La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su repudio a la destitución del presidente de Paraguay Fernando Lugo y su preocupación por la utilización de un mecanismo de dudosa legitimidad como fue el juicio político sumario, que afectó las garantías del debido proceso del mandatario y puso en jaque la estabilidad del sistema democrático en dicho estado.

Señor presidente:

En razón de la reciente destitución del presidente paraguayo por medio de un juicio político sumario es necesario que la Cámara de Diputados de la Nación se pronuncie en repudio de la utilización de dicho mecanismo y refuerce su idea de orden democrático y defienda su estabilidad.

Vivimos en una región en la que la historia nos expuso a los riesgos de no proteger las instituciones democráticas adecuadamente y esto es algo que los Estados han demostrado no querer repetir. Es por ello que la destitución del presidente Fernando Lugo mediante un mecanismo que no respetó su derecho a la defensa ni las garantías del debido proceso, requiere de un pronunciamiento firme de los Estados y de los organismos instituidos para la defensa de la democracia en América Latina.

Luego de las muertes producidas por el enfrentamiento entre campesinos y policías en Curuguaty y tras el nombramiento de un nuevo ministro del interior se produjo una crisis institucional que derivó en la renuncia de los ministros de educación, industria, agricultura y justicia. A causa de estas circunstancias y en razón de un quiebre de consensos entre el mandatario y el Congreso, en un tiempo record la Cámara de Diputados se reunió y decidió elevar su acusación al Senado que en el día de la fecha resolvió la destitución de Fernando Lugo .

La celeridad con la que se llevó a cabo el proceso, así como la dudosa fundamentación que le dio lugar no sólo concluyeron en la destitución del presidente sino que han dado inicio a un período de conflictividad social que desde esta Honorable Cámara nos vemos compelidos a rechazar.

Los jefes de estado y cancilleres de la UNASUR ya expresaron su apoyo a Fernando Lugo y cuestionaron la legitimidad del juicio político. En un mismo sentido, el Secretario General de la OEA hizo hincapié en que se respeten las garantías del debido proceso y la adecuada defensa del mandatario, instando a que el estado mantenga la paz democrática.

El ejercicio de la facultad de remover un Presidente legitimado por el voto popular, apenas diez meses antes de la fecha en que habría elecciones presidenciales, debió ser ejercida responsable y legítimamente, resguardando las instituciones democráticas.

Ello no ha ocurrido y se abre una etapa preocupante para el pueblo, las instituciones y la vigencia de los derechos humanos en la hermana República del Paraguay.

Por los motivos expuestos, solicito a mis colegas que me acompañen con su firma.