La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que resulten competentes, informe lo que a continuación se solicita con referencia a la situación del Nuevo Banco de La Rioja SA:

1) Si el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el marco de lo establecido por los artículos 4° y 7° de la Ley N° 21.526 de Entidades Financieras, autorizó una transferencia de acciones del Nuevo Banco de La Rioja SA desde el Banco Santiago del Estero SA y la provincia de La Rioja;

2) Si la Unidad de Información Financiera (UIF) recibió, durante 2014 y 2015, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por parte del Nuevo Banco de La Rioja (NBLR);

3) En caso de una respuesta afirmativa al interrogante anterior, eleve listado completo de los mismos, detallando CUIT y números de las cuentas bancarias involucradas, y monto de cada operación reportada.

Señor presidente:

A fines de julio del corriente año, el gobernador Beder Herrera anunció la reestatización del Banco Rioja fundado en supuestos "incumplimientos" por parte del Bando de Santiago del Estero, del grupo empresario Ick, referidos al contrato de cesión.

Durante la presidencia de Carlos Menem, a través de un decreto del 16 de agosto del año 2000 con la firma de los entonces Gobernador, Dr. Ángel Maza, y Ministro Coordinador y actual gobernador Dr. Luis Beder Herrera, se dispuso la venta del 70 por ciento del Nuevo Banco de La Rioja S.A.

La decisión se tomó por exigencia del Banco Central de la República Argentina, producto que a esa fecha, el NBLR tenía créditos, en su mayoría incobrables, por más de 100 millones de dólares y se encontraba en estado de insolvencia.

El 70% del paquete accionario fue adjudicado al Banco de Santiago del Estero S.A. controlado por el grupo Ick. La provincia, estatutariamente, designó dos directores y un síndico titular, puestos que en la actualidad desempeñan el Dr. Ángel R. Ávila, el Dr. Carlos Grimaux y el CPN Luis Cerrezuela.

Según el gobernador Beder Herrera, el banco riojano tiene sumarios en el Banco Central por no haber otorgado préstamos accesibles en un porcentaje de sus acreencias, y lo criticó por aplicar altas tasas de intereses a los préstamos que solicitan los empleados públicos. El contrato de cesión, que se extendía por cinco años más, incluía el manejo exclusivo de los fondos del gobierno provincial y el pago de sueldos de la administración pública.

El jueves 6 de agosto de 2015, la mayoría oficialista en la Legislatura de La Rioja, sin que figurase en el orden del día, dio ingreso y aprobó un proyecto de ley del Gobernador por el cual se expropiaron el 70% de las acciones del NBLR que se encontraban en manos privadas.

Frente a este hecho, el Banco de Santiago del Estero S.A. publicó una solicitada en la cual recuerda que, "al tomar posesión del banco, las nuevas autoridades verificaron la existencia de un faltante de dinero por un monto U$S 23.622.801, dilapidados durante los meses que duró el proceso licitatorio".

Según el BSE, "desde entonces, se dispusieron todas las acciones para recuperar a la institución, sanearla y ponerla al servicio de la Provincia, de la producción y de todos los riojanos", y remarca que la institución es hoy "un ejemplo de entidad moderna, profesionalizada y con un grupo humano altamente capacitado".

Prueba de ello sería que, en el curso de este año, el NBLR recibió una óptima calificación CAMELBIG, índice que mide todos los aspectos operativos de una entidad bancaria, por parte del Banco Central de la República Argentina.

Y es aquí donde comienzan a diferir las interpretaciones entre el Gobernador y el grupo Ick.

Según los accionistas privados, "el gobernador Beder Herrera miente", y resalta el regular cumplimiento de los pagos a los agentes de la administración pública provincial, a jubilados y pensionados y el otorgamiento de "créditos de inversión productiva con tasas de interés preferenciales a 109 empresas riojanas por un monto de $ 47.308.830".

Para el grupo privado, a pesar de que el NBLR era la caja "obligada" de los tres poderes de la provincia y de sus entidades autárquicas, "a lo largo de la relación contractual estipulada en el contrato de vinculación, la provincia depositó la casi totalidad de sus fondos excedentes en otras entidades financieras", dictó leyes destinadas a impedir el cobro regular de los créditos otorgados por el NBLR y autorizó a todos los organismos y dependencias provinciales a realizar operaciones financieras en cualquier otra entidad bancaria". Debido a que no se cumplía con lo firmado y comprometido en el contrato de vinculación, el grupo Ick supuestamente reclamó por escrito en varias oportunidades ante las autoridades provinciales, sin obtener respuesta satisfactoria alguna.

Es más: el 13 de abril de 2015, el NBLR celebró su asamblea anual ordinaria y aprobó por unanimidad la Memoria y el Balance del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014 y se declaró satisfactorias la actividades realizadas y las decisiones adoptadas por el Directorio y el Comité Ejecutivo durante el año en curso. En dicha oportunidad, como en todas las asambleas anuales celebradas desde el año 2000, el gobierno de la provincia sistemáticamente aprobó, sin observación alguna, las memorias y balances de cada año.

El origen del actual conflicto quizás haya que buscarlo en lo que el BSE considera "la interpretación más aceptable", y que "se relaciona con los controles dispuestos por el BCRA relativos a la prevención de operaciones de lavado de dinero".

En este sentido, y en "lo que se refiere a subsidios que el Poder Ejecutivo otorgaba a diversas Fundaciones, Asociaciones Civiles y Cooperativas, que se depositaban en Cajas de Ahorro y generalmente eran retirados en efectivo y por ventanilla, se dispuso que a partir del 1 de mayo de 2015 debían ser depositados en cuentas corrientes y bancarizados todos esos movimientos".

Esta decisión supuestamente se dio a conocer al gobierno el cual circularizó la nueva operatoria a todos los organismos del Estado Provincial. Pero al realizar "el examen de las últimas operatorias realizadas a través de cajas de ahorro," y "exigir a los interesados la documentación pertinente para la apertura de las cuentas corrientes," los controles internos del NBLR supuestamente detectaron "irregularidades" en 96 entidades, a la mayoría de las cuales se procedió a cerrarles sus cuentas. Según la entidad "controlante", "15 de esas entidades recibieron, en los últimos 18 meses, aproximadamente $ 570.000.000", y de esa suma "se retiraron por caja más de $ 300.000.000 en efectivo".

De parte de la provincia, el fiscal de Estado Gastón Mercado Luna presentaría una demanda contra el Banco de Santiago del Estero "por incumplimiento del fin productivo del Banco Rioja", "que por contrato debía destinar a créditos para la producción y el turismo el 25% de los fondos que el Estado riojano deposita para que actúe como agente financiero". Se estima que el resarcimiento proyectado, en base a la información que recolectó el Gobierno provincial, se estima en $ 604.000.000 más intereses sólo para los períodos 2012, 2013 y 2014, a lo cual cabría agregar también los años anteriores.

Para el Directorio del BSE, controlante del NBLR, "la conducta actual del Poder Ejecutivo Provincial de La Rioja adquiere gravedad institucional porque pretende, unilateralmente y sin intervención del BCRA -entidad de supervisión y control del sistema financiero argentino-, adoptar decisiones que afectan no sólo al NBLR sino al sistema financiero de nuestro país en su integralidad." Y en ese sentido, declaran que el 3 de agosto de corriente año han informado al BCRA, en forma documentada, todas las "anormalidades" mencionadas e hizo "reserva de los derechos pertinentes para promover, ante cualquier tribunal nacional o internacional, las acciones legales pertinentes en defensa de sus derechos, incluyendo acciones civiles y/o penales contra los funcionarios y particulares que pudieren participar en estos hechos ilícitos y/o violatorios de obligaciones contractuales asumidas."

Lo que llama poderosamente la atención en todo este tema es que, después que los directores y el síndico que representan al Estado provincial en el Banco, aprobaron durante 15 años todos los balances e informes año a año, sin ningún tipo de reparo, ahora, de repente, se percatan que el Banco no habría cumplido con las cláusulas del convenio oportunamente suscripto.

Si hubo incumplimiento... ¿qué hizo el Estado Provincial? ¿Qué hicieron los directores que representan al Estado en el NBLR? ¿Qué hizo el Fiscal de Estado en defensa de los intereses de la Provincia? Sin lugar a dudas, todos estos funcionarios tienen responsabilidad en este conflicto que desnuda negocios ocultos entre las partes y el intento del gobernador saliente por tapar desmanejos de fondos públicos.

El NBLR sigue siendo una sociedad anónima comercial, no una sociedad del Estado, y la expropiación aprobada en la Legislatura provincial tiene vicios en el procedimiento, porque no se determinó cuál es el valor de las acciones que se están expropiando, ni cuál es el mecanismo para la tasación, lo cual expone aún más el patrimonio del Estado provincial.

Haciendo un ejercicio de memoria, nos encontramos que, el 3 de julio de 1991, el mismo Beder Herrera, entonces Gobernador interino, liquidó y privatizó el mismo banco con argumento diametralmente opuestos.

Legítimamente tenemos derecho a dudar sobre el verdadero objeto de la expropiación; intuimos una pantalla de impunidad, lo cual nos obliga a interpelar a los organismos nacionales con competencia en este tipo de actuaciones.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente pedido de informes.