La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1° Expresar su más enérgico repudio a la iniciativa del productor teatral noruego Morten Traavik de convocar a un concurso "Miss Mina Terrestre", en la República de Camboya, el 28 de agosto de 2009.

2° Manifestar su reconocimiento a la labor que realiza el Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (CICR) juntamente con las autoridades nacionales y locales para atender mejor a las víctimas de las minas, contribuir a que las comunidades afectadas eviten nuevos accidentes y promover la universalización y la aplicación de la Convención de Ottawa (Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal).

Señor presidente:

I. Una payasada (1)

La idea era, supuestamente, arrancarles una sonrisa a mujeres de Camboya a las que una mina terrestre les había arrancado una pierna. Pero no va a poder ser: el concurso Miss Mina Terrestre (el nombre es ese, frontal, macabro, y lindante tal vez con el mal gusto), que se iba a realizar el 28 de agosto en el país que asoló el Khmer Rouge -y que tenía como premio una pierna ortopédica de última generación-, fue prohibido por el gobierno de ese Estado asiático. Lo consideró "una burla a los discapacitados, a su dignidad y honor" y echó por tierra una iniciativa que ya se había realizado el año pasado en Angola y que, tal como estaba sucediendo con esta edición, más que ridiculizar, había ilusionado a las participantes.

El artífice de estos eventos -muy polémicos, tan criticados como aplaudidos- es el productor de teatro noruego Morten Traavik. Busca demostrar que una mina no puede arrancarle a una mujer ni su belleza ni su dignidad, además de generar conciencia sobre este drama que perpetúa las peores consecuencias de las guerras, aún terminadas. "Como artista, yo elegí armar este tipo de concursos porque permiten presentar a las personas afectadas por las minas como personas positivas y fuertes, y no como personas a las que se les debe tener lástima, como lo hacemos habitualmente", explicó Traavik, que ya había dirigido el año pasado el primer certamen Miss Mina Terrestre en Angola, con fondos de la Unión Europea y también en medio de un debate ético y estético.

Al principio, según afirman los organizadores, el concurso contó con el apoyo del gobierno camboyano. Las veinte finalistas, mujeres de 18 a 40 años, surgieron de un casting que duró ocho meses. Posaron como modelos para las cámaras, protagonizando producciones en ciudades y playas paradisíacas, luciendo el tradicional vestido Khmer, mostrando o una sola pierna o una pierna y una prótesis exhibida sin vergüenza. El premio iba a ser una prótesis de última generación, que por su precio resulta inalcanzable para las participantes. La más joven, de 18, se llama Dos Sopheap, y mira a la cámara con unos ojos entre desconfiados y provocadores. En una de sus manos, como un símbolo que no es ingenuo, lleva, apuntada hacia arriba, una ametralladora de juguete. Perdió su pierna izquierda en el año 96 cuando pisó dos minas de fabricación yugoslava de 8 kilos cada una. Keo Saman tiene 40 años, es granjera, está casada y es madre de tres hijos. Su pierna izquierda desapareció cuando en el 87 tuvo la desgracia de toparse con una mina alemana de diez kilos. Pero ella, a diferencia de Sopheap, sonríe, como si ya hubiera asumido totalmente su condición de mutilada. Igualmente, ninguna de las dos, ni de sus 18 compañeras, va a desfilar, como estaba previsto, el 28 de agosto en Phnom Penh, capital de Camboya. El gobierno lo prohibió. El argumento es que sería "una burla para las víctimas camboyanas". El Ministerio de Asuntos Sociales dijo que "dañaría la dignidad y el honor de nuestros discapacitados". Hun Sen, el primer ministro, había prohibido cuatro años atrás los concursos de belleza hasta que el índice de pobreza, que era del 35 por ciento fuera del 15. Como tal índice no bajó ni un punto, bien podría enmarcarse la decisión en esa ineficacia gubernamental. Traavik, que por las dudas ya se escapó de Camboya, pretende que el show siga por internet, medio virtual, fuera del alcance de la ley, por el que se haría la elección. Eso está por verse. Mientras, no se ahorra fustigar al gobierno camboyano: "Su decisión es un golpe muy duro a los derechos de los discapacitados".

En Camboya, el drama de las minas es tremendo. Hay entre cuatro y seis millones sembradas, prácticamente una por cada dos personas. El saldo son 60.000 heridos y entre 18.000 y 40.000 mutilados, la cifra más alta del mundo. Sólo en la frontera con Tailandia hay seis millones de minas esperando bajo tierra para destrozar el cuerpo de una señora que vuelva del mercado o de un chico que esté yendo al colegio. La única noticia positiva es que el empeño del gobierno y las ONG en desminar el territorio está dando resultado: en 2002 hubo 847 mutilados o muertos; en 2006, 450, y en 2007, 350.

II. El compromiso del CICR (2)

Es justo que la primera Reunión de los Estados Partes que se celebra desde la satisfactoria Cumbre de Nairobi, del año pasado, tenga lugar en Croacia, en una región que recientemente ha pasado una trágica página de su historia, pero que sigue sufriendo los efectos de las minas terrestres. En el Plan de Acción de Nairobi, los Estados Partes reafirmaron solemnemente su voluntad de poner término a ese letal legado de los conflictos mediante la promoción y la aplicación plena y efectiva de la Convención.

La tarea esencial de esta Reunión de los Estados Partes, y de futuras reuniones, es consignar los avances por lo que atañe a la aplicación del Plan de Acción de Nairobi entre 2005 y 2009, y velar por que continúe dicho progreso, así como movilizarse para hacer frente a futuros retos. Entre ellos cabe destacar, en particular, poner el máximo empeño en que se cumplan los plazos para el desminado que comienzan a vencer en 2009 y optimizar la ayuda a las víctimas de las minas.

Nos alienta el hecho de que, desde la Cumbre de Nairobi, cuatro Estados - Etiopía, Letonia, Bután y Vanuatu- se han adherido a la Convención. Cinco Estados Partes más -Argelia, Bangladesh, Guinea-Bissau, Mauritania y Uruguay- han concluido la destrucción de sus existencias de minas antipersonal en los plazos previstos. Felicitamos a los Estados Partes en cuestión por haber dado estos importantes pasos. Pero no hay que dormirse en los laureles.

En el Plan de Acción de Nairobi, los Estados Partes reconocieron que cumplir las obligaciones conlleva una serie de importantes compromisos políticos, económicos y materiales. Sin embargo, hoy, un progresivo desentendimiento, a nivel nacional e internacional, pone en peligro las posibilidades de progresar. Déjenme citarles algunos ejemplos.

Aunque desde que entró en vigor la Convención, muchos Estados Partes afectados por las minas han experimentado una importante disminución del número anual de víctimas de las minas, el CICR es consciente de que otros tantos Estados Partes afectados han experimentado, entre 2003 y 2004, un aumento de hasta el 19%, de los accidentes causados por minas y municiones sin estallar.

Asimismo, hemos observado que una serie de proyectos de asistencia a las víctimas en países afectados se han visto obligados a reducir sus actividades debido a la falta de recursos económicos. De seguir esta tendencia, paralelamente al creciente número de víctimas de las minas que precisarán atención toda su vida, la situación de las víctimas de las minas podría deteriorarse todavía más.

También sabemos que algunos Estados Partes afectados por las minas, que estaban en las últimas fases de cumplimiento de la obligación de desminado y que habían previsto declarar estar en conformidad con el artículo 5 de la Convención en la presente Reunión de los Estados Partes, no han podido hacerlo debido a la falta de recursos para llevar a cabo las actividades de desminado en 2005.

Estas preocupantes tendencias quizá sean el resultado de que se hayan desviado los recursos y la atención a otras crisis más visibles, debido a la propensión de la comunidad internacional a reaccionar ante las necesidades de índole humanitaria únicamente cuando alcanzan las proporciones de una crisis. En cierto sentido, así es como vio la luz la Convención, en respuesta a una crisis mundial a nivel humanitario que atrajo la atención de los medios informativos de todo el mundo. Aunque la crisis de las minas terrestres ya no es tan patente hoy como lo fue hace 10 años, no ha perdido un ápice de su urgencia. Quizá hayamos conseguido disminuir la tasa de destrucción de las minas antipersonal, pero todavía estamos lejos de haberle puesto fin. Para poner a prueba nuestra voluntad de lograr este objetivo, habrá que ver si nosotros -Gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil- podemos mantener nuestro compromiso lejos de las miradas del público y sin el dramatismo que caracterizó los primeros años de la campaña para la prohibición de las minas.

La Conferencia de Examen de Nairobi señaló que, aunque el número anual de víctimas de las minas ha disminuido en la mayoría de los Estados Partes afectados por estas armas, todavía no es posible registrar una mejoría generalizada de la situación de los supervivientes de las minas terrestres. A pesar de que el CICR atiende a más víctimas de las minas que nunca, hemos observado que los recursos y las oportunidades para los supervivientes de las minas siguen siendo lamentablemente inadecuados, a nivel general y en la mayoría de los países donde trabajamos. Nos alientan los esfuerzos realizados este último año por la Comisión Permanente para la Asistencia a las Víctimas para contribuir a que los 24 Estados Partes con el mayor número de víctimas de las minas cumplan con sus obligaciones. Esta labor ha de intensificarse todavía más en los próximos años, a fin de que la Segunda Conferencia de Examen pueda declarar que la Convención ha mejorado finalmente la vida de los supervivientes de las minas, además de reducir el número de víctimas a nivel mundial.

Asimismo, hasta que se hayan desminado las zonas minadas, habrá que mejorar los programas de educación sobre el peligro de las minas y de reducción de los riesgos inherentes a las minas para evitar nuevos accidentes. Frente a la magnitud de la tarea de desminado y la lasitud de los donantes, quizá algunos Estados Partes afectados por las minas estén tentados por establecer metas que se queden demasiado cortas del objetivo de desminar todas las zonas minas, como estipula el artículo 5 de la Convención. Si los Estados Partes sucumben a esta tentación, pondrán la Convención en grave peligro. No hay que olvidar que la Convención es tanto un tratado para la eliminación de un arma como una iniciativa humanitaria y de desarrollo.

Como se destaca en el Plan de Acción de Nairobi, a los Estados Partes afectados por las minas incumbe la mayor responsabilidad de limpiar las zonas minadas y de velar por que sus servicios sanitarios y sociales puedan atender a las víctimas, pero también tienen ingentes necesidades de ayuda y grandes esperanzas de obtenerla. Del Plan de Acción de Nairobi se desprenden dos requisitos previos para satisfacer estas necesidades:

Primero y más importante, los Gobiernos de países afectados por las minas han de asumir una mayor responsabilidad en la planificación y aplicación de los programas de desminado y asistencia a las víctimas. Aunque el apoyo de organismos internacionales es muy importante, a la larga, no surtirá los efectos deseados si los Gobiernos no hacen suyo este problema.

Segundo, los donantes han de prestar apoyo a los países afectados por las minas que hacen suyos estos problemas y definen claramente sus necesidades y planes.

Aunque la inclusión de la acción contra las minas en los presupuestos y programas humanitarios y de desarrollo existentes es importante, debe dar lugar a un aumento real de la financiación, proporcional a las necesidades de desminado y la asistencia a las víctimas. En este contexto, cabe decir que la financiación anual para la acción contra las minas en el mundo -estimada en unos 200 millones de dólares EE.UU- es una cantidad bastante modesta comparada con la amplitud del problema y con los daños socioeconómicos que causan las minas terrestres cada año. A medida que nos acercamos a 2009, queda claro que sin un incremento significativo de los recursos humanos, técnicos y económicos de todos los Estados Partes -Estados afectados por las minas y Estados donantes-, es posible que muchos Estados Partes afectados no puedan cumplir los plazos y que no se pueda prever que la situación de las víctimas de las minas mejore mucho.

El CICR se compromete a proseguir su labor con las autoridades nacionales y locales para atender mejor a las víctimas de las minas, contribuir a que las comunidades afectadas eviten nuevos accidentes y promover la universalización y la aplicación de la Convención. Lo haremos con el mismo ahínco y determinación de siempre.

Como todos los que han sido testigos de las tareas de remoción de minas saben, es una labor lenta, pesada y peligrosa. Requiere gran concentración, herramientas especiales y mucho valor. Asimismo, la plena y efectiva aplicación de esta Convención, única en su género, requiere de que cada uno de nosotros una concentración absoluta, la movilización de los dispositivos necesarios y valor en circunstancias muy retadoras. Detrás de cada mina retirada y destruida, se oculta una excitante historia: la historia de un niño que juega sin trabas ni peligro; la de una mujer que recoge su cosecha y regresa a casa sana y salva para alimentar a su familia; la historia de la confianza mutua que alimentan las antiguas partes beligerantes. Por cada superviviente de una mina, atendido y reintegrado en la sociedad, hay una historia de una vida que sigue su curso con la movilidad y la dignidad recobradas. Estas exitosas historias se desvelan día a día, a medida que las semillas sembradas por la Convención echan raíces y crecen. En consideración a los personajes de estas historias, es vital que esta Reunión de los Estados Partes aumente la movilización colectiva en favor de un mundo libre de minas en los años que quedan hasta 2009, y después.

III. La remoción de minas (3)

La remoción de minas es la clave para acabar con el flagelo de las minas antipersonal. Es esencial para que las comunidades afectadas puedan volver a llevar una vida normal, sin temor a morir o a sufrir mutilaciones a causa de las minas antipersonal ocultas en los campos, pastizales, senderos y patios de juego. Una vez desminadas, las tierras son nuevamente productivas y las familias recuperan sus medios de subsistencia, lo cual contribuye a la reconstrucción tras el conflicto y al desarrollo económico.

Los refugiados y los desplazados internos pueden regresar en seguridad a su lugar de origen. Asimismo, es primordial retirar las minas antipersonal de las zonas fronterizas y las antiguas líneas de combate para promover la seguridad en las zonas que se recuperan de un conflicto armado y fomentar la confianza entre los Estados vecinos.

¿Qué obligaciones dimanan de la Convención de Ottawa por lo que respecta a la remoción de minas?

De conformidad con lo dispuesto en la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal (Convención de Ottawa), cada Estado Parte debe:

- identificar todas las zonas que estén bajo su jurisdicción o control donde se sepa o se sospeche que haya minas antipersonal; adoptar todas las medidas necesarias, tan pronto como sea posible, para marcar el perímetro de todas esas zonas minadas, vigilarlas, protegerlas con cercas u otros medios, a fin de impedir a los civiles que penetren en ellas y resulten heridos;

- destruir todas las minas antipersonal colocadas en las zonas minadas, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de la Convención para ese Estado. El primero de los plazos establecidos para la remoción de minas vencerá en 2009.

Si bien incumbe principalmente a cada Estado Parte afectado por el problema de las minas limpiar todas las zonas minadas en su territorio, la Convención le concede el derecho a solicitar y recibir asistencia de los otros Estados Partes para cumplir su obligación. Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo pueden proporcionar asistencia sea directamente al Estado afectado o indirectamente por conducto de las Naciones Unidas u otra organización implicada en las actividades relativas a las minas. La obligación de que los Estados Partes cooperen entre ellos para eliminar las minas antipersonal es una característica única de la Convención de Ottawa. Conforme a la Convención de Ottawa, en circunstancias excepcionales, un Estado Parte puede presentar una solicitud para que se prorrogue el plazo de 10 años con el fi n de completar la remoción de minas. Dado que el primer plazo para la remoción de minas vence en 2009, es demasiado pronto para afirmar si se solicitarán tales prórrogas; actualmente los Estados Partes afectados están elaborando y poniendo en marcha sus planes y programas de desminado.

Para cumplir los plazos establecidos en la Convención, tanto los Estados afectados por las minas como los Estados donantes deberán intensificar sus esfuerzos y aumentar los recursos destinados a la remoción de minas.

La Cumbre de Nairobi para un Mundo Libre de Minas (Primera Conferencia de Examen de la Convención de Ottawa) brindó la oportunidad a los Estados Partes de evaluar los avances logrados, así como las tareas pendientes por lo que atañe a la remoción y otras actividades relacionadas con la Convención.

¿A qué Estados Partes en la Convención de Ottawa incumben las obligaciones relativas a la remoción de minas?

Al 1 de diciembre de 2006, había 152 Estados Partes en la Convención de Ottawa, de los cuales 47 habían señalado que tienen zonas minadas en el territorio bajo su jurisdicción o control, o se presume que las tienen sobre la base de declaraciones hechas por ellos.

¿En qué consiste la remoción de minas?

La remoción de minas es un proceso minucioso y que requiere muchos recursos. Para lograr la remoción de minas dentro del plazo establecido por la Convención, es esencial que cada Estado afectado elabore y aplique un plan nacional de "acción contra las minas" y que haga saber a los otros Estados o a las instituciones pertinentes si necesita asistencia para llevar a cabo dicho plan.

La realización de un plan nacional contra las minas comienza, por lo general, con un análisis global de la situación en el país, al que sigue una evaluación de la contaminación por minas consistente en el cartografiado de las zonas peligrosas y el establecimiento de las prioridades de remoción. En estas evaluaciones, se suele graduar cada zona minada según los efectos en la población civil y se dará prioridad al desminado en los lugares donde los efectos sean mayores.

En las operaciones de remoción, los desminadores emplean una o una combinación de las tres técnicas siguientes: (1) el desminado manual para el cual se usa un detector de metal y un punzón u otro utensilio para excavar y desenterrar la mina; (2) el desminado manual combinado con el uso de perros para detectar minas; (3) el desminado mecánico en el que se utilizan máquinas. Antes de entregar formalmente las zonas desminadas a las comunidades locales para su utilización, por lo general esas zonas se someten a un control de calidad para cerciorarse de que el terreno es seguro para el uso previsto.

En la práctica, al limpiar una zona contaminada, los desminadores eliminan todos los posibles tipos de restos explosivos de guerra. Éstos abarcan tanto las municiones sin estallar o abandonadas, como las minas.

¿Cuál es la situación actual con respecto a la remoción de minas?

De los 47 Estados Partes en la Convención de Ottawa que han declarado tener zonas minadas:

En enero de 2003, Costa Rica fue el primer Estado Parte en declarar que había limpiado totalmente todas las minas antipersonal de las zonas bajo su jurisdicción y control. Yibuti es el segundo en hacerlo en abril de 2004. Ello implica que ambos Estados han cumplido sus obligaciones de remoción de minas mucho antes de que vencieran los respectivos plazos en 2009.

Muchos Estados Partes afectados, como Afganistán, Bosnia y Herzegovina y Camboya, han elaborado e iniciado planes estratégicos específicos de remoción de minas para cumplir sus respectivos plazos. Otros Estados Partes afectados deben hacerlo con urgencia para cumplir sus plazos.

Es imposible saber con certeza cuántas zonas minas quedan por limpiar en el mundo. Muchos Estados Partes contaminados han hecho considerables progresos por lo que respecta a la inspección y localización de las tierras minadas que deben limpiarse. Sin embargo, en muchos países afectados, aún no se conoce bien la magnitud del problema.

IV. Consideraciones finales

Hemos presentado esta iniciativa porque queremos dejar asentado la importancia que un tema tan delicado sea tratado con el debido respeto a las víctimas de este flagelo y a quienes bregan -con propuestas serias y responsables- por erradicar el problema de la faz de la tierra.

Por ello solicitamos la aprobación de este proyecto de resolución.