La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio y condena a la brutal represión realizada por efectivos de la fuerza policial chaqueña en la localidad de Juan José Castelli, donde Florentín Díaz, integrante de la comunidad Qom Curushy de la Provincia de Chaco, resulto muerto y además, 50 personas fueron heridas y varias detenidas. Asimismo, expresamos nuestra honda preocupación por el incremento sistematizado de acciones violentas sobre los pueblos originarios registrados en los últimos años en nuestro país.

Señor presidente:

La policía de la Provincia del Chaco intentó levantar el piquete que organizaban manifestantes de la Comunidad Qom en reclamo de la libertad en la decisión sobre el reparto de alimentos que el gobierno provincial destina a la zona de El Impenetrable. También reclamaban por puestos de trabajo.

El 22 de mayo en la ciudad de Juan José Castelli de la Provincia del Chaco, se produjo la muerte de otro miembro de la comunidad aborigen de los Qom, particularmente de la comunidad Curushy. Florentín Díaz, después de haber sufrido golpes por parte de la policía, se desmayo en su moto colisionando contra una camioneta y de esta manera sufrió las heridas que provocaron su muerte, según relata Pablo Denardi -referentes de la comunidad Qom-.

La policía chaqueña intervino con efectivos cubiertos por escudos y palos y arremetieron contra los manifestantes que cortaban la ruta 95 en la localidad de Juan José Castelli, donde también se utilizaron balas de goma. La perpetración de la fuerza de seguridad chaqueña y la forma en que se suscitaron los hechos de violencia no nos deja duda. El operativo tuvo aval político y fue organizado por las autoridades provinciales.

Este nuevo ataque se suma al historial de episodios que vienen sufriendo sistemáticamente los pueblos aborígenes en nuestro país, quienes son perseguidos por el reclamo territorial, por el derecho de luchar.

A principios de este año, falleció un sobrino de Félix Díaz, cacique de la comunidad La Primavera, a causa de golpes en la cabeza. A los pocos días, otro joven integrante de dicha comunidad fue arrollado por un camión mientras recogía alimentos en un basural y la semana pasada, 3 miembros murieron por falta de atención médica.

Son numerosas las expresiones de repudio de diferentes organizaciones sociales, a lo que se agrega lo expresado por Amnesty Internacional Argentina en cuanto a su preocupación por la situación de los pueblos originarios en la Argentina. El documento alerta sobre " El incumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas asumidos por el Estado Nacional, que obliga también a las instancias provinciales, generando responsabilidad internacional al Estado Argentino" según los expresado por Mariela Belsky, directora argentina .

Esto se enmarca en la falta de relevamiento territorial exigido por la Ley Nº 26106 promulgada en el año 2006, y prorrogada el año 2009. Dicho relevamiento se vence en noviembre del corriente año y cuenta con aproximadamente un 20 % de la totalidad del territorio aborigen relevado.

A este desinterés por parte del gobierno nacional, a lo que no son ajenos los provinciales, se suma el valor económico que se ha producido en los últimos años de la tierra, dónde la sojización y la deforestación, se supone, han sido los ejes principales para no cumplir con la ley vigente hace más de 6 años.

Justo el mismo día de la brutal represión en la Provincia del Chaco a la Comunidad Qom, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le otorgó el plazo de una semana al gobierno de la Provincia de Formosa, a la Administración de Parques Nacionales y al INAI a la realización del relevamiento territorial de la comunidad Qom La Primavera.

El ataque a los integrantes de la comunidad qom no es un simple hecho aislado, sino por el contario estamos ante la planificación de acciones de violencia directa con el solo fin de acallar sus reclamos. Son estas demandas las que dejan en evidencia a un gobierno nacional y a los gobiernos provinciales la falta de voluntad política para dar respuesta a los conflictos territoriales y garantizar el derecho a la tierra de los pueblos aborígenes en nuestro país.

Por todo lo expuesto, solicito a las Sras. Diputadas y Sres. Diputados el acompañamiento del presente proyecto de declaración.-