La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Manifestar su más enérgico repudio a todo tipo de agresión contra los ciudadanos; y en particular el accionar de un grupo de personas, identificadas como trabajadores del petróleo, que el día 28 de agosto en la ciudad de Caleta Olivia - Provincia de Santa Cruz -, cometieron actos intimidatorios y violentos contra la persona del intendente de la mencionada ciudad y al mismo tiempo exhortar a la Justicia de Santa Cruz a la urgente y exhaustiva investigación de los hechos y la sanción a los responsables, teniendo en cuenta la afectación institucional que conlleva que una autoridad legalmente constituida sea agredida .-

Señor presidente:

Siempre hemos repudiado la actitudes agresivas contra un compatriota por parte de personas que no comparten decisiones u opiniones, sea del sector que fuera. No podemos resolver los conflictos sino a través del diálogo y los canales institucionales que existen en la república.

Una vez más creemos necesario que la Cámara se expida sobre hechos de violencia que no coadyuvan a la solución de conflictos sea del tipo que sea. El 28 de agosto un grupo de trabajadores petroleros que minutos antes habían sido desplazados por la policía y desalojados de Cañadón Seco -planta deshidratadora de YPF-, advirtió al Intendente de Caleta Olivia en la vía pública agrediéndolo y produciéndole lesiones. Aparentemente luego de ser dispersados por la policía, un grupo de petroleros que estaban bloqueando la planta deshidratadora de YPF se dirigió hacia Caleta Olivia, elevando la tensión social que existe en esa ciudad.

Según los medios periodísticos la situación se habría generado al ser reconocido el intendente Fernando Cotillo por uno de los petroleros que llegaba para unirse al grupo que se había desplazado hacia Caleta Olivia. Advirtiendo su presencia, una decena de ellos la emprendieron a golpes con el jefe comunal, que no pudo defenderse ni escapar ante la diferencia numérica y cayó al piso. Otro grupo de trabajadores presentes intervino para detener la agresión, evitando mayores consecuencias.

Lo ocurrido obliga a esas autoridades a garantizar su seguridad y repudiar el hecho para deslindar responsabilidades.-

El país vive con un grado de intolerancia pocas veces vista en democracia y que debe acabar. El mensaje de violentos, que en contadas excepciones reciben apenas una tibia condena gubernamental, debe inscribirse dentro de una campaña que demuestra la incoherencia del Poder Ejecutivo Provincial cuando utiliza estos métodos y luego es víctima de los mismos.

Lo ocurrido es la consecuencia de represalias de personas que han sido agredidas o cercenadas de su libertad, no justificando por esto la agresión. Por lo tanto es necesario que cumplamos por la Constitución Nacional respetando todos los derechos a todos los ciudadanos, como los de tener la libertad de manifestarse y de expresarse.

Solicito a los Sres. Diputados la aprobación del presente proyecto