La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su preocupación por los hechos de violencia ocurridos en el noreste de Asunción, en la República del Paraguay, que tuvieron como consecuencia la muerte de once campesinos locales y seis integrantes de las fuerzas policiales, y la existencia de más de ochenta heridos.

Acompañar la decisión del Presidente paraguayo Fernando Lugo de establecer una comisión especial, con apoyo de la Organización de los Estados Americanos, para investigar en profundidad estos hechos y verificar responsabilidades.

Expresar su más amplio apoyo a la investidura presidencial de la Presidencia de la República del Paraguay.

Señor presidente:

El pasado viernes 15 de junio de 2012 ocurrió un episodio de violencia en el noroeste de Asunción, Paraguay, en el que se enfrentaron fuerzas policiales con un grupo de campesinos locales que se movilizaban y ocupaban tierras cercanas a una hacienda en la zona de Curuguaty, que pertenecerían a un dirigente político llamado Blas N. Riquelme, pero que son objeto de reclamo.

Las consecuencias inesperadas de ese episodio fueron diecisiete ciudadanos paraguayos muertos, once de ellos campesinos, y seis de ellos miembros de las fuerzas policiales. También sufrieron las consecuencias de los hechos violentos más de ochenta personas que resultaron heridas.

Estos hechos violentos y luctuosos se produjeron en una zona donde existe un enquistado conflicto por la posesión de tierras a causa de las masivas adjudicaciones irregulares que se produjeron durante la larga dictadura de Alfredo Stroessner.

Según declaraciones del Presidente Fernando Lugo, "la lucha por la tierra en nuestro país fue históricamente no violenta", y señaló que las fuerzas policiales habrían actuado conforme a derecho y que los hechos se habrían desencadenado como consecuencia de la intervención de personas ajenas al conflicto. A su vez el Presidente informó que constituirá una comisión investigadora que contará con la colaboración y participación de un comisionado especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que ofrecerá un marco de garantía internacional al proceso.

Lo ocurrido resulta preocupante y lamentable en el marco de una conflictividad por tierras, que se extiende por muchos otros países latinoamericanos, y que en determinados casos involucran a comunidades de los pueblos originarios. Nuestros pueblos y nuestros gobiernos no pueden permitir que la conflictividad por el uso y la propiedad de las tierras provoquen la pérdida de vidas humanas y el daño físico en el marco de un reclamo tan vital para la existencia como es el uso de la tierra.

En este contexto, aparece políticamente acertada la decisión del Presidente paraguayo de generar un ámbito de investigación rápido y efectivo, y con la seriedad e independencia necesarias para identificar los orígenes y los responsables de la masacre.

Las reacciones políticas derivadas de los hechos han sido diversas, y en este caso han llevado rápidamente a la conformación de las condiciones necesarias para la realización de un juicio político contra el Presidente Fernando Lugo, que podría arrojar como consecuencia su destitución a la primera magistratura. Por otra parte, el Presidente Lugo ha expresado que la decisión de realizar el juicio político obedece a intereses sectoriales.

Es evidente que los acuerdos políticos dirigidos a someter al Presidente a juicio político no tienen por objeto establecer las responsabilidades por la masacre, sino más bien procurar un atentado a su investidura presidencial, comprometiendo la institucionalidad democrática y la estabilidad política en paraguay, que han sido tan caras a nuestra región latinoamericana.

Es entonces que en estas circunstancias, cuando en un país hermano los grupos de poder conspiran contra las mayorías populares, que la reacción política de nuestra Honorable Cámara de Diputados no puede hacerse esperar. En consecuencia, debemos repudiar enérgicamente la decisión de someter al Presidente Lugo a juicio político y expresar el más amplio apoyo a su investidura.