La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio por la privación de la libertad que sufren los ciudadanos cubanos René González Sechwerert, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez, Ramón Labañino Salazar y Gerardo Hernández Nordelo, detenidos en Miami, Estados Unidos, desde el 12 de septiembre de 1998 y solicitar al PEN que, a través de los organismos internacionales que correspondan, comunique esta declaración.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene como antecedente el que fuera presentado en el año 2006 por los señores diputados Francisco Gutierrez, Edgardo Depetri, Araceli Méndez de Ferreira, Miguel Bonasso, Remo Carlotto, Graciela Rosso, Blanca Osuna, Isabel Artola y Eduardo Macaluse (6969-D-2006) , cuyos fundamentos se reproducen a continuación.

La injusta situación por la que atraviesa y afecta a cinco ciudadanos cubanos presos en los Estados Unidos y a sus familias desde hace ocho años, es un calvario digno de ser atendido por todo ser humano de bien y por quienes tenemos posibilidades de influir sobre las conductas de los hombres con el objeto de que reviertan su equivocado o insidioso proceder.

Los ciudadanos René González Sehwerert, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez, Ramón Labañino Salazar y Gerardo Hernández Nordelo, fueron arrestados en Miami el 12 de septiembre de 1998, acusados de 26 acciones penales.

El arresto se produjo poco después de que, en junio de 1998, una delegación del FBI recibiera en la ciudad de La Habana y de manos del gobierno cubano, cuatro volúmenes y varias cintas grabadas con abundante información sobre residencias y campos de entrenamiento de grupos terroristas con asiento en Miami, así como respecto de planes urdidos sin pausa en contra de Cuba, que le causaron a ese país miles de muertos e inválidos, e ingentes pérdidas materiales a lo largo del tiempo.

Aunque estos actos son violatorios de las propias leyes de los EE.UU. sus autoridades, en lugar de perseguir a los delincuentes, encarcelaron a quienes habían contribuido a recopilar esa valiosa información.

Desde su arresto, estos cinco hombres, han sido víctimas de un tratamiento violatorio de los derechos más elementales e incluso confinados en solitario, encerrándolos en celdas de castigo durante 17 meses, aislados entre sí y del resto de la población del penal, contraviniendo las regulaciones penitenciarias de los EE.UU.

Reiteradamente, los abogados defensores señalaron que el clima de opinión hostil hacia Cuba, imperante en Miami, haría imposible que se celebrara allí un juicio justo y solicitaron un cambio de sede. Estos pedidos fueron desestimados por la Fiscalía y por la jueza, pese a lo cual, un año después de dictadas las sentencias, esa misma Fiscalía utilizó argumentos similares a los que había negado para con el caso de los cinco y pidió cambio de jurisdicción en un juicio civil en el que el Gobierno de los Estados Unidos fue acusado de discriminación laboral contra residentes latinos.

En el transcurso del juicio, que duró seis meses y comenzó recién a los dos años de dichas detenciones, se demostró ampliamente que los cinco ciudadanos cubanos habían llegado a los EE.UU. con el único objetivo de monitorear las actividades de los antedichos grupos terroristas radicados en Miami, para informar a Cuba sobre sus planes criminales.

Ninguna de las graves acusaciones pudo probarse. Finalmente, la Fiscalía debió admitir que entre las veinte mil (20.000) fojas de documentación secuestrada de las computadoras de los inculpados, no había una sola que contuviera información clasificada o relacionada con la seguridad nacional de los EE.UU.

También reconoció su imposibilidad de probar la conspiración para cometer asesinato, que pesa sobre uno de ellos, Gerardo Hernández Nordelo. No obstante, el Jurado los declaró culpables de todos los cargos, dictando severas condenas que van desde 15 y 18 años de prisión hasta varias cadenas perpetuas. Dejando traslucir una motivación estrictamente política.

El 27 de mayo del 2005, el Grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, órgano que forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de esa organización mundial, luego de analizar el caso a pedido de los familiares de los detenidos, determinó que la detención que padecen es arbitraria y contraviene el artículo 14 del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Poco tiempo después, el 9 de agosto del 2005, el Tribunal de Apelaciones de Atlanta resolvió, por el fallo unánime de los tres jueces a cargo, anular lo actuado, revocar las sentencias, y disponer nuevo juicio en sede imparcial, fundamentando su decisión en un extenso escrito de 93 páginas en el que da la razón a la Defensa, sosteniendo que el juicio no debió realizarse en Miami. Lejos de tomar alguna iniciativa que remediara tantas arbitrariedades, la Fiscalía tardó dos largos meses en apelar la decisión, que fue aceptada. Recientemente, el 9 de agosto del 2006, en nueva maniobra dilatoria, el pleno del Tribunal resolvió rechazar la moción para la realización del nuevo juicio dispuesto exactamente un año antes, y reenvió el caso al Tribunal inicial, para que se expida en relación a los otros nueve puntos sobre los que está formulada la apelación.

Como castigo adicional e inaceptable, los familiares deben esperar meses enteros para que les sean concedidas las visas y poder visitarlos en los EE.UU. La niña Ivette González Salanueva ha podido finalmente ver a su padre, tras siete años sin poder llegar a él, pero su madre continúa sin poder visitar a su esposo al igual que Adriana Pérez a quien le niegan la visa para visitar a Gerardo Hernández Nordelo, su marido.

El 11 de enero de 2006, la señora Susan Lee, Directora del Programa Regional para las Américas de Amnistía Internacional, dirigió una carta al Sr. Kevin Whitaker del Departamento de Estado, condenando duramente la negativas del gobierno a conceder las visas.

"En cualquier caso, dice la carta, dicho rechazo de visitas familiares a los prisioneros condenados implica un aumento significativo de las penas respectivas". Y agrega: "En el presente esto es aún de mayor preocupación, dadas las serias dudas que han surgido acerca de la justicia e imparcialidad con que se dictaron las sentencias". Señalando además que "Los cinco permanecen en prisión a la espera del proceso de apelación del gobierno de los Estados Unidos contra la decisión de la Corte del Circuito Cuarto, proceso que Amnistía Internacional seguirá muy de cerca."

Señor Presidente, los acusados René González Sehwerert, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez, Ramón Labañino Salazar y Gerardo Hernández Nordelo, no cometieron delito alguno, no produjeron hechos violentos ni atentaron contra la seguridad nacional de los EEUU. Por el contrario, evitando acciones terroristas (alrededor de 170), contribuyeron a salvar muchas vidas, no sólo de ciudadanos cubanos sino también de norteamericanos ya que, después de Cuba, Estados Unidos ha sido el país más afectado por las acciones de grupos como los que ellos monitoreaban.

Esta conducta les ha valido que la causa por su liberación sea abrazada por miles de personas, entre las que figuran personalidades que gozan de prestigio y reconocimiento en el mundo entero como nuestro premio Nobel de la Paz, el señor Adolfo Pérez Esquivel. Y justamente, en mérito al accionar de los cinco, que evitaron que siguiera corriendo sangre al haber conseguido frustrar atentados, fueron propuestos para el Premio Nobel de la Paz en 2005, a iniciativa de relevantes intelectuales mundiales y de varios de los 270 Comités creados en 96 países en procura de su justa liberación.

Justicia que corroboran las declaraciones prestadas en juicio por personalidades militares de los EE.UU tales como el teniente general de la Fuerza Aérea James R. Clapper, el contralmirante de la Marina de Guerra Eugene Carroll, el General del cuerpo de infantes de Marina Charles Elliot Wilhelm y el general de división del Ejército Edgard Bree Atkeson, quienes corroboraron que los cinco cubanos no habían constituido amenaza alguna para la seguridad nacional de los EE.UU, tal como pretendía argumentar la acusación. Lo que fue corroborado por Richard Nuccio, asesor para asuntos relativos a Cuba del ex Presidente Clinton.

Por todo lo expuesto, Sr. Presidente es que solicitamos la intervención de este H Cuerpo Legislativo, enfatizando el reclamo para que estos hechos, que afectan no sólo a los cinco ciudadanos cubanos y sus familias, sino también al prestigio de las instituciones de los EE.UU, sean revertidos lo más pronto posible. La intervención de este cuerpo puede resultar de gran influencia a tal efecto, y es por ello que solicito el voto favorable de los Sres. Legisladores.