La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° del Decreto N° 1242/2013, reemplazándolos por una norma que actualice en forma semestral y automática, mediante la aplicación del índice RIPTE, las deducciones establecidas en los incisos a), b) y c) del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997 y sus modificatorios) que correspondan a las rentas mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 79 de dicha ley.

Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo Nacional que actualice en forma semestral y automática, mediante la aplicación del índice RIPTE, las escalas definidas en el artículo 90 y las deducciones especiales establecidas en el artículo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

Señor presidente:

El 27 de Agosto de 2013 el Poder Ejecutivo Nacional, en uso de las facultades contempladas por el Artículo 4° de la Ley Nº 26.731 y por el Artículo 99 inciso 2° de la CONSTITUCION NACIONAL, dictó el Decreto N° 1242/13. Posteriormente, la Administracion Federal de Ingresos Públicos dictó la Resolución de AFIP 3525/13 que lo reglamenta.

A pesar de que los considerandos del decreto citado invocan la necesidad de "...instrumentar medidas contracíclicas que resulten conducentes al fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y de sus familias y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional...", curiosonamente, la implementación del mismo ha generado situaciones de inequidad y desigualdad entre los contribuyentes y perjuicios al Fisco de tal magnitud, que llevan a pensar en un error del Poder Ejecutivo en la concepción y redacción del texto.

En efecto, del decreto mencionado, en su oscura redacción, y de su reglamentación, surge que:

1. Todos los sujetos contribuyentes de la cuarta categoría de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que hayan percibido menos de $15.000 por mes en el período comprendido entre Enero y Agosto de 2013, no pagarán el impuesto a las ganancias por dichos ingresos. A ese efecto, según la norma, corresponde realizar un cálculo simple, de modo que en esos casos, el mínimo no imponible reflejado en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias sea tal, que el impuesto a pagar sea $0.

2. Todos los sujetos que hayan ganado entre $15.000 y $25.000 por mes entre Enero y Agosto de 2013, deben calcular el monto a pagar del impuesto a las ganancias, aumentando en un 20% el mínimo no imponible, las cargas por familia y la deducción especial reflejada en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

3. Aquellos contribuyentes que ganen más de $25.000 por mes, tienen que calcular sus impuestos a las ganancias tal como indica la ley.

Lo insólito y repudiable del nuevo régimen establecido por el decreto 1242/13, es que la norma no establece una fecha de vencimiento del mismo, ni indica con la claridad que merecen estas disposiciones, qué debería ocurrir con los contribuyentes comprendidos en los puntos 1 y 2 del párrafo anterior (o sea los que hubieren ganado menos de $ 15.000 o entre $ 15.000 y $ 25.000 en la primera parte de 2013), si dejaran de pertenecer a esos grupos en el futuro.

Por su parte, de la Resolución 3525/13 de AFIP, se desprende expresamente que cualquier contribuyente de la cuarta categoría que hubiere empezado a trabajar a partir del 1 de Septiembre de 2013 y ganare más de $15.000, debería tributar el impuesto que resulte de la tabla que integra la resolución mencionada.

O sea que, con igual remuneración e igual categoría en la ley, en virtud de la aplicación de un decreto reglamentario, unos se encuentran exentos de tributar y otros (los que ingresaron al mercado laboral a partir del 1 de Septiembre de 2013), no. Ello es de una inequidad manifiesta e implica una grosera violación al principio de igualdad ante la ley.

Por otra parte, la aplicación del régimen que cuestionamos genera situaciones aún más graves en perjuicio del erario público, ya que los sujetos citados en los arts. 1° y 2° del decreto nunca más deberán pagar impuesto a las ganancias, cualquiera sea el ingreso que perciban en concepto de sueldo o de bonos o premios ordinarios o extraordinarios que cobraren de sus empleadores, lo que es objetivamente absurdo.

Lo precedentemente señalado es avalado no sólo por profesionales destacados y profesores universitarios en la materia, sino por el mismísimo aplicativo de la AFIP, que ha permitido a aquellas personas beneficiadas por la norma cuestionada y citadas expresamente en la misma, que con posterioridad a septiembre de 2013 hubieren superado los límites establecidos, no pagar impuesto, invocando el decreto 1242/13. Esto es así aun cuando hayan cobrado bonos o premios por desempeño millonarios a fin de año 2013. Mientras esto sucede, un simple empleado que gane un salario de $16.000, sí queda sujeto al pago del impuesto a las ganancias.

Claramente, la norma cuya eliminación solicitamos, en su actual redacción es repugnante con los principios que tuvieron en cuenta los constituyentes al redactar el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, que establece que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Reafirmando esa interpretación, desde antiguo, nuestro más Alto Tribunal sostuvo que "el texto de tal disposición, inspirada por la conciencia democrática de sus autores, que abominaban toda primacía ilegítima, que no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, que suprime los títulos de nobleza y los fueros personales, para declarar enseguida, que todos los habitantes son iguales ante la ley, demuestra con toda evidencia cuál es el alto propósito que la domina: el derecho de todos a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias (Fallos, 16:118; 101:401; 151:35)".

¿Hay algo más inequitativo que el de un contribuyente que, por estar en esa lista mágica, no pagará nunca más impuesto, gane lo que gane?

No se nos escapa que es válido establecer que los impuestos recaigan sobre determinados bienes o clases de contribuyentes. Sin embargo, "cuando un impuesto es establecido sobre ciertas clases de bienes o de personas, debe existir alguna base razonable para las clasificaciones adoptadas, lo que significa que debe haber alguna razón sustancial para que las propiedades o las personas sean catalogadas en grupos distintos" (Cooley, On Taxation, 3ª ed., página 75 y siguientes; Willoughby, On The Constitution, página 593, citado por nuestra CSJN en "Unanue c. Municipalidad de Capital", Fallos 138:313).

"La Constitución exige igualdad y equidad y proporcionalidad en relación a la población. De estas exigencia no surge que el trato deba ser uniforme para cada individuo, sino que, equitativamente, la contribución será impuesta de modo igual a quienes estén en condiciones iguales" (CSJN, en "Arenera el Libertador SRL", 18/06/91).

Otro de los principios constitucionales aplicables en materia tributaria es el principio de razonabilidad que debe guardar toda norma. En tal sentido podemos sostener que el control sobre el contenido o la sustancia de una norma no puede escapar al sentido de la norma, su finalidad o finalidades, los medios empleados, la relación entre unos y otros y, por último, su conformidad con la Constitución. Este control se conoce habitualmente como el control de razonabilidad, receptado en el artículo 28 y 33 de la Constitución.

Dentro de este principio encontramos ciertas reglas directrices bajo las cuales deben ser tamizadas las leyes a los efectos de saber si cumplen con el principio de razonabilidad. Si la norma incumple con alguna de las reglas, es inconstitucional y arbitraria. Es de recordar que los medios no deben atentar contra los fines constitucionales, que se ven expresados en el complejo de principios, derechos y garantías comprendidos en la Constitución y, en su caso, en tratados internacionales de derechos humanos. (Sapag, Mariano, El principio de razonabilidad y el Derecho Tributario, en prensa).

La norma cuya constitucionalidad rechazamos no solamente es violatoria al principio de igualdad prescripto por el artículo 16 de la CN, sino que lesiona el principio de razonabilidad al convertirse en una norma arbitraria y completamente ajena a la télesis considerada al sancionarse la misma.

Por otra parte, proponemos que se solicite al Poder Ejecutivo Nacional que dicte una norma que permita en el futuro actualizar, por los índices RIPTE, las deducciones y cargas de familia de los artículos 23 y 81 y de las escalas del artículo 90 de la ley de Impuesto a las Ganancias. De esta forma se pondría fin a estériles discusiones respecto a cuáles salarios se deben gravar con el impuesto a las Ganancias y cuáles no.

A tal fin, se deberá contemplar la actualización de los mínimos no imponibles y de las cargas de familia utilizadas para el cálculo del impuesto reflejados en los incisos a), b) y c) del artículo 23 de la Ley de impuesto a las Ganancias. En nuestra opinión, para que no se considere ganancia lo que es depreciación de la moneda, correspondería que hasta el 31 de diciembre de 2014 se prevea una actualización del 56% y a partir de allí la actualización se haga automáticamente cada seis meses mediante el índice RIPTE, que es el mismo que se utiliza para actualizar las jubilaciones. El 56% estimado es coherente con el criterio adoptado por el Poder Ejecutivo Nacional respecto de eximir del pago del impuesto a las remuneraciones inferiores a $15.000 de agosto de 2013, actualizando ese valor hasta enero de 2014, lo que llevaría esa cifra a $ 16.000 pesos brutos por mes. Debemos destacar que no nos parece razonable recaudar con inflación, cuyas consecuencias va de suyo decir, son abominables para cualquier sistema económico y desleales para con los contribuyentes.

Con los valores planteados y la modificación de las escalas, un asalariado con una remuneración de $16.000 pesos brutos por mes y con familia tipo, no pagaría el impuesto. Así se retornaría a la progresividad necesaria, de modo que a mayor ganancia corresponda una más alta tasa de impuesto, sin que existan inequidades en los límites y respetando acabadamente el principio de capacidad contributiva que hoy se ve lesionado. Este principio de capacidad contributiva se relaciona en forma estrecha, tanto con el principio constitucional de igualdad ante la ley, como con el principio de razonabilidad, rector de todo gravamen.

Por su parte sugerimos se aplique el índice RITPE a las escalas del artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, transformándolo en una herramienta justa, ya que en la actualidad sólo se cobran las últimas tasas de la tabla, que rondan el 33% promedio, lo que hace que la tabla actual sea perimida obsoleta e inoperante.

Por otra parte proponemos aumentar el monto a deducir de los intereses correspondientes a créditos hipotecarios que les hubieren sido otorgados a los contribuyentes por la compra o la construcción de inmuebles destinados a casa habitación, hasta la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000) anuales, ya que el monto vigente de $20.000 anuales no cubre ni la tercera parte de lo abonado en tal concepto.

Finalmente, creemos que de aceptarse la propuesta, se lograrían los objetivos tenidos en cuenta por el Poder Ejecutivo Nacional al dictar la norma cuestionada, evitando distorsiones e inequidades reprochables constitucionalmente.