La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Repudiar el desmantelamiento de la antena transmisora de la radio FM Plus que de modo ilegal habrían realizado funcionarios del municipio bonaerense de San Miguel aduciendo órdenes impartidas por el Secretario de Gobierno de esa comuna, señor Alfonso Coll Areco y que devinieron en un cercenamiento de la libertad de expresión.

Señor presidente:

El 28 de agosto pasado, un grupo de personas que dijeron ser empleados de la bonaerense Municipalidad de San Miguel y contar con órdenes del Secretario de Gobierno de esa comuna, señor Alfonso Coll Areco, procedieron a violar -con asistencia de la policía provincial- una propiedad privada, delito agravado por el hecho de haberse concretado mediante escalamiento, con el propósito de desmantelar la antena de transmisión de la emisora local FM Plus, cuyo titular es el periodista Gustavo Estigarribia, profesional al que muchos conocemos por su larga trayectoria en esta Cámara como cronista parlamentario.

El argumento esgrimido por el grupo de agentes municipales que encabezaba el señor Ricardo Rojas para desmantelar la antena transmisora era que la misma carecía de habilitación municipal. De ser ello cierto, el cometido hubiese sido imposible de concretar, en tanto los agentes carecían de una orden de allanamiento emitida por una autoridad judicial para ingresar al predio privado en el que estaba localizada la ante antena.

Sin embargo, la argumentada carencia de habilitación no era responsabilidad del propietario de la radio, quien hace más de un año inició ante las autoridades municipales las gestiones para obtenerla, sin que desde entonces tales autoridades le requiriesen documentación alguna para darle continuidad al trámite.

Recién a fines de julio último, se apersonaron a los estudios de FM Plus inspectores del Municipio de San Miguel para intimar a Estigarribia a presentarse en la municipalidad dentro de los siguientes 5 días hábiles a fin de aclarar la situación de la antena. Inmediatamente, el titular de la emisora concurrió a la sede comunal, donde en la Secretaría de Control y Ordenamiento Urbano lo anoticiaron de la documentación que debía presentar para continuar con el trámite y le concedieron un plazo de 180 días hábiles para hacerlo.

A pesar de ello, Estigarribia recibió al día siguiente la visita de inspectores municipales que portaban una orden para "clausurar" la antena emitida por el juez de faltas Carlos Rey. Ante esa circunstancia, el titular de la radio exhibió la nota de la Secretaría de Control y Ordenamiento Urbano en la que se le otorgaba el mencionado plazo de 180 días hábiles para cumplimentar la documentación y los inspectores se retiraron sin concretar la clausura. Aunque en las semanas que siguieron la emisora no recibió notificación oficial alguna, sí -en cambio- tomó conocimiento de rumores que aludían a la intención de acallarla que tendrían tanto el Intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, como su secretario de Gobierno Alfonso Coll Areco.

En medio de la incertidumbre que le generaban los rumores, en la mañana del jueves 27 de agosto Estigarribia logró frustrar el intento de cuatro operarios de la empresa Torre Mont que, habiendo ingresado de modo ilegal al predio donde se emplaza la antena, estaban iniciando un operativo para desmantelarla, mientras inspectores del municipio presenciaban su accionar desde la calle.

Al día siguiente, las mismas personas regresaron al lugar, pero esta vez lo hicieron acompañados por efectivos de la policía bonaerense que rompieron la cerradura del portón del predio en el que se ubica la antena. A pesar de ello, no lograron ingresar porque se lo impidieron las trabas y candados que Estigarribia había colocado del lado de adentro. Ante ello y a la vista de representantes de medios de comunicación que se habían convocado en el lugar, el ya mencionado agente Ricardo Rojas escaló el portón, ingresó a la propiedad, rompió los candados y retiró las trabas para permitir el acceso de los operarios de Torre Mont.

Mientras esto ocurría, Estigarribia se entrevistaba con el juez de faltas Carlos Rey, quien tras escuchar sus explicaciones decidió suspender su orden.

De inmediato, Estigarribia anotició de la decisión del juez Rey al agente Rojas con el propósito de que se parara el ya iniciado desmantelamiento de la antena. Para su sorpresa, Rojas le expresó que él "no respondía al Juez sino, al Secretario de Gobierno de San Miguel, Sr. Alfonso Coll Areco quién le había ordenado que siguiera adelante con el operativo hasta tanto y en cuanto esa orden no llegara a sus manos"

Recién a las tres de la tarde del viernes 28 de agosto Estigarribia logró exhibir la orden suspensoria del juez Rey y conseguir que Rojas retirara al personal que actuaba bajo sus órdenes; pero negándose a reconstruir el montaje de la antena. En consecuencia, quedaron desparramadas en el predio las balizas de la antena, 95 metros de cable y varios dipolos dañados. Otras piezas, en cambio, habían desaparecido.

De hecho, hasta el momento, FM Plus no ha podido reanudar sus transmisiones; con lo cual, el acto vandálico cometido sobre una parte sustantiva de sus instalaciones ha devenido en un atentado contra la libertad de expresión.

En tal sentido, llama poderosamente la atención que este acallamiento de un medio independiente haya sido producto de una orden emanada por el señor Alfonso Coll Areco que, además de Secretario de Gobierno de la comuna de San Miguel, es un periodista de dilatada trayectoria en medios como Canal 9 y el matutino La Nación, diario en el que llegó a ocupar cargos relevantes.

Aún hoy, Coll Areco sigue vinculado con la comunicación social. En paralelo con su tarea municipal, se desempeña como director ejecutivo de "Las Bases", órgano que desde hace poco más de un año es vocero de Confederaciones Rurales Argentinas.

La íntima relación que Coll Areco mantiene con los medios de comunicación tornan aún más reprochables las órdenes que habría impartido a sus subordinados para limitar el derecho a la libertad de expresión de una emisora independiente.

Por todo ello, solicito a los Señores Diputados tengan a bien acompañar el presente Proyecto de Resolución.