La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, atento al vencimiento del mandato del presidente del directorio del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), la urgente designación del nuevo presidente; y a su vez requerir al gobierno de la Provincia de Buenos Aires que designe prontamente al representante de dicha provincia para cubrir la vacante existente en el directorio tripartito del citado organismo.

Señor presidente:

En primer término cabe realizar una breve reseña de los diferentes procesos por los que fue atravesando el servicio de suministro de agua de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de gran parte del conurbano bonaerense.

Con la presidencia de Carlos Menem se inicio en la Republica

Argentina un proceso de privatizaciones, que implico entre otras la de Obras Sanitarias de la Nación. En el año 1991 se creó la Comisión Técnica de Privatización de Obras Sanitarias de la Nación con el propósito de realizar las tareas necesarias para llevar a cabo la privatización de los servicios de provisión de aguas potables y desagües. El 18 de Abril de 1993 se otorgó la concesión de los servicios a la empresa Aguas Argentinas S.A por treinta años. El paquete accionario de dicha empresa pertenecía mayoritariamente al grupo francés SUEZ, y a la empresa española Aguas de Barcelona. Es menester recordar que las deudas y los pasivos de Obras Sanitarias de la Nación permanecieron en manos del estado nacional.

Aguas Argentinas S.A estuvo a cargo de los servicios durante casi 13 años. Fue el 21 de Marzo del año 2006, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner, anulo mediante el decreto 303/2006 la concesión entre el Estado y Aguas Argentinas. En su reemplazo se dispuso por el decreto 304/2006 la creación de Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AYSA).

Aguas y Saneamientos Argentinos es una sociedad anónima cuyo capital accionario pertenece en un 90% al Estado Nacional y el 10% restante se encuentra en manos de sus empleados a través de un programa de participación accionaria. Dicha empresa brinda el servicio de suministro de aguas potables y saneamiento a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 17 municipios del primer cordón del conurbano bonaerense.

Cabe recordar que en su momento Aguas Argentinas S.A se encontraba sujeta al contralor del ETOSS (Ente Regulador del Agua). Al producirse la re estatización del servicio el control sobre los activos del ETOSS se dividió en dos sub-entes: el ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento) y el APLA (Administradora del Planeamiento y Seguimiento de obras de expansión de Redes y plantas de tratamiento).

El APLA se ocupa de coordinar la planificación de obras y realizar el seguimiento de su ejecución desde el punto de vista técnico y económico. Tiene como objetivo primordial sistematizar la planificación de obras necesarias para lograr un servicio de agua y cloaca de carácter universal mediante la interacción con los Municipios y la Concesionaria, debiendo mediante un seguimiento individual realizar el control de las obras a los efectos de tener a la comunidad informada sobre el desarrollo de las mismas.

El ERAS debe controlar las cuestiones técnicas vinculada a la calidad de los vuelcos y la presión a la que está sometido el sistema hidráulico de los ductos que recogen los efluentes de usuarios y terminan en las plantas de tratamiento de esa empresa.

Entre las principales funciones del ERAS son las de fiscalizar la calidad del servicio, verificar el cumplimiento del contrato de concesión y proteger los intereses de los usuarios.

La estructura orgánica de dicho ente regulador fue establecida mediante la Resolución ERAS 1/2007, la cual fue posteriormente modificada a través de las resoluciones 15/2007, 32/2007, 26/2009 y 21/2010.

De conformidad con el artículo 1 de la ley 26.221, que aprobó como Anexo 1 el Convenio Tripartito suscripto con fecha 12 de Octubre de 2006, el directorio del citado ente regulador estará compuesto por un representante del Poder Ejecutivo Nacional, un representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un representante de la Provincia de Buenos aires.

La presidencia del directorio quedó a cargo del representante elegido por el Poder Ejecutivo Nacional. En concordancia con ello, el decreto 702/2007 designó como presidente al Dr. Carlos María Vilas. El día 8 de Junio del presente año se produjo el vencimiento de su mandato.

Actualmente el Dr. Vilas continúa al mando del directorio a pesar de no poseer facultades para hacerlo. Su mandato de facto -el que es por él reconocido al enviar una nota al SIGEN el día 15 de Junio- implica la invalidez de todas las decisiones que ha tomado desde la fecha en que se produjo la cesación de sus funciones.

Una de las principales consecuencias que implica la cesación del mandato del Dr. Vilas es la imposibilidad de ejecutar el presupuesto necesario para controlar a AYSA.

No menos grave es la situación que está atravesando el otro cargo a cubrir por parte de la Provincia de Buenos Aires. Desde diciembre de 2009 la citada provincia no posee representante, debido a que su designación esta pendiente en la Subsecretaria de Planificación de la Provincia de Buenos Aires.

Como consecuencia de los antecedentes reseñados, en la actualidad el directorio tripartito del ERAS está a cargo solo de la representante del la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo como contrapartida la imposibilidad de que el ente regulador funcione dentro de un marco operativo- legal que permita al mismo cumplir con las finalidades propias de un organismo de contralor.

Desgraciadamente de un tiempo a esta parte nos está dejando de parecer llamativo y sorprendente aquello que debería causar nuestra más honda preocupación. La sociedad está cansada de escuchar las constantes denuncias respecto del manejo que hace el gobierno con los entes reguladores que tienen a su cargo el control de los servicios públicos. Es nuestra tarea y obligación hacer que ese actuar desdeñable del gobierno nos siga pareciendo criticable, y como consecuencia de ello, pongamos en funcionamiento todas las herramientas con las que contamos como representantes del pueblo para lograr a partir de ello el normal funcionamiento de nuestras instituciones.

Por los motivos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.