El Senado y Cámara de Diputados...

MODIFICACION DEL ARTÍCULO 2º DE LA LEY 24.557

Artículo 1º - Modificase el artículo 2° de la Ley 24.557, por el siguiente texto:

"ARTICULO 2° - Ámbito de aplicación.

1. Están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la LRT:

a) Los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

b) Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado;

c) Las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública;

d) El personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

2. El Poder Ejecutivo nacional podrá incluir en el ámbito de la LRT a:

a) Los trabajadores de casas particulares;

b) Los trabajadores autónomos;

c) Los trabajadores vinculados por relaciones no laborales;

d) Los bomberos voluntarios;

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo".

Señor presidente:

La presente iniciativa busca garantizar el encuadramiento legal de los siniestros laborales sufridos por el personal de las fuerzas armadas y de seguridad en las contingencias y situaciones cubiertas en las Leyes de Riesgos de Trabajo N° 24.557 y N° 26.773.

Si bien es cierto que la ley 21.965, su decreto reglamentario 1866/83, y la ley 16.973 son las que regulan todo lo referente al personal policial y sus condiciones laborales y previsionales en el ámbito nacional, dicha legislación no contiene disposiciones relacionadas con daños a la salud con motivo de actos de servicio.

Vale recordar que la ley 9688, del año 1915 (B.O. 21/10/1915), sólo era aplicable a los obreros y empleados de la actividad industrial, afectados por un accidente de trabajo (arts. 1º y 2º). Fue la ley 18.913, del año 1970 (B.O. 15/01/1971), la que incorporó al Estado nacional, las provincias y las municipalidades "en su carácter de empleadores", al régimen de la ley 9688 (art. 1º), aunque al personal civil de la Administración pública nacional ya le resultaba aplicable desde 1957, conforme al decreto 6666/57 (art. 31).

La LRT, que entró en vigencia el 01/07/1996, declaró "obligatoriamente incluidos" en su ámbito de aplicación a los "funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (art. 2º, inc. a), pese a la amplitud del concepto, se mantuvo la exclusión del sistema a las fuerzas armandas y de seguridad.

En el terreno jurisprudencial este tema no ha tenido un tratamiento pacífico, en particular si analizamos la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El debate ha estado planteado en dos puntos: la aplicación de la ley especial de siniestros laborales al personal de las fuerzas armadas y de seguridad, y la posibilidad de que opten por la acción de daños y perjuicios del Código Civil, tal como en su momento lo autorizaban los arts. 17 de la ley 9688, y 16 de la ley 24.028 y hoy lo autoriza la ley 24.557.

En Fallos 184:378, 204:428, 207:176 y 291:280, entre otros, la Corte había fijado como doctrina que el personal de las fuerzas armadas no puede reclamar el pago de daños y perjuicios sufridos en actos de servicios, recurriendo a la acción civil, ya que ellos -sostenía nuestro Máximo Tribunal- se rigen por sus propios reglamentos. En el caso "Gunther" (Fallos 308:1118), admitió que un soldado conscripto reclame una indemnización con fundamento en el derecho civil, utilizando la opción que le brindaba el art. 17 de la Ley 9688, aclarando que no era un impedimento que los arts. 77 y 78 de la ley 19.101 (Adla, XXXI-B, 1343) le garantizara un "retiro alimentario y asistencial". En el caso "Luján" (Fallos 308:1109), aplicó la doctrina de "Gunther" a un miembro de la Policía Federal Argentina.

Se produce un giro de ciento ochenta grados en el caso "Valenzuela" (Fallos 315:1731), en el que se resuelve que quienes se incorporen a las fuerzas armadas "voluntariamente y sin reservas" no pueden optar por una acción judicial de derecho común.

Finalmente, en "Mengual, Juan y otra c. Estado Nacional (Ministerio de Defensa - E.M.G.E.) s/cobro de australes" (19/10/1995, Fallos 318:1959), la Corte vuelve sobre sus pasos y sostiene que, si bien el personal de las fuerzas armadas está sometido a las reglamentaciones y ordenanzas que rigen la actividad militar, "las cuales desenvuelven sus principios propios en la órbita del derecho público, constitucional y administrativo", ello no significa que "el silencio de tales normas en lo atinente al resarcimiento de los daños sufridos en actos de servicio, implique negar la posibilidad de reclamar dicha indemnización con base analógica en las disposiciones del derecho común". En esta sentencia se aclara que la existencia de un beneficio de naturaleza previsional, en las normas que rigen la actividad, no permite descartar la posibilidad de que la víctima demande una reparación de los daños sufridos, con fundamento en el derecho común.

En el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VIII ~ 2012-11-15 autos "Ferri, Evangelina Elda c. Estado Nacional Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos de la Nación Policía Fed. Argentina", el voto del Dr. Catardo, al que adhiere el Dr. Víctor A. Pesino, publicado en LA LEY 30/04/2013 , 6 • DT 2013 (junio) , 1413 destaca que en este caso la parte actora optó por la acción especial de la LRT, aclarando que en ella la responsabilidad del Estado resulta de su propio texto, en referencia a su art. 2º, inc. a), sin advertirse "la existencia de norma concreta, ni de regla jurídica de jerarquía superior, que excluya al personal de la Policía Federal". Dice el Dr. Catardo que no "se percibe incompatibilidad entre el régimen de la Ley 16.973 y los decretos modificatorios, con las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo...".

En general, la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se ha inclinado a reconocerle al personal de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas y el resto de las fuerzas de seguridad el derecho a reclamar las prestaciones de la LRT cuando han sufrido daños a la salud en actos de servicio.

La sala IV de la Cámara Nacional del Trabajo, por ejemplo, reconoció que era un accidente "in itinere" el sufrido por un policía, cuando se dirigía a prestar servicios ("Suerz, Eduardo c. Estado Nacional y otros s/indemnización por fallecimiento"; expte. Nº 26.900/03, SD Nº 91.057; 28/12/05). En los autos "Rizzi, Mariana, en representación de sus hijos menores c. Estado Nacional y otros s/accidente ley 24.557", la misma sala resolvió que el subsidio extraordinario de la ley 16.973 no es incompatible con la percepción de la indemnización fundada en normas de derecho común, entre las cuales -dijo- se encuentra la LRT (expte. Nº 11.680/2005, SD Nº 93.614, 23/09/2008).

Si según el diccionario "accidente" es un suceso "imprevisto", es muy difícil encuadrar en esa palabra a un enfrentamiento entre un policía y delincuentes. Es claro que es parte de su función y del riesgo natural de la tarea, voluntariamente asumido. Esto explicaría el voto de la minoría en el caso "Mengual" (Nazareno, Petracchi y Bossert), que intenta distinguir entre daños que reconocen "un origen típicamente accidental", en cuyo resarcimiento sí serían aplicables normas del derecho común, de aquellos en que dicho daño "es el resultado de una acción bélica", esto es, una mera consecuencia del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas armadas o de seguridad, características del servicio público de defensa", pero lo que resulta destacable resaltar es que tanto en el voto de la mayoría como en el de la minoría, la posibilidad del escape hacia el derecho común es justificada por la ausencia de un régimen indemnizatorio de carácter específico, o sea que tenga en cuenta las características muy especiales que tiene la actividad de este personal, y que también repare de manera justa los daños que pueda sufrir en el desarrollo de sus tareas.

La Corte ha dicho reiteradamente, que una indemnización que deja daños sin reparar, no es justa, y si no es justa, no es constitucional y en la actualidad el conflicto reseñado supra encuentra su respuesta en la opción que regula el segundo párrafo del art. 4º de la ley 26.773 que expresamente establece que "Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables.".

Se aclara que no se menciona ni se hace un reenvío a la ley 26.944, atento que dicha ley expresamente dispone en su art. 10, segundo párrafo, que "Las disposiciones de la presente ley no serán aplicadas al Estado en su carácter de empleador."

Conforme lo expuesto, de la interpretación literal y armónica de las Leyes Nros. 24.557 (LRT), 26.773 y 26.944, se desprende que "los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (art. 2°, inc. a, Ley N° 24.557), pueden optar entre el régimen de la LRT y la indemnización del Derecho Civil, porque la propia Ley de Responsabilidad del Estado ‒que es la última sancionada‒ declara su inaplicabilidad a este caso.

Creo que ya es hora que se legisle en este tema reconociendo expresamente el derecho del personal de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas al resarcimiento de los daños a la salud sufridos en actos de servicios, conforme el régimen especial de la ley de riesgos del trabajo con la opción que también expresamente regula el art. 4º de la ley 26.773.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley.