El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º: LEY DE DEPOSITO LEGAL PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Artículo 1º: La presente Ley tiene por objeto la integración y conservación del patrimonio cultural de la Nación Argentina, mediante el depósito legal de ejemplares de manuscritos raros e incunables, libros, documentos y publicaciones antiguos de interés especial sueltos o en colecciones, obras literarias, informáticas, artísticas, científicas, técnicas y sociológicas editadas y producidas en su territorio, en materiales bibliográficos, periodísticos, documentales, sean estos impresos, fílmicos, magnéticos, digitales o de cualquier otra forma que hubiere para difusión pública. Incluye todos aquellos bienes relacionados con la historia, incluyendo la historia de la ciencia y la técnica, la historia militar y social, así como la vida de los dirigentes, pensadores, sabios y artistas nacionales y de los acontecimientos de importancia nacional, archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos así como toda otra obra que en el futuro la Biblioteca Nacional estime de interés para el acervo cultura de la Nación. Su integración, custodia, preservación y disposición para su consulta, es de orden público en los términos de esta ley.

Artículo 2º: Para los efectos del artículo anterior, los autores, las instituciones o particulares que tengan en su poder documentos inéditos de importancia, tales como manuscritos o inéditos de valor histórico o biográfico, los editores y/o productores de los materiales señalados en la presente ley estarán obligados a integrar el patrimonio bibliográfico y documental del país, con el depósito legal de ejemplares de sus obras.

Artículo 3º: Se dará cumplimiento con el depósito legal, con la entrega de dos ejemplares de cada edición y/o producción de materiales de interés general, divulgación pública y contenido social, cultural, artístico, científico y tecnológico a la Biblioteca Nacional, que para tales fines y efectos, se establece como depositaria legal.

Artículo 4º: Los materiales objeto del depósito legal serán los siguientes:

a) Bibliográficos, periodísticos y documentales impresos, consistentes en libros, inéditos, folletos, revistas, periódicos, mapas, planos, partituras, obras de representación escénica, información turística e histórica, carteles, litografías, fotografías, grabados, dibujos y demás publicaciones del caso, y

b) Fílmicos, magnéticos y digitales, referentes a películas, videocasetes, micropelículas, diapositivas; audiocasettes, disquetes, discos compactos, discos ópticos, cintas magnetofónicas, acetatos fonográficos y demás materiales aplicables producidos por el avance tecnológico.

Artículo 5º: Los materiales referidos en el artículo anterior, serán entregados a la institución depositaria dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su edición o producción, a excepción de las publicaciones periodísticas de cualquier tipo, que deberán entregarse a más tardar a los dos días de su puesta en circulación.

Artículo 6º: La Biblioteca Pública Nacional en la recepción de los materiales objeto del depósito legal, deberá:

a) Expedir constancia que acredite la entrega y conservar asiento del depósito

b) Compilar, custodiar, preservar y mantener en buen estado los materiales constituyentes del acervo depositado.

c) Informar anualmente de lo depositado a la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, la que hará periódicas inspecciones de lo depositado para confirmar su existencia, cuidado y preservación, pudiendo establecer normas complementarias a tal fin.

d) Establecer los procedimientos adecuados para el debido acopio de los materiales depositados y para la prestación de los servicios bibliotecarios y de consulta pública.

e) Publicar anualmente la información estadística de los materiales recibidos.

Artículo 7º: La constancia de depósito legal deberá contener, en su caso:

I.- Naturaleza del material.

II.- Nombre del autor.

III.- Nombre del editor y productor.

IV.- Título de la obra.

V.- Lugar y fecha de edición.

VI.- Número de volúmenes, hojas o de materiales específicos en su caso.

VII.- Fecha de entrega.

VIII.- Nombre, dirección y firma de quien entrega el material, y

IX.- Nombre de la persona receptora y sello de la institución depositaria.

Artículo 8º: En los casos de omisión al cumplimiento del depósito legal, la Biblioteca Nacional requerirá por escrito al infractor, a efecto de que cumpla con su obligación dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la notificación correspondiente. Si en ese término no se cumple con la obligación de entrega, el Director de la Biblioteca Nacional impondrá la multa correspondiente. La aplicación de las multas, así como el procedimiento, tramitación y cobro de las mismas se establecerá en la reglamentación a dictarse.

Artículo 9º: Los personas y/o instituciones que estando obligadas por esta ley incumplan con la obligación del depósito legal, desatendiendo los requerimientos para ello, serán acreedores a una multa de entre 2 (dos) y 10 (diez) veces el precio de venta al público del material omitido, según gravedad y la reincidencia o no en la misma. En el caso de obras de distribución gratuita, la sanción no será menor de tres, ni mayor de cinco días de salario mínimo vital y móvil vigente, de acuerdo a la importancia del material.

Artículo 10: El pago de la multa por el incumplimiento de la entrega, no releva al infractor de su obligación de contribuir al depósito legal con el material requerido.

Artículo 11: El monto de las multas impuestas por omisión al depósito legal, será transferido a un fondo establecido a favor de la Biblioteca Nacional, el que será destinado precisamente para la adquisición de materiales que incrementen el acervo cultural objeto del depósito legal.

Articulo 12º: A los exclusivos fines de archivo, preservación e investigación, la Biblioteca Nacional, podrá realizar, por cualquier medio técnico adecuado, reproducciones sobre la totalidad o parte de la obra depositada.

Artículo 13: - El Poder Ejecutivo dictará las disposiciones reglamentarias para la aplicación de lo establecido en la presente ley en un plazo de 120 días corridos desde su promulgación.

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo

Señor presidente:

Patrimonio cultural es una expresión que engloba un espectro muy amplio de objetos, es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad de particulares, de instituciones y organismos públicos o semipúblicos, de la Iglesia y de la Nación, que tengan un valor excepcional desde el punto de vista de la historia del arte y de la ciencia, de la cultura en suma, y que, por lo tanto, sean dignos de ser conservados por las naciones y conocidos por la población a través de las generaciones, como rasgos permanentes de su identidad.

Se trata de un conjunto de bienes culturales definidos por la Convención de la UNESCO de 1970 como: los objetos que, por razones religiosas o profanas, hayan sido expresamente designados por cada estado como de importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia.

De esta variedad de bienes culturales interesa a este proyecto el patrimonio documental y bibliográfico, es decir, la parte del patrimonio cultural que se compone de documentos inéditos y publicaciones, cualquiera sea la tecnología con que hayan sido creados, los cuales actualmente no se encuentran expresamente protegidos por nuestra legislación.

Un documento representa el mecanismo ideado por la humanidad para atesorar y legar el conocimiento a las generaciones posteriores y ser fuente de prueba sobre hechos. Concebido en su triple dimensión soporte físico, creación intelectual y mensaje informativo cuyo significado es constantemente actualizado en el proceso de comunicación, el documento es fuente permanente de información, es la memoria de la cultura humana y el testimonio de los acontecimientos de la historia, la vida contemporánea y el quehacer general de la sociedad. Esta es la razón por la cual debe ser conservado y protegido.

El conjunto de documentos producidos en un país involucra inéditos y publicaciones. La diferencia entre un inédito y una publicación está dada por el grado de difusión que cada uno permite; el primero es un documento de circulación restringida dentro de un ámbito o institución, mientras que la segunda ha sido producida en múltiples copias permitiendo la consulta masiva y simultánea.

Las leyes argentinas sobre el patrimonio cultural protegen bienes tales como monumentos, inmuebles, reservas naturales, yacimientos arqueológicos y paleontológicos, lugares históricos y documentos que incluyen la memoria audiovisual; no se detecta la existencia de una ley específica que enfoque la preservación del patrimonio documental y bibliográfico.

La ley 11.723 de propiedad intelectual regula el depósito legal de publicaciones en algunos de sus artículos. Lamentablemente lo hace de un modo muy deficiente debido a la diferencia de objetivos entre el derecho de autor (que busca proteger las obras intelectuales y el derecho de los autores) y el depósito legal (que intenta asegurar el desarrollo de la colección de publicaciones nacionales). Sus fallas y blancos legislativos la hacen inadecuada para lograr la reunión de, al menos, un ejemplar de todas las publicaciones argentinas en un acervo bajo la custodia de la Biblioteca Nacional.

Acerca de los inéditos no existe una legislación análoga al depósito legal que obligue a las instituciones o particulares a declarar la posesión de documentos inéditos de importancia, tales como manuscritos o inéditos de valor histórico o biográfico

Estrictamente hablando, no existe una ley de depósito legal per se, desvinculada de los derechos individuales de los creadores sobre sus obras y, por lo tanto, centrada en objetivos distintos tales como la recolección y conservación de la edición nacional y la posterior creación de los registros bibliográficos oficiales derivados de la misma.

Ideal y tradicionalmente existen dos instituciones encargadas del resguardo y conservación del patrimonio documental y bibliográfico de un país. De los inéditos se ocupan los archivos nacionales y de las publicaciones las bibliotecas nacionales, aunque podría ocurrir que ambas funciones se encuentren reunidas en una sola institución, o que las bibliotecas nacionales posean una sección de archivos de inéditos importantes, o también, que los archivos nacionales posean una biblioteca de publicaciones nacionales.

En nuestro país, el decreto 1.386/96 que aprueba el funcionamiento de la Biblioteca Nacional como organismo descentralizado y autárquico, en jurisdicción de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, fija como uno de sus objetivos "custodiar, acrecentar, preservar, conservar, registrar y difundir la memoria impresa de la cultura, con prioridad en lo que hace a la herencia cultural del país, recogida sobre cualquier soporte permanente de información" (sic).

Posteriormente, la resolución 86/2003 de la Dirección de la Biblioteca Nacional cuando define su estructura organizativa estableció en el punto3 de su Anexo II (bajo el título "Departamento Procesos Técnicos Acciones") que entre las funciones se encuentra la de : "Organizar y coordinar las actividades relativas a la producción de la Bibliografía Nacional"(sic)

Por ello, entendemos que es necesario que la institución encargada de la protección, clasificación y cuidado de todo el patrimonio documental y bibliográfico (documentos inéditos y publicaciones) de nuestro país debería ser la Biblioteca Nacional.

Una bibliografía nacional es el espejo en el que se refleja la cultura, el carácter y los intereses del momento en el país, lo hace mediante una lista de las publicaciones editadas. No solo sirve como recordatorio histórico, sino que cuando se distribuye a otros países es como una 'ventana' por donde se ve ese país.

Esta acción permite perpetuar en el tiempo, para generaciones futuras la cultura en todas sus manifestaciones, al tiempo que constituye la principal vía de enriquecimiento de las colecciones de Biblioteca Nacional, contribuyendo en forma permanente con el crecimiento del acervo documental argentino, al tiempo que se garantiza el libre acceso a la información a todo lo largo y ancho del territorio nacional.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares en la aprobación del presente proyecto de ley.