La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Requerir al Poder Ejecutivo que, por intermedio del organismo que corresponda, se sirva a informar:

1) Si se tiene conocimiento de los accidentes ocurridos en la refinería de la empresa Petrobras S.A. que funciona en los alrededores de la ciudad de Bahía Blanca.

2) Si se tiene conocimiento de las normas de seguridad ambiental que rigen en la Provincia de Buenos Aires.

3) Si se tiene conocimiento que la planta fue clausurada preventivamente luego de varios incidentes graves.

4) Si se tiene conocimiento de que la planta podría estar funcionando sin las habilitaciones correspondientes y con grave peligro para la población.

5) Si luego de que la planta fuera clausurada existió alguna comunicación entre funcionarios del gobierno nacional y los organismos encargados de las habilitaciones, con el objetivo de que la planta continúe en producción, aun sin cumplir las normas sobre seguridad ambiental.

6) Cuál es la capacidad productiva de la refinería y cuál es su incidencia sobre el total del combustible producido en la Argentina

7) Asimismo, se requiere se remita toda la documentación correspondiente a inspecciones y controles llevados a cabo por organismos estatales desde febrero del 2011 hasta la actualidad

Señor presidente:

En la madrugada del día 23 de Agosto de 2011, la refinería de la empresa Petrobras localizada en las cercanías de la ciudad de Bahía Blanca sufrió un incendio en una válvula de bombeo en plena producción. El siniestro no es fortuito. Hace pocos días, el 10 de Agosto de 2011, ocurrió una explosión que derivó en el derrumbe de una estructura edilicia, con el resultado de varios heridos y el fallecimiento de un operario. La explosión se habría generado a raíz de una acumulación de gas, causando el derrumbe completo del lugar de descanso de los operarios. Luego de este trágico accidente, la planta fue clausurada provisoriamente, volviendo a funcionar a los pocos días con una dudosa habilitación, acompañada de rumores de presiones gubernamentales.

Posteriormente al segundo incidente, el subsecretario de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Bahía Blanca, Eduardo Conghos, admitió que en la comuna recibieron un llamado del Gobierno Nacional, requiriendo la puesta en marcha de la refinería, debido a la preocupación que generaba que una de las tres refinerías del país estuviese parada en medio de la crisis energética. Luego expresó que la explosión no estuvo relacionada con el proceso industrial, y que por esa razón la provincia le había otorgado el permiso, aunque con condicionamientos, ya que se realizan constantes monitoreos de base para determinar la existencia de pérdidas de gas.

Según declaraciones del director del Comité Técnico Ejecutivo Municipal, la planta había vuelto a operar "por razones políticas". Declaró: "El permiso precario, a lo mejor el gobierno nacional lo necesita, es comprensible, pero hay que tomar una medida muy urgente y rápida para que esto no siga ocurriendo" (1)

Aun no queda claro cómo, luego del accidente del 10 de Agosto, la planta fue habilitada nuevamente, existiendo antecedentes claros de problemas en el funcionamiento. El más notorio fue en febrero del año 2011 cuando el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) decidió, a través de la disposición 0351/11, la clausura de forma parcial de la unidad de hidrotratamiento de la refinería de Petrobras Energía S. A. de Bahía Blanca, luego de reiteradas denuncias de emanaciones de gas por parte de los vecinos de la planta. La planta fue autorizada a retomar con su funcionamiento de manera provisoria a fines de Febrero del 2011, luego de que la empresa presentara ante las autoridades pertinentes, un plan de acciones tendientes a incrementar los estándares medioambientales de la planta que posee en la ciudad y cumplir con todos los requerimientos solicitados por el mencionado organismo de control. El mismo incluía acciones puntuales de mejora en el sistema de antorcha, las piletas de efluentes y los tanques de almacenamiento con un detalle de plazos de implementación.

La regulación y el control de la calidad ambiental son de jurisdicción municipal y provincial. El marco legal provincial para el control de emisiones gaseosas incluye el decreto 3395/96 reglamentario de la ley 5965, y resoluciones Nº 279/96, 242/97 y 374/98 que establecen normativas para los generadores de emisiones gaseosas respecto de identificación y caracterización de emisiones, conductos de descarga, concentraciones máximas permitidas, caudales de descarga, medición, sistema de tratamiento, dispersión a la atmósfera, etc., necesarias para la obtención del Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos.

En el ámbito local, la ley 12.530 establece el Programa Especial para la Preservación y Optimización de la Calidad Ambiental, cuya jurisdicción de aplicación es el Polo Petroquímico y el Área Portuaria del Distrito de Bahía Blanca. En su artículo 4º esta ley delega en el Municipio local las facultades de control de emisiones gaseosas y efluentes líquidos de origen industrial.

Se solicitaron peritajes e informes técnicos a profesionales del Departamento de Química de la Universidad Nacional del Sur y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), de los que aún no conocemos los resultados.

Resulta necesario, por lo tanto, y para proteger la vida y el bienestar de la población que se ve afectada por la existencia de la una refinería con accidentes periódicos que los ponen en riesgo, conocer cuál es la injerencia del gobierno nacional en estos hechos.

Existe una hipótesis que plantea que el gobierno nacional presionó a los organismos habilitantes para que le pusiera en marcha la planta, ya que sin su producción y, ante la escasez de combustible en el país, habría faltantes del mismo. Sería muy alarmante que esta hipótesis se compruebe, ya que se estaría priorizando la economía nacional por sobre la vida y la salud de miles de personas.

Es por las razones expuestas que solicito a los señores diputados la aprobación del presente proyecto de Resolución.