La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación el VIII Encuentro Arquidiocesano de Niñez y Adolescencia, "De habitantes a ciudadanos. El desafío de la búsqueda del bien común y la equidad", organizado por la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del Arzobispado de Buenos Aires, que se realizará el 20 de Septiembre de 2007 en el Colegio San Francisco de Sales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Señor presidente:

El próximo 20 de Septiembre se realizará el VIII ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, cuyo tema será "DE HABITANTES A CIUDADANOS: EL DESAFÍO DE LA BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN Y LA EQUIDAD".

Los objetivos del encuentro organizado por la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del Arzobispado de Buenos Aires son:

- ofrecer un espacio de debate y reflexión respecto de la problemática de la exclusión en los niños, niñas y adolescentes.

- generar un debate respecto al concepto de bien común asociado a las ideas de justicia social, equidad y derechos humanos.

- identificar caminos para promover una participación activa de los niños, niñas y adolescentes en la construcción del bien común.

El primer panel se titula "Ciudadanía y bien común: la participación

de los niños y adolescentes". Serán panelistas Mons. Oscar Ojea (Vicario Episcopal Zona Centro), la Lic. Carmen Sicardi (Responsable del programa radial "Jóvenes en acción" - FM Cultura), el P. Lorenzo de Vedia (Responsable Pastoral Secundaria - Arzobispado de Bs. As.) y el Sr. Víctor Lupo (Director de Promoción de Actividades Deportivas - GCBA).

Se reflexionará sobre las posibilidades de ejercer un mayor protagonismo en la construcción de la sociedad civil, que nos permita convertirnos en activos ciudadanos y asumir nuestra responsabilidad personal en la concreción de ese conjunto de condiciones que llamamos "Bien Común". La idea es focalizar respecto a lo que ocurre en relación a este tema entre los adolescentes, con que prácticas podemos fortalecer la idea de ciudadanía en los mismos e incentivar la participación y el compromiso en los niños, niñas y adolescentes. Se intenta analizar ¿qué significa construir ciudadanía? ¿Cómo involucrar a los adolescentes en las actividades de la comunidad? ¿Qué significa generar ciudadanía en los barrios, en las escuelas, en los clubes, en la parroquia?.

La Conferencia Episcopal Argentina en su última Asamblea Plenaria de abril de 2007 remarcó la necesidad de crecer en nuestro compromiso ciudadano. Nos instó a descubrir nuestra vocación por el bien común, y así convertirnos "de habitantes en ciudadanos", corresponsales de la vida social y política. Entre los desafíos señalados que nos comprometen como ciudadanos, los Obispos resaltan la necesidad de colocar el bien común por sobre los bienes particulares y sectoriales, priorizando medidas que garanticen y aceleren la inclusión de todos los ciudadanos. No obstante el crecimiento económico y los esfuerzos realizados, la pobreza y la inequidad siguen siendo problemas fundamentales. Toda gestión social, política y económica debe estar orientada al logro de una mayor equidad, que permita a todos la participación en los bienes espirituales, culturales y materiales.

Asimismo resaltan que una sociedad no crece necesariamente cuando lo hace su economía, sino sobre todo cuando madura en su capacidad de diálogo y en su habilidad para gestar consensos que se traduzcan en políticas de Estado, que se orienten hacia un proyecto común de Nación. Este sigue siendo un fuerte desafío para nuestra democracia.

El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia recuerda que el Bien Común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social, y que la persona sola no puede encontrar realización en sí misma, prescindiendo de su ser "con" y "para" los demás.

El bien común es una antigua noción filosófica que usada en el presente busca expresar el bien que requieren las personas en cuanto forman parte de una comunidad y el bien de la comunidad en cuanto esta se encuentra formada por personas. Platón en "La República" concebía al bien común como un bien que trasciende los bienes particulares ya que la felicidad de la ciudad debe ser superior y hasta cierto punto independiente de la felicidad de los individuos. (Cf. Platón, La República, IV). Aristóteles perfeccionaría esta idea en su "Política": "el fin de la ciudad es el vivir bien (...) Hay que suponer, en consecuencia, que la comunidad política tiene por objeto las buenas acciones y no sólo la vida en común"(Aristóteles, Política, III, 9, 1280b-1281ª) De este modo no sólo el bien común es superior por ser el bien del todo social sino por su esencial índole moral: antes que versar sobre bienes públicos (calles, plazas, etc.) está construido por la virtud, es decir, por todo aquello que desarrolla de manera positiva y estable al ser humano de acuerdo a su naturaleza profunda.

Los Obispos Argentinos, en la Carta Pastoral "Una luz para reconstruir la Nación" del mes Noviembre de 2005, retomando El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia expresan que: "De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva, en primer lugar, el principio del Bien Común" (C164) "El Bien Común es por ello el humus de una nación. El Bien Común de una nación es un bien superior, anterior a todos los bienes particulares o sectoriales, que une a todos los ciudadanos en pos de una misma empresa, a beneficio de todos sus integrantes y también de la comunidad internacional. No puede ser parcializado, dividido, ni privatizado. "Siendo de todos y de cada uno, es y permanece común porque es indivisible y porque sólo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo, también en vistas al futuro" (ib) Una sociedad que quiere estar al servicio del ser humano, "es aquella que se propone como meta prioritaria el Bien Común, en cuanto bien de todos los hombres y de todo el hombre. La persona no puede encontrar la realización sólo en si misma; es decir, prescindir de su ser 'con' y 'para' los demás" (C165) La construcción del bien común se verifica en la promoción y defensa de los miembros más débiles, vulnerables y desprotegidos de la comunidad.

Esto es importante de destacar. Se sabe que una familia es familia cuando ésta cuida al niño, al anciano, al enfermo. Lo mismo sucede con una nación: ésta es tal y procura el Bien Común cuando se organiza de modo que ningún ciudadano sea olvidado, por pequeño, humilde e indefenso fuere.

Nuestro compromiso como ciudadanos no se agota en el acto cívico de emitir nuestro voto en las elecciones. Uno es ciudadano todos los días, en todo momento. Tiene deberes máximos que cumplir: votar, hacer juicio político a sus gobernantes. Pero tiene también deberes menores y mayores. Deberes menores: ser buen vecino, cuidar la limpieza de los lugares públicos, no causar ruidos molestos, pagar al día las tasas y servicios, no dañar y defender la propiedad pública. Deberes mayores: hacer bien el propio trabajo, analizar cómo y cuándo tomar medidas de fuerza para defender los propios derechos sin atropellar los ajenos, hacer con responsabilidad la propia opción partidaria, etc.

Los argentinos somos treinta y siete millones de habitantes pero, ¿cuántos ciudadanos somos?. Porque somos sólo habitantes de este suelo que usufructuamos, pero no ciudadanos que lo construimos como una patria de hermanos. Algunos tal vez piensen que la lucha contra el gigante es sólo económica. Y quizá por eso crean que el peor momento de la crisis ya pasó. Esa es una interpretación. Sin embargo como nos dice Pablo VI, "el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico, debe ser integral; es decir: promover a todos los hombres y a todo el hombre". "El verdadero desarrollo... es el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas". El hombre es uno solo, pero con múltiples facetas, dimensiones. Por ello el desarrollo que tiene un aspecto económico, de ningún modo sea agota en él. Tiene aspectos materiales, pero sobre todo espirituales. Mira a la persona singular, pero también a la comunidad. Tiene en cuenta el presente, pero no olvida el futuro de la humanidad. Por lo que podemos apreciar: el desarrollo, según la concepción cristiana, es el crecimiento del hombre. Y no ya el crecimiento de las cosas del hombre. Éste último tiene sentido y debe ser promovido en la medida en que contribuye a su crecimiento.

Frente a esta ruina, es necesario aplicar medidas elementales y urgentes; en especial tres: a) cuidar a los niños, niñas y adolescentes; b) a los ancianos y ancianas; c) a todos los excluidos. Y, por lo mismo, procurar superar los niveles de indigencia y de pobreza. Pero todas las medidas que se tomen no bastarán. Podríamos suscitar aún más el espíritu solidario de los argentinos, pero si los millones de receptores de la ayuda no se volviesen actores inteligentes y esforzados que la transformen en fuerza motriz que impulse el propio desarrollo y el de la sociedad, no habrá ayuda que alcance.

La educación del ciudadano no se da sólo por el aprendizaje escolar de las instituciones de la República y de los propios derechos. Se da, sobre todo, por el cumplimiento de los propios deberes para con la sociedad en la que vivimos: el trabajo bien hecho, el respeto de lo público, el control de la gestión de nuestras autoridades, la crítica constructiva, la repulsa a toda forma de corrupción y de clientelismo, en especial por parte de la autoridad y de los partidos políticos.

Como nos explica Bobbio, la democracia se debe profundizar conjugando la democracia política con la democracia social, es decir se debe garantizar no sólo el aumento en la cantidad de personas que tienen derecho a votar sino la multiplicación de los espacios en los que pueden ejercer ese derecho.

En referencia a ese punto es importante referirnos al proceso de construcción de ciudadanía en los adolescentes relacionado éste con la participación juvenil. Para el ejercicio de la misma es necesario, en principio, que a los mismos les sea reconocida su condición de sujetos de derecho. La "visualización, reconocimiento y legitimación en la escena pública, demanda formas de participación ligadas al ejercicio de una ciudadanía específicamente juvenil, en la cual los jóvenes se empiezan a reconocer, y a la vez inciden para ser reconocidos por la sociedad, con unos derechos e intereses distintos a los de los niños, y los adultos" y por tanto es evidente que pensar, legislar y promover la participación y organización juvenil requiere de un matiz distinto al de la participación y la organización social en general, pero no desligada de éstas y mucho menos como una etapa transitoria para convertirse o acceder a ellas.

La posibilidad del ejercicio de derechos en forma autónoma con criterios de progresividad de acuerdo a la edad, implica un abandono de prácticas de subordinación de niños, niñas y adolescentes a sus padres, a las instituciones y a los adultos en general. La efectiva incorporación de la Convención de los Derechos del Niño a las prácticas sociales, institucionales y jurídicas implican la posibilidad de desarrollar en el adolescente ese conjunto de "virtudes ciudadanas".

Para la participación ciudadana las actuaciones colectivas posibilitan una gestión más efectiva en lo que a lo político se refiere. Esto no quiere decir que la dimensión política sólo se presenta en las actuaciones que se refieren a los ciudadanos frente al Estado sino que, por el contrario, ésta es una condición de todos los individuos, en tanto que actúan que interactúan con otros, y esta condición de lo colectivo se encuentra presente de una manera más fuerte en los jóvenes.

Nuestra sociedad no es ajena al hecho de que el contexto económico social en el que se quiere problematizar la participación de los jóvenes es un dato constitutivo del alcance y las posibilidades que tiene dicha participación. Jóvenes sin acceso a la educación y sin competencias para acceder a un mercado de trabajo cada vez más sofisticado y competitivo, suponen una exclusión a derechos básicos sin los cuales es difícil hablar de la construcción de una ciudadanía plena.

Para solucionar la crisis que estamos viviendo debemos hacer fuerte hincapié en la formación de conciencia ciudadana. Tal como lo expresó el Cardenal Jorge Mario Bergoglio, si uno tiene mayor protagonismo en la construcción de la sociedad civil y una búsqueda verdadera del bien común, "adquiere esas entrañas de ciudadanía, con esa maternalidad de una sociedad que es inventiva, como toda madres o padre, para buscar soluciones para sus hijos." Necesitamos comprometernos como ciudadanos responsables y fomentar la participación activa de los jóvenes en los procesos de decisión ya que de esta manera los mismos pueden ejercitar los valores democráticos y tomar conciencia de su papel fundamental en la construcción de una sociedad más democrática.

El segundo Panel versará sobre "La construcción de la equidad desde

la familia: favoreciendo la integración social y la construcción de comunidad. Un análisis desde la perspectiva de derechos". Serán panelistas: Claudio Lozano (Diputado Nacional y miembro de la mesa nacional de la CTA) y el Lic. Eduardo Mondino (Defensor del Pueblo de la Nación).

Se intentará analizar ¿Cómo se gesta la exclusión? ¿Hay instituciones que expulsan, situaciones concretas que expulsan? ¿Cuál es nuestra actitud contra la exclusión? ¿Que hacemos concretamente en pos de la inclusión?.

El Cardenal Bergoglio, citando la V Conferencia Episcopal Latinoamericana (Aparecida, Mayo 2007), remarca que las injusticias y desigualdades son cada vez mayores y más profundas. Todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, en la que el poderoso se come al más débil. Como consecuencia, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son "explotados" sino "sobrantes".

Persiste la injusta distribución de los bienes, lo cuál configura una situación de pecado social que clama al cielo y que excluye de las posibilidades de una vida más plena a muchos hermanos. En Argentina urge animar una conducta justa, coherente con la fe que promueva la dignidad humana, el bien común, la inclusión integral, la ciudadanía plena y los derechos de los pobres. En el Mensaje Final de la V Conferencia se enunció que "Nos comprometemos a defender a los más débiles, especialmente a los niños, enfermos, discapacitados, jóvenes en situaciones de riesgo, ancianos, presos, migrantes. Queremos contribuir para garantizar condiciones de vida digna: salud, alimentación, educación, vivienda y trabajo para todos".

Hay un llamado a luchar contra la exclusión social desde una perspectiva de derechos. Como una mamá se preocupa más por el hijo enfermo, así también la Iglesia mira más a los afligidos. La opción preferencial por los pobres significa que nos ocupamos de todos pero particularmente por los que más sufren, como los desempleados y los enfermos, los migrantes y los pueblos originarios.

A pesar de las crisis que padece, la familia sigue siendo el fundamento de la sociedad. Allí aprendemos lo que es el bien común, porque la comida que se consigue, mucha o poca, será compartida por todos. Si la casa está fría, la calefacción será para todos, no para uno solo. Aprendemos que la familia nace del corazón de los papás y las mamás, que nos dieron todo como un regalo. De modo semejante, de la Nación hemos recibido una cultura, una educación, unas ilusiones. Vivir en la Argentina será agradable si nos dedicamos a seguir dando y no a consumir lo que nos dieron.

Primeramente es importante remarcar que la exclusión social se define por la imposibilidad o dificultad intensa de acceder a los mecanismos de desarrollo personal e inserción socio-comunitaria y a los sistemas preestablecidos de protección. La existencia de sectores socialmente excluidos, en el marco de las nuevas sociedades postindustriales es una realidad ampliamente asumida. Un enfoque de derechos humanos se define frecuentemente por contraste con un enfoque basado en las necesidades. Ambos se fundamentan en el deseo de colaborar con el desarrollo pleno de las personas y buscan identificar las acciones necesarias para lograr este objetivo. Pero se diferencian sustancialmente porque el enfoque basado en los derechos humanos concibe a las personas como sujetos portadores de un conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que son indivisibles, universales, interdependientes e irrenunciables. Este enfoque, a su vez, entiende que estos derechos pueden y deben ser exigidos al Estado que tiene la obligación moral y legal de protegerlos, respetarlos y garantizarlos, y también de restituirlos cuando son vulnerados. El enfoque basado en las necesidades concibe a las personas como objetos de caridad antes que como sujetos de derechos y en esta visión, pierde fuerza la obligación legal que los Estados tienen de respetar esos derechos. La exclusión implica fracturas en el tejido social, la ruptura de ciertas coordenadas básicas de integración. Y, en consecuencia, la aparición de una nueva escisión social en términos de dentro / fuera. Generadora, por tanto, de un nuevo sociograma de colectivos excluidos.

En la actualidad vemos que una sociedad y una economía basadas en el uso intensivo de conocimientos producen simultáneamente fenómenos de más igualdad y de más desigualdad, de mayor homogeneidad y de mayor diferenciación. La mayor diferenciación la vemos en que las transformaciones en la organización del trabajo están provocando no sólo el aumento en los niveles de desigualdad, sino la aparición de un nuevo fenómeno social: la exclusión de la participación en el ciclo productivo. Estamos viviendo una transición entre una sociedad vertical basada en relaciones de explotación, y una sociedad horizontal donde lo importante no es tanto la jerarquía como la distancia con respecto al centro de la sociedad. Explotador y explotado se encontraban dentro del mismo sistema; el excluido está fuera. El explotado es tan necesario como el explotador para mantener el sistema; el excluido, no. Mientras que la explotación es un conflicto, la exclusión es una ruptura (J.G.)

La exclusión social, sabemos, no está inscrita de forma fatalista en el destino de ninguna sociedad como tampoco lo está ningún tipo de desigualdad o marginación. Al contrario, la exclusión es susceptible de ser abordada desde los valores, desde la acción colectiva, desde la práctica institucional y desde las políticas públicas. Más aún, en cada sociedad concreta, las mediaciones políticas y colectivas sobre la exclusión se convierten en uno de sus factores explicativos clave.

Este fenómeno amenaza la cohesión social presente y futura de nuestras sociedades. La exclusión social no puede ser considerada como una situación personal, poco o nada arraigada en factores más estructurales. Desde esta visión, lo que se plantean son respuestas de corte paternalista, asentadas en el imaginario tradicional: se reacciona ante la pobreza con medidas asistenciales y paliativas. Y se hace desde una visión clásica de asistencia social. Y esa manera de abordar la exclusión sólo provoca estigmatización y cronificación.

Necesitamos dar un giro sustancial tanto a las concepciones con las que se analiza el fenómeno como a las políticas que pretendan darle respuesta. Es imprescindible armar mecanismos de respuesta de carácter comunitario, que construyan autonomía, que reconstruyan relaciones, que recreen personas.

Creemos que el factor esencial de la lucha contra la exclusión hoy día, pasa por la reconquista de los propios destinos vitales por parte de las personas o colectivos afectados por esas dinámicas o procesos de exclusión social. Lo cual, precisa armar un proceso colectivo que faculte el acceso a cada quién a formar parte del tejido de actores sociales, y por tanto, no se trata sólo de un camino en solitario de cada uno hacia una hipotética inclusión. No se trata sólo de estar con los otros, se trata de estar entre los otros. Devolver a cada quién el control de su propia vida, significa devolverle sus responsabilidades, esa nueva asunción de responsabilidades no se plantea sólo como un sentirse responsable de uno mismo, sino sentirse responsable con y entre los otros. Básicamente significa restituir derechos que habían sido vulnerados.

La inclusión debería presentarse como una dinámica que se apoya en las competencias de las personas. Y que se hace además en un contexto social y territorial determinado. La inserción se nutre de la activación de relaciones sociales de los afectados y de su entorno, y tiene sentido si consigue no sólo dar salidas individuales a este o aquel, sino que sus objetivos son los de mejorar el bienestar social de la colectividad en general.

La exclusión no puede ser entendida sólo como carencia de bienes o como desigualdad, sino también y sobre todo como aislamiento, como falta de entramado relacional, como falta de oportunidades de comunicarse e intervenir. Somos y seremos ciudadanos por nuestras relaciones, no por mera pertenencia o concesión. Reforzar nuestros vínculos sociales de confianza, reforzar nuestra comunicación-participación, nuestra articulación social y nuestra autonomía, nos hará más fuertes en esas nuevas formas de democracia y participación que se apuntan.

Las estrategias predominantes en América Latina tienden a centrarse no en el universo de las sociedades, sino en estratos específicos, en especial a parte de la población en extrema pobreza, como si su situación fuese determinada con rigor por factores individuales, familiares y locales, y no por su inserción en una estructura propiamente social.

Entendemos que el Estado debe garantizar de manera efectiva los derechos básicos, distribuyendo los recursos disponibles entre todos los ciudadanos, sin perjuicio de que recupere, por la vía tributaria directa, fondos provenientes de quienes tienen mayores ingresos. Los servicios sociales básicos (como nutrición, educación y salud) deben ser provistos por un sistema único, público y de vocación universal y que, a la vez, exista un sistema tributario progresivo, de manera que ambos componentes garanticen el máximo de equidad. Las políticas públicas deben favorecer la integración social y la construcción de comunidad que es fundamental para la superación de la pobreza.

No se pueden buscar las causas de la pobreza en el nivel meramente individual. La pobreza no es la suma de problemas personales ni son responsables de ella quienes la padecen. La pobreza es, fundamentalmente, consecuencia de la desigualdad y de la exclusión social, atributos propios de la sociedad y exigen respuestas en ese nivel.

Pobreza y exclusión son dos fenómenos conceptualmente diferentes aunque relacionados entre sí. Como en un círculo vicioso, la relación se potencia y retroalimenta en una suerte de sinergia negativa. La exclusión supone la primera pero la pobreza no necesariamente está asociada a la segunda. Así ocurrió en la Argentina hasta la primera mitad del siglo pasado: había pobres pero no estaban necesariamente excluidos; es más, muchos tenían posibilidades ciertas, canales y recursos para salir de esa condición, en un clima de movilidad social ascendente donde concurrían mecanismos de participación, especialmente relacionados con la ocupación y la educación. Hoy en día esa movilidad no sólo no existe sino que se ha revertido. A su vez, la desafiliación, consecuencia de la informalidad ocupacional, desmotiva la participación.

Ambos fenómenos multidimensionales pueden ser medidos con relativa objetividad, aunque la primera es más fácil de cuantificar dado que abarca bienes o posesiones relativamente fáciles de medir. Los métodos están estandardizados y tienen en cuenta tipos de activos, pautas de consumo y precios locales, para establecer así las diferencias relativas existentes según el contexto. Pobres son quienes con sus ingresos no alcanzan a cubrir una canasta de necesidades alimentarias y no alimentarias básicas. Indigentes, aquellos que ni siquiera pueden alimentarse. Excluidos, quienes no tienen cabida en la sociedad (económica, social, cultural y políticamente).

Frente a este panorama, el trabajo se presenta como factor integrador.

El empleo no sólo asegura la base material de la vida, sino también el reconocimiento social. De ahí el miedo, o mejor dicho el pánico de las personas el pensar en perderlo o en no poder encontrarlo ya que junto con el empleo no solo se nos va la fuente socialmente normalizada para participar de la riqueza: cuando el desempleo entra por la puerta, la ciudadanía social sale por la ventana.

En el debate acerca de las causas de la exclusión, muchos autores coinciden en que el trabajo opera como factor integrador central y privilegiado de inclusión. La falta de trabajo, o su precarización, lleva a deteriorar los vínculos: la persona pierde pertenencia, deja de participar y de tener un lugar propio. Es éste un proceso que cuanto más se prolonga más se agrava y potencia, tanto en cada familia como en enteras generaciones. Actualmente en nuestro país son millones los chicos nacidos en contextos de pobreza y exclusión, dato que le confiere una inusitada gravedad a la cuestión. La mayoría de ellos ha crecido o lo está haciendo sin tener a la vista ni familiares ni vecinos (modelos adultos) que tengan trabajo u ocupación permanente. En el mejor de los casos podrán señalar a su alrededor a quienes dispongan de subsidios o "planes", pero difícilmente a quien diariamente sale temprano camino a su trabajo. Asisten a escuelas pobres con objetivos curriculares inapropiados, y muchas veces son aprobados simplemente para que permanezcan dentro del sistema escolar. Ante esto, ¿qué expectativa de futuro pueden tener?

Desde cualquier perspectiva que se mire, el problema de la pobreza y la exclusión es, hoy y aquí, sumamente grave. En el presente o en el mediano y largo plazo. Lo inmediato está muy a la vista y no hacen falta números ni estadísticas para darse cuenta de su gravedad. En cuanto al futuro, recomponer una situación de mayor empleo y de educación de calidad más equitativamente distribuida para revertir la situación será una tarea que demandará esfuerzos sostenidos durante muchos, muchos años; por varias generaciones. Ello agrava aún más el problema, no sólo por el largo tiempo de exposición o permanencia y el efecto que causa en las personas y las familias, sino también por el riesgo, cierto, de que se interrumpan las políticas o las condiciones que harían posible la salida.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de este proyecto.