La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que informe a ésta Honorable Cámara sobre el nivel de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26075) que planteó, entre otros puntos: alcanzar los 10 años de escolaridad obligatoria -ampliados a educación secundaria obligatoria por la posterior Ley de Educación-, la inclusión del 100% de los niños de 5 años dentro del sistema escolar, el incentivar la concurrencia de los niños a las salas de 3 y 4 años, el fomento de la doble escolaridad en aquellas zonas más carenciadas -con el objetivo de alcanzar un 30% de alumnos sobre el total de la matrícula que concurrieran a doble jornada-, la erradicación del analfabetismo y el fomento de la educación entre jóvenes y adultos; como así también brinde información sobre las acciones llevadas adelante para equiparar el nivel de inversión por alumno en las distintas jurisdicciones del país, y sus resultados, desde la aprobación de la mencionada ley.

Señor presidente:

Históricamente, la educación ha tenido un rol fundamental para el desarrollo de las naciones. Fue a finales del siglo XIX que en la República Argentina la sanción de la Ley 1420 de educación laica, pública y gratuita, que permitiera a nuestro país, en gran medida, junto con oleadas inmigratorias de hombres jóvenes en condiciones de trabajar, alcanzar un alto nivel de crecimiento económico.

Con el paso de los años no solo no ha perdido importancia para los Estados, sino que, por el contrario, nunca antes como en el actual contexto global la educación ha tenido un carácter tan definitorio para los países que quieran desenvolverse en las denominadas sociedades del conocimiento. Para alcanzar un alto nivel de desarrollo, entendiendo por desarrollo no solo crecimiento económico sino desarrollo humano, resulta fundamental una profunda inversión en el área educativa.

En las últimas décadas fuimos testigos de un proceso de un fuerte aumento de la escolarización pero también de un creciente aumento de la pobreza y la desigualdad social. Esto llevó a que en muchos casos la escuela pública pasara a tener un rol de contención en lugar de pedagógico - en algunas jurisdicciones más que en otras -, y que también se produjera, haciendo la misma salvedad, una caída de la calidad que produjo un fuerte pasaje de la escuela pública a la privada por parte de los alumnos provenientes de familias con ingresos medios y altos.

En este contexto fueron llevadas adelante sustanciales reformas en el sistema educativo argentino, como por ejemplo, el proceso de descentralización de la educación primaria, secundaria y terciaria no universitaria. Este proceso comenzó en el año 1978 y se acentuó y finalizó a principios de los años 90, producto de él la educación pública no universitaria pasó en su totalidad a manos de las provincias -salvo aquellos centros educativos del nivel medio dependientes de las universidades nacionales-, y estas debieron afrontar su prestación en la medida de sus posibilidades financieras, y con las capacidades técnicas que contaban dentro de sus administraciones públicas.

Algunas de ellas, como por ejemplo Mendoza, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que concentran cerca del 70 % de los alumnos del país, o las provincias del NEA y NOA, debieron realizar hasta la fecha un esfuerzo muy grande para poder brindar este servicio, dado que lo que perciben en términos de coparticipación federal es proporcionalmente menor a lo que reciben otras provincias, como las patagónicas, que cuentan con el 6% de los alumnos del país y pueden efectuar una inversión por alumno mucho mayor, duplicando en promedio a las provincias citadas anteriormente. Existen algunos casos extremos, como por ejemplo el de la Provincia de Santa Cruz, que en el año 2007 invertía por alumno $11781, superando en más de cinco veces el nivel de inversión de la Provincia de Buenos Aires que invertía $1871 (Rivas 2010).

En el marco de esta profunda problemática, a finales del año 2005 se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26075), que tenía como puntos más relevantes ley una serie de objetivos, por ejemplo alcanzar los 10 años de escolaridad obligatoria -ampliados a educación secundaria obligatoria por la posterior Ley de Educación-, el incluir al 100% de los niños de 5 años dentro del sistema escolar, incentivar la concurrencia de estos a las salas de 3 y 4 años, fomentar la doble escolaridad en aquellas zonas más carenciadas, con el objetivo de alcanzar un 30% de alumnos sobre el total de la matrícula que concurran a escuelas de doble jornada.

A su vez, la ley preveía erradicar el analfabetismo, fomentar la educación entre jóvenes y adultos, dar impulso a la educación técnica, jerarquizar a los docentes mejorando sus ingresos e invirtiendo en capacitación e incrementar la inversión en infraestructura, tanto edilicia como tecnológica.

Para poder alcanzar los objetivos mencionados en los párrafos anteriores, se planteó como necesario destinar un mayor porcentaje del Producto Bruto Interno al área educativa. Para ello se estableció como meta aumentar el porcentaje del PBI en un 6% para el año 2010.

Este 6% del Producto Bruto Interno fue aportado en un 60% por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en un 40% por la Nación, lo que modificó la distribución previa de 74% para las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y 26% de la Nación, esta modificación se realizó progresivamente hasta el año 2010.

Si bien el cumplimiento en ese nivel de inversión en el área educativa mejoró la inversión de los últimos años en este área e hizo más equitativo el porcentaje del PBI que aportan las provincias y la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la Nación, la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo no corrigió las desigualdades generadas, entre otras cosas, por la Ley de Coparticipación Federal, que lleva a que la República Argentina sea uno de los países federales con la distribución más desigual del planeta, y que produce grandes disparidades en los niveles de inversión por alumno en las distintas jurisdicciones, vulnerando el carácter igualitario que debe tener la educación pública.

Consideramos que si verdaderamente pretendemos construir una sociedad equitativa e igualitaria es necesario garantizarles a nuestros ciudadanos oportunidades de desarrollo a través del acceso a una educación laica, pública, y gratuita de calidad, sin importar el lugar del país en el que residan, ni su condición social, para que esto no defina las posiciones que puedan llegar a alcanzar.

Por lo antedicho solicito a mis pares que me acompañen con su firma en este pedido de informe.