La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar nuestra mayor preocupación por la masacre que ha sufrido el pueblo paraguayo el día 15 de junio en la localidad de Curuguaty, y por la grave situación institucional que atraviesa el hermano País, a causa del apresurado Juicio Político al que está siendo sometido el Presidente de la Nación, Fernando Lugo.

Señor presidente:

En nuestro carácter de Parlamentarios de este Congreso de la Nación y a raíz de los sucesos que se están desarrollando en estos días, en la hermana República del Paraguay, queremos manifestar nuestra preocupación por la situación institucional que el mencionado Estado atraviesa.

El 15 de junio del corriente, en Curuguaty, una región del Noreste de Paraguay, se produjo un grave enfrentamiento entre el Movimiento de Campesinos Sin Tierra y fuerzas policiales. Estas últimas, contaban con la orden de allanar los campos y desalojar a las familias que reclamaban. El desalojo, encontró resistencia y el duro enfrentamiento arrojó un saldo de 17 muertos y 80 heridos, entre los que se encuentran mujeres y niños, produciéndose una verdadera masacre.

Este trágico suceso, repercutió en el Gabinete del Presidente Lugo, quien separó de inmediato al Ministro del Interior, Carlos Filizzola. Pero esto no quedó allí, las consecuencias políticas, según los Parlamentarios del Congreso de Paraguay, recaen también sobre el Presidente, quién es considerado el máximo responsable por su relación con los grupos de Campesinos.

En el día de ayer, 21 de junio, la Cámara de Diputados de Paraguay acusó al Presidente Lugo por "mal desempeño en sus funciones" ante el mencionado episodio y en otros hechos de menor índole, habilitando de esa manera, a la Cámara de Senadores, a que en el día de la fecha, 22 de junio, juzgue al Jefe de Gobierno. La celeridad con que se lleva adelante el proceso, dificulta la posibilidad de cumplir con la garantía del debido proceso, consagrada tanto en los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional del Paraguay, como en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Paraguay es parte desde el 24 de agosto de 1989.

En base a este suceso, en las últimas horas se han manifestado distintos actores regionales e internacionales. La Unión de Naciones Suramericanos - UNASUR, ha enviado representantes a Asunción, para controlar que el proceso contra el máximo mandatario paraguayo se realice conforme a derecho; y a su vez, José Miguel Insulza, Secretario de la Organización de los Estados Americanos - OEA, ha manifestado su "firme convicción de que la estabilidad institucional que ha logrado la región debe protegerse salvaguardando el más pleno respeto al debido proceso, no sólo en la forma, sino también en el fondo". Insulza agregó que "ello implica la debida valoración de las pruebas de la acusación y la aplicación de plazos que permitan la adecuada preparación y presentación de los descargos de los acusados en el pleno ejercicio de su derecho a la defensa".

Ante esta crisis institucional que atraviesa Paraguay, lamentablemente debemos volver a pronunciarnos nuevamente a favor de la democracia y reivindicarla en el ejercicio de los derechos que ella emana. El Congreso tiene la facultad de juzgar al Presidente, fundando su acusación y debiéndole conceder al acusado un tiempo prudencial para la preparación y exposición de su defensa.

A lo antes sumado, la situación se profundiza puesto que los Obispos Católicos del Paraguay, máximas autoridades que representan a la Conferencia Episcopal Paraguaya, le han solicitado al Presidente electo por la Alianza Patriótica para el Cambio que renuncie a su cargo "por el bien del país", dejando que su lugar sea ocupado por el Vicepresidente, Federico Franco, quién integró la Alianza Patriótica representando al Partido Liberal Radical Auténtico, el cual tiene mayoría parlamentaria en el Congreso.

Fernando Lugo, había anunciado la conformación de un grupo especial de "civiles notables" de la OEA, quienes le otorgarían un marco de garantía internacional a la investigación de la masacre de Curuguaty. Sin embargo, para el Poder Legislativo, eso no fue suficiente.

En el transcurso del día de hoy, el Senado de Paraguay decidirá, luego de escuchar la defensa del Presidente Lugo, si lo declara culpable o inocente por "mal desempeño de sus funciones". Será necesario, para continuar garantizando la democracia en los Estados Sudamericanos, que tal como sucedió en la República de Ecuador con su Presidente Rafael Correa, desde todos los ámbitos estaduales nos pronunciemos a favor de los procesos democráticos, los cuales deben respetarse para poder acercarnos cada vez más, al sueño de una América democrática, participativa y soberana.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente Proyecto de Declaración.