La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación que en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Nacional en su artículo 99, inciso11, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64, inciso 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consulte la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la interpretación de los artículos 23 y 32 de la citada Convención, para el caso de que se limite el acceso a cargos electivos a quien hubiese participado de la ruptura del orden constitucional o se hubiese probado su participación en la comisión de delitos de lesa humanidad.

Señor presidente:

Se pone el presente proyecto de resolución en conocimiento de los diputados y diputadas con el objetivo de que se inste al Poder Ejecutivo a que ejerza las facultades que le otorga la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos para solicitar como estado parte la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que el tribunal interamericano interprete los artículos 23 y 32 de la Convención frente al supuesto de que personas que han participado activamente de gobiernos de facto que rompieron el orden constitucional y/o cometieron delitos de lesa humanidad, pueden ser excluidas de cargos electivos por esas razones. Lo que se pretende de la Corte Interamericana es que deslinde cuáles pueden ser las restricciones al ejercicio de los derechos políticos que garantiza la Convención.

En este sentido, es el Poder Ejecutivo de la Nación el Poder que representa al Estado en sus relaciones con organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, tal como lo establece la Constitución Nacional en el inciso 11 del artículo 99.

La posibilidad de que los Estados miembros de la OEA consulten a la Corte Interamericana respecto a la interpretación de las normas de la Convención está contemplada en el artículo 64 de ese tratado:

"1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrán consultarla, en los que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires".

Además, es el artículo 60 del Reglamento de la Corte el que explicita los requisitos que debe contemplar para la función consultiva, que a su vez se encuentra contemplada en el artículo 2 de su Estatuto.

En cumplimiento del artículo 60, inciso 2, del Reglamento, el Poder Ejecutivo debería indicar, además de las disposiciones cuya interpretación se pide, las consideraciones que originan la presente consulta.

En este sentido, es precisamente objeto de esta solicitud que el tribunal con sede en San José de Costa Rica aclare cuáles pueden ser las restricciones a los derechos políticos de acuerdo a la Convención, y es en este punto donde no se puede soslayar que esta Cámara de Diputados ha ejercido en dos oportunidades recientes la facultad que la Constitución Nacional le asigna en su artículo 64 para impedir que Domingo Bussi y Luis Patti accedieran a sus bancas al considerar que no eran hábiles moralmente por haber sido partícipes de crímenes aberrantes durante la última dictadura militar, hechos que se probaron en sendos juicios políticos desarrollados en el ámbito de la Cámara, en procesos que respetaron cabalmente el derecho a la defensa de quienes aparecían como impugnados.

Es trascendente destacar que la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al rechazar en su voto de mayoría las facultades de la Cámara de juzgar las elecciones, derechos y títulos de sus miembros, al fallar en el caso "Bussi", ha generado un serio conflicto entre dos de los poderes de la República. Estas consideraciones que originan la consulta que se solicita deberían ser recibidas por la Corte Interamericana.

Es dable que los señores diputados y señoras diputadas tengan en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha expedido en un caso similar al rechazar la petición que había interpuesto el gobernante de facto guatemalteco Ríos Montt (1) , al considerar que la decisión de la Corte Suprema de ese país que le había impedido presentarse a las elecciones no resultaba agresora de los artículos 23 y 32 de la Convención.

En "Ríos Montt", la CIDH había tenido especialmente en cuenta el hecho de que el peticionante había sido jefe de un movimiento político que había roto el orden constitucional, en un caso de amplia similitud a los que se presentan en Argentina. Para resolver, la CIDH valoró la carta de la Organización de Estados Americanos como fuente interpretativa, y los numerosos pronunciamientos a lo largo de la historia de la organización, "en cuanto reafirman al sistema democrático constitucional como base y objetivo de la acción del sistema y de sus Estados componentes" (cons. 23).

La CIDH sostuvo:

"Al respecto la Comisión toma en cuenta que la condición de inelegibilidad para quienes lideran movimientos o gobiernos de ruptura del orden constitucional aparece en las sucesivas Constituciones de Guatemala desde principios de este siglo y es mantenida por las distintas reformas".

En definitiva, entendemos que hay sobrados fundamentos para que esta Cámara de Diputados resuelva el pedido al Poder Ejecutivo, para que ejecute la consulta en nombre del Estado argentino a la Corte Interamericana. Es por ello que solicitamos su aprobación.