La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar beneplácito por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que por unanimidad decidió revocar una medida cautelar concedida por jueces federales de primera y segunda instancia de la provincia de Mendoza, y ordenó con sólidos y ejemplares argumentos poner en vigencia la sanción en democracia de la Ley Nº 26.522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual).

Señor presidente:

Los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en forma unánime revocaron una insólita medida cautelar que intentó suspender la totalidad de los efectos de la Ley Nº 26.522, sancionada por ambas cámaras de este Congreso de la Nación luego de un extenso debate previo que incluyó la realización de foros realizados en establecimientos institucionales y plazas de distintas provincias del país.

El fallo de la CSJN también realiza una valoración constitucional de la división de poderes al indicar que "ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer la vigencia de una norma erga omnes (de modo general) ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860".

Al revocar la medida cautelar avalada por jueces federales de primera y segunda instancia de la provincia de Mendoza, los magistrados supremos decidieron en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias someter a consideración de la CSJN respecto a la validez de una medida cautelar que intentó suspender la totalidad de los efectos de la denominada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, norma que derogó a la Ley Nº 22.285 del 19 de Septiembre de 1980, más conocida como Ley de Radiodifusión de la última dictadura militar.

Figurando presuntas irregularidades en su trámite parlamentario, el recurso extraordinario presentado por un legislador nacional miembro de esta Honorable Cámara fue admitido y considerado casi de manera inmediata habida cuenta que la decisión en recurso presentaba gravedad institucional para los miembros de la CSJNA, en la medida que trascendía el mero interés de las partes y comprometía el sistema de control de constitucionalidad y el principio de división de poderes previstos en la Constitución Nacional.

"La invocación de calidad de ciudadano sin la demostración de un perjuicio concreto es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma", señala en un párrafo de sus considerando el fallo de la CSJN al referirse a un miembro de esta Honorable Cámara que había solicitado la medida cautelar, pero que al momento de participar durante varias horas del debate parlamentario de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dado en el recinto del Palacio Legislativo decidió estar ausente.

En otro tramo de los considerando el fallo de la CSJN agrega: "De lo expuesto surge que un legislador no tendría legitimación activa cuando lo que trae a consideración de un tribunal de justicia es la reedición de un debate que ha perdido en el seno del Poder Legislativo por el juego de las mayorías y minorías respectivas.....del análisis del caso no surge la necesaria convicción que demuestre el modo en que el demandante fue inequívocamente privado de ejercer las atribuciones que le asisten como legislador, tanto durante el tratamiento llevado a cabo en las comisiones que tomaron intervención, como en oportunidad de la consideración de los diversos dictámenes que realizó la Cámara de Diputados, de la votación en general del proyecto del dictamen de mayoría y su ulterior tratamiento y vocación en particular".

El fallo de la CSJN respecto de la medida cautelar aprobadas por tribunales de primera y segunda instancia de la provincia de Mendoza señala que la Constitución Nacional no confiere ningún poder a ningún juez o tribunal de conseguir caer la vigencia de una norma erga omnes (de modo general), alterando gravemente el modelo de control constitucional de las leyes. Asimismo que la medida cautelar solicitada por un miembro de esta Honorable Cámara y avalada por jueces federales de primera y segunda instancia de la provincia de Mendoza no respeta el criterio de razonabilidad.

El dictamen del Procurador General de la Nación Esteban Righi revocó la medida cautelar que suspendía la Ley Nº 26.522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), y los miembros de la CSJN por unanimidad decidieron en mismo sentido y por unanimidad revocar la medida cautelar dictada por la jueza federal de primera instancia de Mendoza Olga Pura Arrabal, ratificada por la Cámara Federal de esa provincia.

El respeto de las instituciones democráticas también es respetar a los distintos tratamientos legislativos que a expedientes parlamentarios realiza el Congreso de la Nación en ambas cámaras resguardando la Constitución Nacional, tal caso de la debatida Ley Nº 26.522 que en democracia y luego de casi 30 años logró derogar a la Ley Nº 22.285, más conocida por Ley de Radiodifusión publicada el 19 de Septiembre de 1980.

Es por estos motivos que solicito a esta Honorable Cámara tratamiento y aprobación de este expediente parlamentario.-