La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más profunda preocupación por el estado de vulnerabilidad y desprotección laboral en que se encuentran los damnificados ex agentes de YPF a quienes de manera injusta, se les ha impedido la indemnización correspondida por ley, actualmente se encuentran en la misma situación de desamparo y falta de reconocimiento de sus derechos, debido a la burocracia a la que son sometidos.

Señor presidente:

La ley de reforma del Estado 23.696, dictada en el año 1989, fue la que estableció el Programa de Propiedad Participada, en el cual el capital accionario podía ser adquirido en todo o en parte, por los empleados de todas las jerarquías, que se encontraran en relación de dependencia y se debía incluir a todos los trabajadores de las empresas que serian sometidas al procesos de privatización, así como sucedió con YPF. La que se llevo a cabo por distintas normativas entre ellas el decreto 2778/90, el cual dispuso la transformación de la empresa en una sociedad anónima, dictando su estatuto, y sujetándose por lo dispuesto en ley 19.550.

Con posterioridad y en ese marco normativo de privatización, se sanciona la ley 24.145, promulgada en Octubre de 1992, ley de "Federalización de Hidrocarburos, Transformación Empresaria y Privatización del Capital de YPF". Esta ley en su art. Nº 8 establece la conformación de su capital accionario, el cual se encuentra categorizado por acciones (A, B, C y D) adjudicando las acciones clase "C" para el personal que puede acceder al programa de propiedad participada hasta el 10 % del capital social.

Seguidamente y con el objeto de llevar a cabo la ejecución y el procedimiento cancelatorio del saldo de precio y de venta de las acciones "C" de los trabajadores de YPF, se dicta el decreto 628/97 el cual dispone dicho procedimiento.

Este procedimiento cancelatorio dejo fuera y privados de lo que anteriormente se le había reconocido a numerosos agentes que mantenían relación de dependencia al 1 de Enero de 1991, conforme fue reconocido por ley Nª 23.696. Esta legitimidad la cual no fue reconocida en su momento, el Estado a través del dictado de la

ley Nª 25.471 reconoció derecho a una indemnización a aquellos trabajadores que se encontrasen considerados como personal en relación de dependencia al 1 de Enero de 1991, permitiéndosele acceder al programa de propiedad participada, como a las indemnizaciones correspondientes.

El decreto 1077/2003 estableció el valor promedio para el calculo de la indemnización que reconoce aquella ley en la suma de pesos veintitrés mil setecientos veintiocho (23.728), instruyéndose al Ministerio de Economía para la cancelación.

Lo cierto es que en la actualidad a pesar de haberse dictado el conjunto normativo de marras, dichos trabajadores no han podido alcanzar el fin reparatorio, ni el resarcimiento de los daños sufridos y nos encontramos ante diversas situaciones que padecen los ex agentes de YPF, lo que ha creado una situación de incertidumbre entre los mismos, no logrando efectivizar los derechos adquiridos, ni hacer justicia de la situación provocada por la privatización.

Atento a la delicada situación, es que estimo procedente poner fin a tal injusticia a la que son sometidos los ex trabajadores de YPF. Por tal motivo solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto con su voto afirmativo.