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PROYECTO DE TP
Expediente 4336-D-2007
Sumario: INDEMNIZACION PARA LOS HABITANTES DE LAS PROVINCIAS DE CORRIENTES Y MISIONES QUE ACREDITEN HABER SUFRIDO DAÑOS COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS PREVISTAS POR EL "TRATADO DE YACYRETA" APROBADO POR LEY 20646.
Fecha: 31/08/2007
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 115
El Senado y Cámara de Diputados...
REPARACIÓN A LOS AFECTADOS
POR YACYRETÁ
Artículo 1º.- Todo habitante de las
Provincias de Corrientes y Misiones que acredite haber sufrido daños como consecuencia
mediata o inmediata de la ejecución de las obras previstas por el "Tratado de Yacyretá",
suscripto entre la República Argentina y la República del Paraguay, en la ciudad de Asunción el
día 3 de diciembre de 1.973, aprobado por Ley 20.646, tendrá derecho a percibir las
indemnizaciones que se reconocen por esta Ley.
En caso de fallecimiento del damnificado, tendrán
derecho a reclamar indemnización sus causahabientes.
Artículo 2º.- Sin perjuicio de las
disposiciones generales del Código Civil, se entiende especialmente por "daños" a los fines de
esta Ley:
a) la pérdida de fuentes de trabajo;
b) la pérdida o daños en la vivienda única;
c) daño moral o psicológico sufrido a
consecuencia del desarraigo;
d) actos u omisiones vulneratorios de los
derechos reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado en Ginebra, Suiza, en la 76ª
Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, aprobado por Ley 24.071;
e) afecciones a la salud debidas a las obras
mencionadas en el artículo 1, o a las condiciones ambientales y/o de infraestructura
imperantes en la nueva localización de los afectados.
Esta enumeración es meramente ejemplificativa,
y no excluye otros daños que sean consecuencia inmediata o mediata de la construcción de las
obras mencionadas en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La justipreciación de los
daños sufridos se regirá por las disposiciones del Código Civil.
Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo dispondrá
lo necesario para garantizar a los afectados por las obras mencionadas en el artículo 1:
a) su relocalización en zonas aptas para su
desarrollo;
b) el acceso a la tierra;
c) la provisión de materias primas y
herramientas de trabajo, así como la capacitación y actualización de conocimientos;
d) el acceso a tratamientos médicos,
farmacológicos y psicológicos.
En todos los casos, se tendrá especialmente en
cuenta la voluntad de los interesados, su vocación, el respeto a sus modos tradicionales de
trabajo y producción, a sus prácticas culturales, y demás parámetros análogos.
Artículo 5º.- La solicitud de indemnización
se presentará ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dentro de los tres (3) años
de la entrada en vigencia de esta Ley.
El trámite se regirá por las disposiciones de la
Ley 19.549 y modificatorias.
Sin perjuicio de ello, en ningún caso la ausencia
de información o certeza científica será impedimento para tener por debidamente acreditados
los daños, siempre que existen indicios precisos, serios y concordantes en tal sentido.
En caso de duda sobre el otorgamiento de la
indemnización prevista por esta ley, deberá estarse a lo que sea más favorable al beneficiario
o sus causahabientes o herederos, conforme al principio de la buena fe.
Artículo 6º.- El Ministerio de Desarrollo
Social tendrá a su cargo el pago de la indemnización, mediante depósito en bancos oficiales
dentro de la jurisdicción que corresponda al domicilio del/los beneficiarios, a su orden, dentro
de los 90 días corridos de dictado el acto administrativo respectivo.
Vencido el plazo establecido para ser efectivo el
pago del beneficio sin que éste se hubiera complementado, el/los beneficiarios podrán exigirlo
judicialmente, sin necesidad de intimación, trámite o reclamo previo, aplicándose para ello las
normas que reglan la ejecución de sentencia.
La tramitación judicial respectiva estará exenta
de todo tributo.
Artículo 7º.- Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley se atenderán con cargo a "Rentas generales".
Artículo 8º.- Comuníquese al Poder
Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para analizar la historia reciente de Yacyretá, es
necesario recordar que el diseño y la construcción del proyecto (comenzada en 1983), se
desarrollaron en su mayor parte bajo dictaduras militares en la Argentina y el Paraguay. La
participación de las poblaciones a ser afectadas y de la sociedad civil en general fue siempre
duramente reprimida.
A pesar de los procesos de democratización, la
Entidad Binacional Yacyretá permaneció sin cambios como un reducto de autoritarismo,
corrupción, abuso de los derechos, amenazas y amedrentamiento de las poblaciones
afectadas. Desde 1991 la sociedad civil inicia una continua lucha para que tanto la EBY, como
los gobiernos y los bancos financiadores respondieran a los reclamos presentados a todos
estos organismos y a otros foros nacionales e internacionales, con escasos resultados.
En tanto, el cuestionamiento por parte de las
organizaciones de la sociedad civil a las políticas fomentadas por las agencias multilaterales
crediticias, se convierte en una campaña internacional para exigir que el Banco Mundial, en su
actividad financiera, asuma mayor responsabilidad pública y deje de apoyar proyectos que
causan destrucción en la naturaleza y crean injusticias sociales. Se impulsa así la creación en
1993 del denominado Panel de Inspección que comienza a funcionar en 1994. Este organismo
es un mecanismo independiente designado para evaluar si el Banco Mundial sigue sus propias
directrices y procedimientos en la planificación e implementación de proyectos. Varias de estas
directrices -tales como el reasentamiento involuntario, evaluación ambiental, hábitats
naturales y pueblos indígenas- están diseñados para mitigar los impactos sociales y
ambientales producidos por los proyectos financiados por el Banco. Un mecanismo similar
independiente de investigación del BID, fue creado y puesto en acción en agosto de 1994.
En 1996, SOBREVIVENCIA y algunos
representantes de las comunidades afectadas, con la cooperación de otras ONGs, presentaron
pedidos al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, para la instalación, en el
caso de Yacyretá, de los mecanismos de inspección independiente de ambos Bancos. Se
pretendía que estos mecanismos condujeran investigaciones completas sobre las violaciones
de políticas ambientales y sociales del BID y del Banco Mundial, que ocurrieron durante la
implementación del proyecto hidroeléctrico Yacyretá. Se solicitó además, que recomendaran a
los Bancos sobre las medidas que debían ser tomadas para remediar la situación creada por
estas violaciones.
La solicitud reclamaba a los Bancos la violación
de sus políticas referidas a reasentamiento, impacto ambiental, poblaciones indígenas y
territorios silvestres. También se reclamó por la inadecuada supervisión de la utilización de los
créditos por parte del prestatario, lo que trajo como consecuencia que el programa diseñado
para mitigar los daños sociales y ambientales fuera absolutamente ineficaz para corregir y
reparar las consecuencias del Proyecto en los solicitantes y en el resto de la población
afectada.
Según datos del EBY, la población urbana y rural
afectada por las cotas 76-78 alcanza a 2.065 familias paraguayas y 1.745 familias argentinas,
de las cuales fueron relocalizadas aproximadamente la mitad (54% en Paraguay y 46% en
Argentina).
El censo realizado por la EBY en 1989/90 estuvo
plagado de errores y hoy está completamente desactualizado. La demora en la ejecución del
proyecto que ya lleva más de 20 años ha posibilitado que nuevas familias se instalaran en la
zona afectada por la obra. La mayoría descendientes de las familias afectadas, y otras venidas
de otros lugares -por lo general isleños o afectados por inundaciones atribuibles también a
afectaciones de la represa- o provenientes de sitios de relocalización, que tuvieron que
abandonar por falta de medios de sustento.
Sobre la población aún no reasentada se ha
provocado una desarticulación de los barrios y asentamientos, ruptura de lazos de vecindad,
resquebrajamiento de lazos comunitarios y desestructuración del tejido social. Hay mayor
desempleo por disminución de actividades productivas y alteración de actividades económicas
como la pesca, olerías, y oficios relacionados directa o indirectamente con estas actividades.
Sobre la población ya reasentada en los cascos
urbanos se generó endeudamiento de familias no propietarias, encarecimiento de la canasta
familiar, adquisición de nuevas obligaciones y erogaciones adicionales a las típicamente
constitutivas de la estructura de gasto familiar, distanciamiento de algunos servicios y centros
comunitarios que aún no fueron relocalizados, mayores distancias entre la vivienda y el
trabajo, lo que contribuye al incremento del costo de vida.
Para la población reasentada en zona rural se
incrementaron los costos de transporte, y sufren dificultades para la comercialización de
productos. Además, estas comunidades rurales desplazadas tenían su economía basada,
aparte de la agricultura practicada en suelos de gran fertilidad, en el uso tradicional y más
adecuado de recursos naturales, como la pesca, la caza de animales silvestres, la recolección
de miel y plantas medicinales. Los sitios a los que fueron relocalizados carecen de estos
recursos y tienen suelos de escasa o ninguna fertilidad, que necesitan de insumos de
fertilizantes para producir. Como consecuencia, la mayoría de estas familias isleñas o costeras
relocalizadas han abandonado, desesperadas, sus sitos de relocalización, y se convirtieron en
pobladores de áreas marginales ("invasores de áreas a ser relocalizadas", según la EBY y los
consultores de los Bancos) de Carmen del Paraná y Encarnación. Según las organizaciones de
afectados del Departamento de Misiones (Paraguay), el asentamiento de Atinguy, en la
margen derecha del Brazo Aña Cuá, uno de los primeros sitios de relocalización para
pobladores campesinos e indígenas de la Isla Yacyretã afectados por la construcción de la
represa en la década de 1980, debe ser revisado por completo, pues el programa se considera
totalmente fracasado, por falta de producción en las fincas, altos niveles freáticos en los
suelos, prohibición de la pesca en el brazo Aña Cuá. Posiblemente, la solución sea la nueva
relocalización de los ahí asentados.
La represa alteró en gran medida las actividades
de pesca de la cual dependía muchísima gente. La pérdida de pesca de subsistencia, no
contemplada en las compensaciones ha ocasionado además un gran impacto nutricional en la
dieta de la población.
Las Islas del Río Paraná, ahora inundadas o
transformadas por el Proyecto Yacyretá, formaban parte del territorio tradicional de la
Población Indígena Mbya Guaraní. Muchos de sus miembros dejaron la Isla Yacyretá en 1.987
a causa de la construcción de la represa. La mayoría de ellos fueron relocalizados en una
porción de tierra de 370 hectáreas en una zona denominada Pindo. Dicha porción de tierra está
atravesada y cortada por la Ruta Nacional 1 y por la principal línea de transmisión de energía
que corre desde Trinidad a Ayolas. Aún cuando -según lo manifestara William Partridge del
Banco Mundial - los miembros del grupo indígena recibieron, al ser relocalizados, título de
propiedad sobre las tierras "por primera vez", dicho grupo perdió su territorio tradicional, que
cubría miles de hectáreas de un ecosistema diverso y rico en flora y fauna y su forma de vida y
sustento cambió radicalmente en el proceso de relocalización.
A consecuencia del fracaso de los Bancos en
responsabilizarse y supervisar la implementación del plan de reasentamiento, las personas
afectadas por la construcción del Proyecto Yacyretã han padecido privaciones y concretas
violaciones a sus derechos. Los pobladores afectados no han sido consultados ni han
participado significativamente en el diseño e implementación del Plan de Reasentamiento
llevado adelante por la EBY. Han sido manipulados y presionados por la EBY y no creen que la
entidad haya desarrollado un justo y equitativo sistema de compensaciones.
Los problemas de salud causados por el embalse
son serios. El lago es hábitat ideal de vectores transmisores de malaria, leishmaniasis,
schistosomiasis y otras enfermedades. Datos estadísticos del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social del Paraguay (Séptima Región Sanitaria, correspondientes a los años 1.990,
1.992 y 1.994), muestran que enfermedades relacionadas con la existencia del embalse
figuran entre las principales causas de consulta en los hospitales. En Posadas las autoridades
sanitarias también reconocen gran cantidad de consultas por enfermedades gastrointestinales
y diarreas.
Los reclamos de la sociedad civil durante la
ejecución de esta obra, han sido abundantes en ambas márgenes y se han manifestado de
diferentes maneras, en instancias formales y en expresiones callejeras como manifestaciones,
corte del puente Encarnación-Posadas, carpas y huelgas de hambre. Los afectados,
Organizaciones No Gubernamentales, autoridades nacionales, departamentales, provinciales y
locales han tenido un rol protagónico y han participado de manera activa a través de distintos
foros, mesas de trabajo, debates y talleres.
Desde el llenado del embalse en 1994, mucha
gente cuyas viviendas se encuentran sobre el nivel de 76 msnm han tenido que vivir con la
desoladora incertidumbre con respecto a su futuro. La inhabilidad de los Bancos, de ambos
gobiernos y de la EBY para llegar a una decisión sobre el nivel final del embalse, así como las
deficiencias y las prolongadas postergaciones en la implementación de los mencionados planes
de acción A y B, han exacerbado los severos impactos sociales y ambientales de Yacyretá.
Una vez llenado el embalse a cota 76m,
aparecieron dos situaciones que no fueron pronosticadas: la sobresaturación de gases, que es
más crítica en el Brazo Aña Cua, causada principalmente por el diseño de los vertederos, y el
afloramiento de "embalsados" provenientes del fondo de los humedales de las islas
sumergidas. La sobresaturación de gases causó mortandad de peces aguas debajo de la presa.
Para mitigación y control se propusieron deflectores en la pared externa de los vertederos y la
operación controlada de los mismos. La colocación de deflectores puede causar problemas de
erosión aguas abajo por el cambio de corrientes.
Estos impactos debieron estar pronosticados, y
dentro de los planes de mitigación debieron incluirse sus medidas preventivas y mitigatorias,
pero estos efectos pronosticables por cualquier técnico en el tema, que fueran efectivamente
pronosticados por ambientalistas y otros técnicos independientes ya en 1992, no fueron
considerados por los que diseñaron el plan.
Según estudios estadísticos sobre el flujo del río
en los últimos 90 años, a consecuencia del plan de operación de las turbinas, el Brazo Aña Cua
se secará durante largos períodos, alrededor del 80% del tiempo. Sólo cuando el flujo del Río
Paraná sobrepase la capacidad total de las turbinas (20% del tiempo), el agua correrá a lo
largo de este tramo de 25 km. de largo y alrededor de 2.000 metros de ancho, que se
extiende entre el vertedero de Aña Cua y la confluencia del brazo Aña Cua con el brazo San
José Mi, corriente abajo, frente a la ciudad de Ayolas.
De tres posibles soluciones se decidió adoptar la
sugerida por SOBREVIVENCIA y por organizaciones de afectados del Departamento de Misiones
(Paraguay), de colocar turbinas en la presa de cierre del Aña Cuá. La solución adoptada
recomienda la instalación de tres turbinas que funcionarían el 100% del tiempo con un caudal
de 1.500 m3 por segundo, tal como quedó ratificado en la Declaración Conjunta8 de los
presidentes de Paraguay y Argentina. Actualmente, según un acuerdo, se está vertiendo 1.500
m3/s por el vertedero del Brazo Aña Cuá, para mantener el caudal mínimo histórico en el
brazo. Sin embargo, según declaraciones de dirigentes de organizaciones de afectados del
Departamento de Misiones, el mantenimiento de este caudal mínimo ya está produciendo
impactos importantes a lo largo de lo que resta de este brazo, aguas debajo de la presa y
vertedero de Aña Cuá. Con respecto a la pesca, los peces no suben por el brazo, pues la
profundidad del agua es muy baja, debido al gran ancho (1.500m) del brazo, a su fuerte
pendiente y al bajo caudal. Los bosques de Arary en la zona "protegida" de la Isla Yacyretã se
ven afectados porque necesitan tener sus raíces en el agua durante largos períodos de tiempo,
cosa que no sucede por las escasas alturas del agua en el brazo con el caudal mínimo casi
permanente. La provisión de agua potable en la ciudad de Ayolas ha tenido, desde el
funcionamiento a capacidad plena de la central, casi siempre con alta turbiedad, debido a la
baja profundidad en la toma de agua de la ciudad.
Para mitigar estos impactos, las organizaciones
de afectados del Departamento de Misiones (Paraguay), proponen un aumento del caudal
mínimo en el Brazo Aña Cuá, del actual de 1.500m3/s, a 2200 o 2500 m3/s. Esta propuesta
significaría la instalación de cinco turbinas, en lugar de tres, en la central hidroeléctrica del
vertedero Aña Cua.
Según observaciones hechas por dirigentes de
las organizaciones de afectados del Departamento de Misiones, Paraguay, la central de
Yacyretã está siendo utilizada para proveer energía de pico en las horas de mayor demanda en
Buenos Aires. Por lo tanto, durante las horas de baja demanda, se eleva considerablemente el
nivel del embalse y se disminuye al mínimo el caudal en la central, con lo cual se tiene un
doble impacto: aguas arriba sube el nivel del agua y de la inundación; en el canal del río aguas
abajo hay un nivel bajísimo de agua. Esto afecta más fuertemente a la margen paraguaya,
pues las pendientes del cauce son mayores y por lo tanto las profundidades del río menores.
Esto tiene un fuerte impacto en el turismo y en la pesca, pues la retención de caudal se hace
principalmente durante los fines de semana. El agua en los esteros de aguas abajo suben
repentinamente de nivel. En las horas de demanda pico de electricidad, se aumenta
repentinamente el caudal en las turbinas y se baja rápidamente el nivel del embalse. Aguas
abajo, este aumento repentino de caudal produce fuerte erosión en las márgenes del río.
La política ambiental del Banco Mundial para
proyectos de diques y embalses indica que la vegetación debe ser eliminada de las áreas de
embalse para proteger la calidad de las aguas, reducir las condiciones de crecimiento de
hierbas acuáticas (algas), favorecer la circulación del agua, reducir obstáculos a la pesca, y
favorecer la distribución del oxígeno. El resumen ejecutivo de las notas sobre el préstamo del
BID, señala específicamente que las islas, entre otros lugares, están designadas para sitios de
eliminación de biomasa. Sin embargo, cualquier inspección de la zona puede demostrar
claramente que no se ha procedido ha remover la masa vegetal en las islas ni en los sub-
embalses de la margen derecha, como estaba especificado.
Las variaciones en los niveles de las aguas
subterráneas en el lado paraguayo del embalse no han sido medidas adecuadamente. Debería
haberse efectuado un estudio del impacto sobre las napas freáticas en la zona situada al norte
de la Presa Lateral Derecha debido a que el escurrimiento en el subsuelo es impedido por la
pantalla de cemento-bentonita que se ha construido bajo la presa, hasta las capas
impermeables. Desde el llenado del embalse, se ha observado un marcado ascenso de los
niveles de agua en los esteros a lo largo de la Presa Lateral Derecha.
Es necesario además realizar estudios del
impacto que el canal de desvío del Arroyo Aguapey tendrá en las napas freáticas a lo largo del
mismo, particularmente para determinar el impacto de la disminución del nivel de estas napas
sobre la disponibilidad de agua a la población situada a lo largo de este canal. Además deben
también efectuarse estudios de los impactos del embalse en las napas de agua a lo largo de las
costas del embalse, especialmente en las zonas urbanas. Se hicieron estudios hidrogeológicos
que no incluyeron ningún tipo de participación pública. Asimismo, en la ciudad de Carmen del
Paraná, (que a cota 83 quedaría en su mayor parte anegada) se nota ya el efecto del aumento
de nivel de la napa freática en toda el área urbana de la ciudad. Esto mismo sucede en las
zonas de islas no inundadas (y consideradas aún no afectadas por el embalse). Un caso
dramático es el de la Isla del Medio, frente a Encarnación, cuyos pobladores (no considerados
afectados por el nivel actual del embalse según la EBY) tuvieron que abandonar sus tierras
pues es totalmente imposible seguir cultivando en los suelos de la isla por la elevación de la
napa freática prácticamente hasta la superficie.
Las filtraciones de la represa hacia los esteros del
Iberá y campos de la zona pueden significar un gran impacto ecológico y por ende económico
para los habitantes de la zona. Recientemente la EBY convocó a un panel de especialistas a
puertas cerradas para analizar este tema, sin difusión pública. Los estudios realizados hasta el
momento son contradictorios entre sí.
Los sistemas de traslado de peces diseñados
para el embalse no han tenido en cuenta la migración de los peces corriente abajo, puesto que
los mismos tienen que pasar a través de las turbinas o sobre los vertederos (si es que están
operando), circunstancia que conlleva la muerte de numerosos peces. Además, las
instalaciones efectuadas para facilitar la migración de los peces corriente arriba (escala de
peces) son extremadamente ineficientes, cuando funcionan. La evaluación ambiental no
considera adecuadamente el impacto de la presa en los peces migratorios y no desarrolla
técnicas de mitigación apropiadas para el Río Paraná.
Hay varias especies de peces migratorios en el
Río Paraná que están siendo perjudicadas por el Proyecto. Algunas de estas especies emigran
corriente abajo y corriente arriba, dos o tres veces en sus vidas. El Proyecto incorpora
tecnología muy cara que no es apropiada para el río. Los elevadores de peces, que han
costado US$ 30 millones, sólo transportan los peces corriente arriba. Incluso cuando funcionan
bien, según oficiales del Banco, sólo y como máximo, el 7% de los peces que van corriente
arriba y llegan hasta la represa, serán transportados por los elevadores de peces. Los peces
deben entonces emigrar de nuevo corriente abajo y son forzados a pasar por las turbinas o las
salidas, causando esto gran mortandad.
El sistema de transferencia de peces de Yacyretá,
según investigadores del CONICET que evaluaron el mismo, tiene una eficacia del 0,62% para
los peces de interés comercial y un 1,88% para el total de las especies. Estos valores
demuestran que el índice de pasaje de peces del sistema, aún bajo una operación mecánica
óptima, es inadecuado para mantener el stock migratorio en el tramo Superior del río Paraná.
La ictiofauna del embalse ha cambiado completamente, y las pocas especies existentes son de
escaso a nulo valor comercial.
Todos los pescadores de la zona de influencia del
embalse de Yacyretã coinciden en que los peces de valor comercial (surubí, dorado y otros)
han desaparecido en el embalse. Según estos pescadores, hoy existe en el embalse una gran
cantidad de pirañas y de rayas.
El otro grave problema es la pesca predatoria
con explosivos que se realiza sin ningún tipo de control al pie de la presa, punto que también
se trató en la Declaración Conjunta de los presidentes.
Planes de manejo ambientalmente adecuados
deben ser desarrollados e implementados para las ciudades de Posadas, Encarnación y Carmen
del Paraná, incluyendo las cuencas de los ríos Quiteria, Mboi Ka'e y Tacuary, para asegurar la
calidad de las aguas y evitar riesgos en la salud pública en estas áreas urbanas, rodeadas de
agua estancada principalmente en embalses.
La EBY no efectuó una adecuada evaluación de la
biodiversidad del lugar del Proyecto antes de llenar el embalse, aunque esto fue requerido
repetidamente por ONGs. El estudio de flora y fauna hecho por el Centro Paraguayo de Datos
estaba limitado a algunas especies de vertebrados, particularmente grandes mamíferos y aves
en peligro de extinción. El embalse fue llenado, por tanto con un extremadamente limitado
conocimiento de la biodiversidad natural que fue destruida, lo cual obstaculizará los esfuerzos
para proteger ecosistemas similares.
La inefectiva categorización de la fauna y la flora
impactadas también se refleja en los intentos de la EBY de rescatar animales amenazados.
Esta se concentró casi exclusivamente en megafauna carismática, y lo que constituyó un
intento de manipular a la opinión pública. Los pocos animales rescatados de las islas inundadas
no han sido relocalizados en reservas sustitutorias, y la mayoría de los ejemplares
relocalizados no han sobrevivido. El Jefe de la Unidad de Medio Ambiente del Banco Mundial
aclaró los objetivos del programa de rescate de animales en un documental sobre Yacyretã
para la "Canadian Broadcasting Company" diciendo que "El programa de rescate de animales
ha logrado sus objetivos en gran parte. El rescate de animales individuales produce buena
televisión, buena propaganda para el Proyecto, puesto que muestra que se ha hecho un
esfuerzo por rescatar a los monos, ciervos y otros. Pero en términos de biodiversidad, el
impacto en los valores ecológicos que todos compartimos, es mínimo."
El Proyecto ha destruido importantes
ecosistemas, como los de las islas Yacyretã y Talavera. A cota 76 quedaron bajo agua 55.000
ha incluyendo islas y tierra firme.
La creación de reservas compensatorias ha sido
una ilusión, la EBY y los Bancos alegan que se han creado seis reservas compensatorias. Sin
embargo, en la mayoría de los casos no se ha adquirido título de estas tierras, y las zonas no
están siendo protegidas.
Mientras que 80.000 hectáreas
aproximadamente van a ser inundadas en Paraguay, sólo 9.000 hectáreas de reservas
compensatorias han sido designadas por la EBY en territorio paraguayo, en el extremo oeste
del borde de la Isla de Yacyretã. Aunque esta área es de gran importancia natural, no puede
considerarse protegida, puesto que está siendo actualmente degradada por la cría de ganado,
la quema de bosques y praderas, y el corte indiscriminado y agricultura de rozado en áreas
boscosas. Además, dentro de esta "reserva" hay una base militar, una carretera internacional,
un gran vertedero de basura no regulado para la ciudad de Ayolas, y un área destruida por
préstamos de material suelto para la construcción de la presa. Esta última área es la única
parte de la reserva propiedad de EBY en la actualidad. El resto es propiedad privada. El
remanente del raro bosque de Arary que queda en la Isla Yacyretã, que es uno de los
ecosistemas más importantes en necesidad de protección, también será amenazado de sequía
en los mismos largos períodos que el Aña Cua. Así, con las turbinas funcionando, si el
programa de mitigación planificado no se pone en práctica, los árboles Arary estarán en peligro
de extinción. Finalmente, esta área es parte del territorio tradicional de las comunidades Mbya
que originalmente habitaban la isla, las cuales tienen derecho, según la Constitución Nacional
del Paraguay, a reclamarla como parte de su territorio ancestral.
La propuesta Reserva Yabebyry y el "Refugio
Faunístico" Atinguy están en una zona propuesta para irrigación que será desarrollada por la
Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (AJCI-JICA). EBY originalmente se
comprometió a comprar un total de más de 41.000 hectáreas en la cabecera del Río Yabebyry
para establecer una reserva compensatoria, después, la EBY transfirió esta responsabilidad al
gobierno del Paraguay, que designó una zona de 30.000 hectáreas en esta área como parte
del propuesto Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINASIP). Esta tierra todavía es
propiedad privada y es explotada como establecimientos ganaderos. Además, esta parte no
incluye algunos de los ecosistemas más importantes que podrían asegurar la supervivencia de
algunos de los animales salvajes que serán allí liberados.
Las dunas de arena del cerro Yvycu'i que eran la
zona más alta de la Isla Yacyretá, y que han sobrevivido parcialmente al embalse a su nivel
actual, constituyen un ecosistema único con una rica biodiversidad que deben tener una
protección asegurada. La mayoría de estas dunas todavía están sobre el nivel del agua con el
actual nivel de aguas del embalse, pero si el embalse sube tan sólo unos decímetros más,
desaparecerán. Se deben tomar medidas de protección contra la acción de las olas en forma
inmediata.
En el lado argentino, las propuestas reservas de
Apipé Grande y Apipé Chico serían inundadas en su mayor parte por el embalse del Proyecto
Hidroeléctrico Binacional Itati-Itacora, localizado aguas abajo de Yacyretã cerca de la
confluencia del Paraná y del Paraguay. Las propuestas ampliaciones del Parque Provincial
Teyú-Cuaré y la Reserva Compensatoria Campo San Juan no han sido aún efectivizadas y
serán en parte anegadas con la suba de la cota de Yacyretã.
El embalse a cota 83 causará enormes
incrementos en los impactos sociales y ambientales: los Bancos y la EBY subestiman en gran
medida los riesgos ambientales del proyecto, particularmente los relacionados con la calidad
del agua en los sub-embalses urbanos y los impactos en hábitats de crítica importancia. Las
deficiencias y los atrasos en la implementación de los planes A y B han exacerbado los
impactos de la obra. Los impactos reales a la cota actual del embalse, de 76 metros sobre el
nivel del mar, nunca han sido adecuadamente evaluados. Mas aún, la extensión y gravedad de
los problemas adicionales a cota 83 serán mucho mayores que los impactos actuales. Además,
existe una muy seria falta de comprensión sobre los impactos reales a ese nivel del embalse.
El SAR para el Préstamo 3520-AR (Banco
Mundial), establece específicamente que "la operación permanente de la Represa Yacyretã a
un nivel más bajo (76 o 78 metros sobre el nivel del mar) reducirá significativamente los
costos de mitigación de los daños ambientales". El SAR sintetiza el ahorro en costos de la
siguiente manera:
1-el número de personas involuntariamente
reasentadas a 76 metros es de 34.500 menos que a 83 metros;
2-el riesgo de tener aguas estancadas es menor
a 76 metros que a 83;
3- a 76 metros habrá 50 % menos de tierras
silvestres inundadas con la consecuente disminución en la pérdida de fauna y flora;
4- a 76 metros habrá mayor protección de la
zona selvática del Río Paraná aguas arriba de las ciudades de Encarnación y Posadas y a 83
metros sobre el nivel del mar, más de 3.600 hectáreas de estas tierras se inundarían.
Desde el mes de abril de 2000 la EBY está
realizando una reactualización de los afectados que clasifica a quienes serán trasladados de la
siguiente manera:
Beneficiarios: aquellos que fueron censados
primero, en 1979 y luego, en 1989.
Adicionales: aquellas personas "nacimientos,
nuevos habitantes" que fueron relevados con posterioridad a los censos. La última
actualización data de 1999.
Extra censales: son quienes no estaban
registrados ni en los censos ni en las distintas actualizaciones posteriores.
Esto de ninguna manera reemplaza la necesidad
de un nuevo censo, tarea pendiente y fundamental, dado que las cifras oficiales no reflejan la
realidad. Solo con un censo adecuadamente realizado se podrá saber la cantidad de afectados
a la cota actual del embalse y a cada alternativa de cota superior.
Miles de familias más deberán ser relocalizadas,
parte de Posadas y Encarnación quedarán bajo agua, otros centros urbanos como Carmen del
Paraná no tienen realizada una evaluación exhaustiva de lo que podría significar el total
desplazamiento de la ciudad.
Dado el sufrimiento que han soportado los
afectados hasta el momento, es dudosa la esperanza que las miles de familias adicionales que
deberán ser trasladadas por subir el embalse a cota 83 tendrán mejor suerte. La pérdida de
medios de vida, el aumento de los problemas de salud, la falta de acceso a recursos, la tensión
y la inseguridad creada por los desplazamientos y por la destrucción de la trama comunitaria
han creado enormes problemas sociales y económicos hasta hoy no resueltos en el área
afectada por el embalse de Yacyretá.
A esos costos se deben adicionar los "costos no
recuperables" estimados en unos 10.000 millones de dólares.
El gobierno argentino sostiene la conveniencia de
elevar la cota a 83 ya que la producción energética será 19.405 Gwh, lo que reflejará un
aumento en la facturación anual de U$S 142.274.800. Utilizando las cifras muy conservadoras
del Banco Mundial serían necesarios unos 14 años de operación a cota 83 para recuperar esos
costos, más el tiempo que puede asumir todas las obras pendientes para poder elevar el
embalse. Pero como aún no existe una evaluación acabada de estos costos, este tiempo podría
ser mucho mayor. Miles de familias han arruinado su vida y no es posible que sigan esperando
y viviendo en la incertidumbre sobre su futuro. Estos son costos inconmensurables para
ponerles precio de mercado y pretender solucionarlos simplemente vendiendo más energía.
Por otro lado también es poco confiable la
capacidad de la EBY para llevar adelante los programas previstos, tal como ha apostado
recientemente el gobierno argentino, cuando ya en 1992 cuando se aprobó el préstamo del
Banco Mundial la reputación de la EBY ya era mala. El Panel Cinta Azul del Banco Mundial
expresa:
"La Entidad Binacional, EBY, que fue creada para
manejar la realización de gigantesco proyecto y operar las instalaciones, no tiene credibilidad
de la población afectada, credibilidad que perdió por haber fallado en informarles
efectivamente sobre el progreso del proyecto y sobre los cambios que se han producido y
porque no ha provisto los canales apropiados para la participación efectiva. Además la EBY
está vista como una organización que ha creado problemas, ha hecho promesas sobre
soluciones que no se han materializado. Con este problema de imagen para comenzar, la
perspectiva de la EBY para implementar los programas que se requieren para elevar el
embalse a cota 83 tiene una muy baja probabilidad de éxito".
La impresión que se ha tratado de imponer a la
gente afectada en el último año, es que a menos que el nivel del embalse se eleve a cota 83,
aquellos que han sido hasta hoy afectados (y particularmente los que serían desplazados solo
una vez que suba el nivel de agua) no podrán recibir ninguna compensación por los perjuicios
que ya se les ha causado. La opinión pública se ha dividido entre aquellos que creen que el
embalse debe mantenerse al nivel actual y aquellos que quieren que se eleve a su nivel final
de operación. La definición de "afectados" debe ser ampliada para reconocer a aquellos cuyas
vidas y bienes han sido trastornados por el embalse, hayan sido o no desplazados.
La pérdida adicional de hábitat, especialmente en
los remanentes de las islas en el embalse actual, de un valor enorme (nunca adecuadamente
evaluado antes del llenado del embalse) desde el punto de vista de la diversidad biológica y del
creciente potencial económico que esta particularidad tendrá para la región, sobre todo para la
zona aledaña al embalse), se perderían para siempre.
Argentina y Paraguay son parte de la Convención
de Diversidad Biológica y otros acuerdos medioambientales internacionales, como la
Convención de Cambio Climático. Las violaciones de las políticas de tierras silvestres, la falta
de información en los estudios de preservación biótica, y la falla en la mitigación de los
impactos en la migración de los peces, todas constituyen un desprecio sistemático por el
impacto del Proyecto en la biodiversidad, y ciertamente perjudican los objetivos de la
Convención para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.
Miles de hectáreas adicionales de territorio se
anegarían, mayormente en Paraguay, en los valles de los arroyos Caraguatá, San Martín y
Tacuary. El valle del Arroyo Aguapey, necesita obras de protección (terminación de la presa de
cierre, excavación del canal de derivación hasta el canal de la presa lateral derecha), para
evitar inundar unas 28.000 hectáreas de territorio paraguayo adicionales a lo establecido en el
Tratado de Yacyretá. Además el sub-embalse que aquí se crearía, de escasa profundidad, sería
una amenaza para la salud pública, pérdida de hábitat y de valiosos campos de cultivo de arroz
(que a su vez ya fueron trasladados a causa de la obra, causando un gran impacto económico
en el distrito de Carmen del Paraná). Por otro lado, obras adicionales en sí mismas tampoco
tienen realizado un estudio de impacto ambiental, su costo se estima en más de 100 millones
de dólares y su construcción llevará varios años.
Todos los impactos ambientales mencionados
para el actual nivel del embalse se agravarán aún más. A pesar de conocerse los daños
existentes, al elevar 7 metros más la cota, se sabe que estos daños se intensificarán, pero aún
así se insiste con elevar la cota, lo cual demuestra una gran irresponsabilidad y falta de
compromiso con respecto a promover un genuino desarrollo sustentable.
Por todo lo expuesto, es que solicito la
aprobación de este Proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| TINNIRELLO, CARLOS ALBERTO | CIUDAD de BUENOS AIRES | REDES |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ENERGIA Y COMBUSTIBLES (Primera Competencia) |
| ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |