La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, que por intermedio del Ministerio de Salud y/o de la Superintendencia de Servicios de Salud, informe sobre los siguientes puntos que hacen a la efectiva prestación de los servicios de salud a los afiliados de la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD):

1.- A cuanto asciende la deuda del Estado Nacional con OSPLAD, teniendo en cuenta que tanto la CGT, como la CTA, han hecho público su reclamo por una deuda hacia las obras sociales, que superaría los 11.000 millones de pesos, asimismo indique medidas que se han adoptado al respecto.

2.- Teniendo en cuenta que la Superintendencia de Servicios de Salud es el ente de regulación y control de los actores del Sistema Nacional del Seguro de Salud, debiendo supervisar, fiscalizar y controlar a las Obras Sociales y a otros Agentes del Sistema, informe cual es la deuda que mantiene cada una de las provincias con OSPLAD, y cual es la razón por la cual, algunos de los afiliados a dicha obra social, tienen cortados los servicios de salud (como en el caso de la provincia de Entre Ríos) mientras que otros distritos, que tendrían deudas sensiblemente superiores, mantienen en pie las prestaciones (caso de la Ciudad Autónoma de Bs. As. y provincia de Santa Fe entre otros). Indique en su caso, qué medidas se han adoptado al respecto.

3.- Cuales son los motivos por los cuales la Administradora de Programas Especiales (APE) no habría efectuado los reintegros de fondos que le corresponden a la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD), existiendo actualmente una deuda que esa obra social estima que excede los $ 167.000.000 (Pesos ciento sesenta y siete millones).

4.- Qué medidas tiene en cuenta llevar a cabo el P.E.N. para cumplir con dicha obra social, ante la profunda crisis económica-financiera por la que está atravesando la misma.

5.- A cuánto ascienden mensualmente la totalidad de los recursos obtenidos de los aportes del personal docente y las contribuciones patronales que deberían ser destinados a la Obra Social para la Actividad Docente.

6.- Informe de una manera detallada y pormenorizada, cuales son los mecanismos seguidos desde que se obtienen los aportes de los afiliados y las correspondientes contribuciones patronales, indicando cuales son las instituciones estatales y bancarias que intervienen, hasta la efectiva disponibilidad de los fondos por parte de OSPLAD. Asimismo, y en el caso de haberse detectado irregularidades en el referido proceso, informe cuales han sido las medidas que se tomaron al respecto.

Señor presidente:

Como es de público conocimiento, actualmente, la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD), se encuentra atravesando por una grave crisis económica y financiera., tal como lo ha denunciado el presidente de su Consejo de Administración, Prof. Daniel R. Perata, quien hizo pública la deuda que con OSPLAD mantienen varios Gobiernos Provinciales (Misiones, Catamarca, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Pcia. de Buenos Aires, Sgo. del Estero, entre otros); el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Organismos Nacionales (Universidad Tecnológica Nacional, Instituto Universitario de las Artes) y más de 2200 Instituciones Educativas Privadas de todos los niveles. Esa deuda estaría constituida por sumas nunca depositadas en la Obra Social, por más de $ 590.000.000 (PESOS QUINIENTOS NOVENTA MILLONES).

A sólo modo de ejemplo -manifiesta Perata en la Carta a los Afiliados publicada en la página web de OSPLAD-, hace más de tres años que vienen negociando con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, distintas propuestas para que cancelen una deuda ya reconocida y admitida por las autoridades, que supera los $ 259.000.000 (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES). A la par -continúa- esperan el fallo de primera instancia por la vía judicial. Algo similar sucede - en lo administrativo y/o judicial - con la Provincia de Buenos Aires por $ 37.000.000; Misiones adeuda aproximadamente $ 19.000.000; Santiago del Estero más de $ 18.000.000; Tucumán $ 15.000.000; Santa Fe $ 55.000.000; UTN $ 4.100.000; Institutos Educativos Privados más de $ 71.000.000.

En lo que hace particularmente a la Provincia de Entre Ríos, los afiliados a OSPLAD son alrededor de 80.000, entre docentes y no docentes estatales y privados, además de los monotributistas, quienes tienen interrumpido en forma total la prestación de los servicios para la atención de salud.

El vocal del Consejo de Administración Nacional de OSPLAD ha manifestado con respecto a Entre Ríos, que "es un caso bastante atípico porque está al día con los aportes corrientes, paga en tiempo y forma las retenciones que se le hacen a los docentes y el aporte patronal". Ahora bien, ¿por qué OSPLAD le reclama una deuda de 24 millones de pesos?. "Entre Ríos -continúa diciendo- tiene una deuda por desvío de fondos, lo que nosotros llamamos caída de CUILES que se produjo desde antes del 2000". Actualmente, hay un acuerdo de pago por 10 millones y siguen negociando los otros 14.

Esto lleva al cuestionamiento -y le da sentido al presente pedido de informes acerca de porqué se ven interrumpidas las prestaciones de servicios médicos de OSPLAD en Entre Ríos, y no en otras provincias, tal como lo denuncian desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos-Seccional Paraná.

A la deuda de los Estados provinciales, hay que sumar la deuda del Estado Nacional respecto a las obras sociales, que como se dice en el proyecto de resolución, la CGT y la CTA han manifestado que supera los 11.000 millones de pesos, llegándose al extremo que la Administradora de Programas Especiales aparece adeudando cifras millonarias a la obra social.

Según lo denuncia el propio Presidente de OSPLAD, "...de manera totalmente inexplicable, la Administración de Programas Especiales (APE), con fondos de todos los afiliados al Sistema, adeuda a la Obra Social por prestaciones efectivamente brindadas a sus afiliados y debidamente documentadas, más de $ 167.000.000 (PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES), agregando que por este motivo, en diciembre de 2010, efectuaron una denuncia en la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Respecto de la Administración de Programas Especiales, corresponde decir que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Salud, con personería jurídica propia y un régimen de autarquía administrativa, económica y financiera. Su principal objetivo es la implementación y administración de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución afectados presupuestariamente a programas especiales de salud, para la cobertura de patologías de baja incidencia y alto impacto, económico, así como otras de largo tratamiento, destinado a los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud, conforme a la Ley 23661. Tiene como misión asegurar a todos los beneficiarios del Sistema del Seguro de Salud el acceso a prestaciones de alto impacto económico, administrando en forma equitativa y justa de los fondos provenientes del aporte solidario de las Obras Sociales.

Sin embargo, es importante recordar aquí, que en informe de fecha 28/03/2012, nº 2012_30, la Auditoría General de la Nación, denunció graves irregularidades en el manejo discrecional de los fondos que maneja este organismo, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

Entre otras, se denunció la falta de rendición y recupero de casi 700 millones de pesos que le deben las obras sociales, más de dos millones de pesos de gastos en prestaciones a beneficiarios que habían fallecido, troqueles de medicamentos falsos y pagos a prestadores no inscriptos en ningún registro. De allí la importancia de solicitar se informe cuales son los motivos en virtud de los cuales se le adeuda a OSPLAD la suma detallada al punto I del presente proyecto de resolución. Asimismo, requerir al Poder Ejecutivo que prevea la manera de no dejar al descubierto dicha deuda, lo que está obstaculizando -y en algunos casos impidiendo- el funcionamiento de una de las obras sociales con más afiliados en el país.

En la búsqueda de soluciones al problema que actualmente padece OSPLAD, cobra gran importancia, la forma en que se administran los fondos originados en los aportes y contribuciones de los trabajadores, desde que son obtenidos hasta que llegan a la obra social y esta los utiliza para cubrir las necesidades de los afiliados en lo que respecta a la salud, es por este motivo entonces que se solicita al P.E. que proporcione detalle de la los mecanismos, controles e instituciones bancarias intervinientes que actúan en la práctica de puente entre el origen de los recursos y su destino, la obra social, encargada de ponerlos al servicio de los afiliados.

Es de gran utilidad conocer en detalle cual es el manejo de los recursos y en este sentido resulta de suma importancia la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud, a los efectos del contralor y fiscalización de la correcta distribución de los fondos, teniendo en cuenta la existencia también de la Administración de Programas Especiales (APE), que tiene por finalidad financiar las prácticas de alta complejidad o tratamientos crónicos a cargo de las obras sociales, con parte de los recursos señalados, actuando como un seguro solidario para las prestaciones que son de alto costo.

Asimismo y en mérito a informes de la AGN que revelan que la Superintendencia no controla ni fiscaliza como corresponde a las obras sociales, se impone la adopción de medidas que reviertan esta situación.

Por las consideraciones expuestas en estos fundamentos y por la necesidad de conocer cual es la realidad de la situación de las obras sociales, se solicita la aprobación del presente proyecto de resolución.