, dejaría en otra posición a la población local y
mostraría a nivel internacional que Argentina no sólo reclama pacíficamente
lo que entiende que es suyo sino que reconoce y apoya con actos concretos
a sus habitantes, como Argentinos de origen británicos, que merecen todo el
respeto para poder vivir tranquilos mientras dos países encuentran la forma
de superar una disputa histórica.
Esto sería ejercer la soberanía
protegiendo a una población que debería estar fuera de toda discusión. De
tal manera, se daría cumplimiento a la Constitución Argentina que dice en su
cláusula transitoria:
"Primera.- La Nación Argentina
ratifica su legítima e imprescindible soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.
La recuperación de dichos
territorios y el ejercicio pleno de la soberanía respetando el modo de vida de
sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional,
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo
argentino."
Los fundamentos aquí volcados
no buscan plantear problemas sino soluciones prácticas que puedan
asegurar la continuidad de la actividad y el inicio de una nueva etapa en las
relaciones bilaterales poniendo especial énfasis en la población. Así fue
como el Reino Unido y China lograron dejar acomodados en su momento los
problemas que surgieron en la devolución de Hong Kong, sin que fuese
afectada la actividad empresarial, títulos de propiedades, inversiones y
evitando también que la población sufriera ningún cambio dramático en sus
vidas. Quizás la Argentina se encuentre también ante una situación similar y
podría contar con una opción política, que en su momento permitió que el
Partido Comunista Chino lograse una formula histórica definiendo la
reincorporación de Hong Kong con el slogan: "Un país, dos sistemas."
Por todo lo expuesto, solicito el
acompañamiento de mis pares a fin de aprobar el presente proyecto de
resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| ASSEFF, ALBERTO | BUENOS AIRES | UNIR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (Primera Competencia) |