La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Rechazar el despido de 67 trabajadores de la fábrica Gestamp, ubicada en la localidad de Escobar, que decidió la empresa en represalia por la realización de medidas de acción gremial de los trabajadores en defensa de sus puestos de trabajo, y reclamar su inmediata reincorporación.

Reclamar el inmediato retiro de la Gendarmería y de la policía provincial que rodea la fábrica y solicitar la presencia inmediata del Ministerio de Trabajo para establecer un acta con los compañeros que hoy mantienen una vigilia dentro de la planta en defensa de sus puestos de trabajo.

Señor presidente:

En la fábrica autopartista Gestamp han despedido a 67 trabajadores. Esto constituye un nuevo ataque a la estabilidad laboral, después de haber realizado en semanas previas una política de suspensiones del personal. Además, representa un fuerte agravamiento de la situación laboral de los trabajadores de esta empresa, sumergida en un cuadro más general que se está extendiendo a toda la industria y a la automotriz en particular. La Unión Obrera Metalúrgica de Córdoba ha decretado un paro provincial el día 28 de mayo del presente año para rechazar centenares de despidos y suspensiones en esta rama de la producción.

Un vasto operativo de la policía bonaerense, respaldada por la gendarmería, actuó contra las medidas de lucha de los obreros. Ahora se pretende detener y procesar por "usurpación, daños y lesiones" a nueve trabajadores de esta empresa: Mario Muñoz, Diego López, Ezequiel Miño, Gustavo Ruiz, Roberto Amador, Germán Adriani e Ibarra Ibañez. E iniciar otros procesos penales contra otros trabajadores por "corte de rutas".

Este operativo pretende disciplinar a los trabajadores de Gestamp que vienen resistiendo una política de ajuste al interior de la fábrica. Viene de la mano, además, de los anuncios oficiales de medidas antihuelgas; con la amenaza de la aplicación de la llamada Ley Antiterrorista sobre los conflictos sociales y sindicales y la persecución de opositores y luchadores populares y, en definitiva, se suma a los más de cinco mil procesos penales en curso que criminalizan la protesta social.

A través de este proyecto solicitamos el retiro de las fuerzas policiales, repudiamos la militarización de la fábrica; el retiro de las causas penales contra los trabajadores y la rápida resolución de los reclamos obreros en defensa de sus puestos de trabajo.