La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Promover juicio político contra el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Domingo Fernández, por mal desempeño, por delito en el ejercicio de sus funciones, y/o por crímenes comunes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y concordantes de la Constitución Nacional.

Señor presidente:

Vista las graves acusaciones contra el Sr. Aníbal Domingo Fernández, actual Jefe de Gabinete de Ministros, quien detentara en los últimos años los cargos de Senador Nacional, Ministro del Interior, Ministro de de Justicia y Jefe de Gabinete de la Nación, entendemos que la gravedad institucional del caso hacen imprescindible la intervención del Congreso de la Nación a través del proceso de Juicio Político previsto en la Constitución Nacional. Consideraciones preliminares n primer lugar, es importante recordar que desde hace varios años venimos manifestando la vinculación del señor Aníbal Fernández con hechos de narcotráfico ocurridos en nuestro país -relacionados al desvío ilegal de precursores químicos, como la efedrina y pseudoefedrina, para la elaboración de drogas sintéticas-, destacando no solo su responsabilidad política, sino su responsabilidad penal.

En efecto, en el año 2010 dirigentes del partido político al cual pertenecemos presentaron un pedido de juicio político ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación contra el señor Aníbal D. Fernández -quien por entonces ocupaba el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación- por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de la función pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución Nacional. Ese juicio político perdió estado parlamentario y no fue reproducido en tanto el Sr. Fernández había dejado de ser Jefe de Gabinete de Ministros para pasar a ser Senador Nacional por la provincia de Buenos Aires. En esa oportunidad se fundó la necesidad de que la Cámara de Diputados investigue el accionar del mencionado funcionario respecto de acciones y/u omisiones en el ejercicio de su función en relación con la SEDRONAR y el funcionamiento y contralor del RENAR; así como también que se profundice en el análisis de sus vinculaciones respecto de los imputados en el triple crimen de General Rodríguez.

En tal sentido, a continuación describiremos los hechos que motivaron aquella presentación, y además, los nuevos hechos de los que hemos tomado conocimiento, y que consideramos de gravedad institucional. Todo lo cual, a nuestro juicio, evidenciaría a esta altura, no sólo una ineludible responsabilidad política, sino la existencia de responsabilidad penal por parte del actual Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal D. Fernández. En ese orden de ideas, nos parece importante señalar brevemente las razones por las cuales entendemos que el señor Aníbal Fernández se encuentra vinculado al narcotráfico, en tanto desde los diversos cargos que el mismo ha ocupado, contribuyó al crecimiento del narcotráfico en nuestro país. Así, es de considerar en primer término, que existen elementos que permiten asegurar que el señor Fernández está estrechamente vinculado a personas investigadas, procesadas y condenadas por el desvío ilegal de precursores químicos; lo que genera fundadas sospechas que deben investigarse y hacen imprescindible el análisis de una eventual responsabilidad penal denunciada en diferentes causas judiciales. En segundo lugar, es inocultable el crecimiento de este flagelo durante los períodos en los que Fernández ocupara cargos claves en el Poder Ejecutivo Nacional, con directa incumbencia en la materia.

Y, en tercer lugar, el nombrado ha incumplido con preocupante animosidad la normativa vigente que lo obligaba a coordinar políticas públicas y elevar informes sobre procedimientos de secuestros de estupefacientes, precursores químicos y detenidos por la ley 23.737; lo que daría cuenta de su voluntad de NO contribuir a la lucha contra el narcotráfico. Aquí observamos, entonces, no solo una responsabilidad política sino otra vez una responsabilidad penal por el incumplimiento de lo contemplado en el ordenamiento jurídico. El rol de Aníbal Fernández en el RENAR y su rol en el triple crimen de General Rodríguez.

Hemos advertido que la base de nuestra sospecha radica igualmente en circunstancias que permiten asegurar que Aníbal Fernández se encuentra estrechamente vinculado a personas investigadas, procesadas y condenadas por el desvío de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas. En tal sentido, de la causa del triple crimen de General Rodríguez se desprende que un teléfono Nextel a nombre de Aníbal Fernández mantuvo 25 comunicaciones con Alejandro Giancristófaro, quien por entonces era funcionario del RENAR (Registro Nacional de Armas), que dependía del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del que era titular el actual senador. Cabe destacar que Alejandro Giancristófaro -hijo de Sebastián "Cacho Rey" Giancristófaro, un histórico "puntero" del Partido Justicialista de Quilmes que pertenecía al entorno de Sergio Villordo, ex intendente de Quilmes; quien en su momento, recibió todo el apoyo del actual Jefe de Gabinete Fernández para llegar a la Intendencia de esa localidad - trabajó bajo la gestión de Andrés Matías Meizner en el RENAR quien fuera su titular desde agosto de 2006; quien a su vez, es un hombre de extrema confianza de Aníbal Fernández, que fuera su socio en un estudio jurídico.

Además, es importante mencionar que Andrés Matías Meizner es hijo de José Luis Meizner, expresidente del Club Atlético Quilmes y ex "segundo" del ex titular de la AFA Julio Grondona.

Ahora bien, lo relevante del caso es que Alejandro Giancristóforo es amigo de Martín Lanatta, uno de los condenados por el "Triple Crímen de General Rodríguez", y quien también fue empleado del RENAR. Encontrándose acreditado en la referida causa del Triple Crimen, que ese mismo teléfono de Giancristófaro mantuvo entre enero y junio de 2008, es decir, dos meses antes del triple crimen, 668 comunicaciones con Martín Lanatta. Además, según fuera publicado: "El teléfono de Giancristóforo está registrado a nombre de la gerenciadora del RENAR. Entonces, ese ente también gerenciaba otro organismo: el Registro Nacional de Precursores Químicos (de la Sedronar). (1)

Y, precisamente, en el descargo de Julio De Orue en la causa que investiga el SEDRONAR dice: "Ya para abril de 2003 se decidió arancelar los tramites de los inscriptos antes el RNPQ "en líneas generales lo que hizo fue copiar el modelo de arancelamiento de trámites que existía en el RENAR y de allí que se escogió para administrar los fondos a la AICACYP...fondos que iba a administrar ese ente iban a ser para la modernización del RNPQ, eso lo recuerdo bien y existía una manual de procedimientos para manejarse con el AICACYP, debían ser D`Albora o Abboud quienes realizan los pedidos de equipos, personal y suministro". Conexiones sobre las que sería oportuno avanzar judicialmente y en la sustanciación del presente Juicio Político.

Asimismo, resulta oportuno considerar que tal como trascendiera públicamente "a través de su vocero, Fernández afirmó que conoce a Giancristóforo, que fue empleado del Renar y que es hijo de un histórico puntero de Quilmes que trabajó para él. Fernández dijo que "es posible" que haya hablado con Giancristóforo, ya que "trabajaba políticamente" para él". (2) De este modo, puede evidenciarse una primera vinculación entre Aníbal Fernández y Alejandro Giancristóforo, un hombre que, como dijimos, es amigo -y así lo demuestran las innumerables llamadas telefónicas- de Martín Lanatta. Por otra parte, encontramos una segunda vinculación de Aníbal Fernández con el narcotráfico, esta vez más directa. Tito Romero, hermano de Juan Carlos Romero, declaró haber participado de una reunión de Aníbal Fernández y Eduardo Menchi (socio de Martin Lanatta en la sociedad Homeland Brokers Security S.A., junto a Miguel Ángel Colella, ex comisario relacionado con Jorge "Fino" Palacios, y Ricardo Alberto Escudero).

Además, el 23 de agosto de 2013, Perfil.com publica por primera vez en un medio masivo de comunicación, la videofilmación de la declaración prestada por José Luis Salerno, en el mes de diciembre de 2012, durante el Juicio Oral celebrado por el triple crimen de General Rodríguez (3), en los tribunales de Mercedes. José Luis Salerno, ex policía bonaerense y socio de Damián Ferrón en la droguería Fharmaz Group, en su declaración recordó una reunión mantenida con el supuesto autor intelectual del homicidio, Esteban Pérez Corradi. En la cual éste último habría confirmado que tenía vínculos con la policía federal, gendarmería y la ex SIDE, y que los iba a "boletear" (lo que se entiende en la jerga callejera como asesinar) porque les habían quitado el negocio.

Asimismo, le habría advertido que "los que manejaban esa estructura era alguien estaba más arriba que Pérez Corradi (...) Hablando jerárquicamente, yo interpreté que él tenía jefes de la Policía, Gendarmería y el Gobierno. Él me dijo que participaba gente del Gobierno (...)", señaló a los jueces Salerno sobre la conversación que tuvo con Pérez Corradi" (4). Ilustrando al Tribunal sobre un suceso que dista de ser una mera "anécdota", aseguró que "Cuando pasa todo esto, al día siguiente me llama a la farmacia la secretaria de Aníbal Fernández. Fue un día o dos días después de que desaparecieran los chicos". "Yo no estaba, atendieron por mí y dijeron que el señor Aníbal Fernández quería hablar conmigo, y que se iba a volver a comunicar. Supe que era cierto porque en la indagatoria que tuve en el juzgado federal de Campana me preguntaron qué había hablado yo con el teléfono privado del señor Fernández", aclaró ante una pregunta del Tribunal (5).

En tal sentido, puede inferirse que quien estaba "más arriba" era Aníbal Fernández quien, en consecuencia, tendría estrechos vínculos con Pérez Corradi, el supuesto autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez. Cabe recordar que los tres empresarios habrían sido asesinados en la vivienda de propiedad del propio Martín Lanatta, sita en la calle Nicolás Videla 631, en Quilmes. En tanto se ha sospechado en toda la investigación del crimen, que el mismo debió ocurrir en un territorio "liberado" de todo control policial. Cristian y Martín Lanatta, Marcelo Schillacci y Víctor Schillacci fueron condenados "por resultar partícipes necesarios penalmente responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su comisión mediante violencia en concurso real con triple homicidio agravado por su comisión con ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de más de dos personas", según resolvió el Tribunal en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial de Mercedes. Pero los jueces mencionaron además la existencia de "algunos importantes contactos con el poder" por parte de los hermanos Lanatta, los cuales les garantizaron total impunidad a la hora de cometer el múltiple asesinato. Miguel Ángel Pierri, abogado de las familias de las víctimas, denunció en tanto que "no hay duda de que hubo zona liberada" por parte de "malos policías y agentes de inteligencia" para facilitar los asesinatos. "Si no tenés cobertura para actuar libremente (el crimen era) imposible porque en la zona donde fueron encontrados asesinados hay vecinos muy cerca y es un camino transitado, no abandonado como dijeron muchos", sostuvo el letrado en declaraciones a radio La Red (6). Conclusiones que sin perjuicio del interés que pudieran tener quienes las aseveran, son razonables, de sentido común, casi obvias; que no deben ser pasadas por alto por parte de la Justicia ni del Congreso de la Nación, a fin de no otorgar impunidad a aquellos funcionarios y demás agentes estatales que pudieron participar y/o encubrir delitos gravísimos como los mencionados. Asimismo, según lo habría manifestado Tito Romero, hermano del Senador por Salta Juan Carlos Romero y Director del Diario El Tribuno, él mismo participó de una reunión con Aníbal Fernández y Eduardo Menchi, "socio de Martín Lanatta". En declaraciones con Radio Continental, Romero refirió que la reunión tuvo lugar en la casa de Menchi cuando vendió el Diario Tribuno de Tucumán al grupo Ámbito Financiero, asegurando que Menchi actuaba de intermediario y que Aníbal Fernández estaba interesado en el tema (7). Vale destacar que según declarara en el citado Juicio Oral del Triple Crimen, el propio Eduardo Ariel Menchi, "...él formó con Martín Lanatta una sociedad de empresa de seguridad HOMELLAN BROKER SECURITY, que no funcionó, y Lanatta era el lobista el que nos reunía. Él tenía una financiera, entró en contacto con Forza por la venta de autos, en el medio estaba Schutz, también conoció a Pérez Corradi por las tratativas de compra-venta de autos. En ésa época era complicado obtener la portación de armas y Martín Lanatta la hizo perfectamente. Después continuó la relación porque Lanatta tenía siempre proyectos de negocios.- Otra vez, Aníbal Fernández es ubicado en un escenario compartido con personas vinculadas con los protagonistas de la causa del "Triple Crimen", y otra vez, aparece Lanatta y su "buenos oficios" ante uno de los organismos dependientes de la cartera de la que Fernández era titular. Ahora bien, además, Lanatta tiene otro contacto con el poder. Su teléfono tiene más de 15 llamados con una hija del entonces presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires, Osvaldo Goicoechea. Mariana Goicoechea era asesora de su padre y gestionó los trámites para que Lanatta y Pérez Corradi importen efedrina.

Al respecto, en dicho Juicio se estableció también que por las comunicaciones que mantuvo el teléfono personal de Martín Lanatta ,desde el mes de marzo de 2008, éste mantenía contactos con Sebastián Forza, mientras a su vez se comunicaba con Droguería San Javier (Néstor Lorenzo), Unifarma (a nombre de Daniel Vilán pero de Magallanes), con el teléfono de Liliana Raquel Aurehulliu que utilizaba Pérez Corradi, amén de Víctor Schillacchi y la línea que utilizaba Marina Goicochea (a nombre de su hermano Luciano) y otras personas, incrementándose tales contactos hacia el mes de junio del mismo año (CD Legajo f. 1 DE FS. 1366). Todas esta llamativas "coincidencias" también debieran ser investigadas, máxime considerando que "El 27 de agosto, el director del Registro de Precursores Químicos de la Sedronar dejó notificada por escrito una visita que había recibido dos días antes de que Forza, Ferrón y Bina fueran secuestrados y asesinados. Según el memorando interno de la Sedronar al que accedió este diario, ese 5 de agosto el director del organismo recibió un pedido de entrevista. La contadora Marina Viviana Goicoechea, quien se presentó como hija y asesora de Osvaldo Goicoechea -el entonces jefe del bloque del Frente para la Victoria (FpV) en el senado de la provincia de Buenos Aires-, llegó con dos pedidos (8). El motivo de su entrevista fue solicitar asesoramiento para el pedido de autorización de importación de efedrina por parte de la empresa unipersonal a nombre de Ochoa Jorge Alberto (un testaferro que necesitaba la asistencia estatal para recibir sus medicamentos para tratar el HIV, y no tenía trabajo)... Asimismo, Goicoechea solicitó información sobre cómo inscribir una empresa denominada Elvesta Argentina SA, dedicada a la elaboración de productos medicinales, la cual se supone que, una vez inscripta, solicitaría también la importación de efedrina. Vale la pena destacar que Elvesta había sido adquirida en febrero de 2008 por Jorge Adrián Cabrera y Martín Eduardo Lanatta. El primero era empleado y mano derecha del financista Pérez Corradi, y figura como su socio en las empresas Odin Concept y C&C Building SA. Siendo de destacar que la reunión entre Goicoechea y De Orué no se asentó en el expediente de Ochoa hasta después del triple crimen, cuando en el Registro se vieron obligados a despegarse de la conexión que comenzaban a vislumbrar. En conclusión, de lo precedentemente expuesto se desprende la existencia de sospechosas vinculaciones entre Aníbal Fernández y personas investigadas por desviar ilegalmente precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, entre quienes se encuentra Martín Lanatta, quien fue condenado por haber sido partícipe necesario del triple crimen de General Rodríguez. Al respecto entendemos que la declaración que pudiese prestar el Fiscal Juan Ignacio Bidone, así como la información relevante que pudiese tener en los legajos reservados de la causa que instruyó respecto de los hechos que aquí se refieren podría ser de suma utilidad para llegar a la verdad de los hechos. Declaraciones públicas de José Luis Salerno. En el marco de un reportaje periodístico el Sr. José Luis Salerno realizó declaraciones que involucran directamente a Aníbal Fernández con el "negocio" de la efedrina y el Triple Crimen de General Rodríguez. Durante la entrevista periodística el Sr. Salerno refirió que durante más de 20 de años perteneció a la policía de la provincia de Buenos Aires, cargo que abandonó para hacerse cargo de la farmacia que heredó de su padre. Que en dicho negocio se ocupaba de la venta directa a geriátricos y psiquiátricos y que a su vez tenía laboratorios propios en los que se dedicaba a la elaboración de recetas magistrales. Que asimismo elaboraba suplementos dietarios para gimnasios, hechos que lo vincularon con el Sr. Esteban Pérez Corradi quien en su momento se presentó ante él como titular de una cadena de gimnasios. Refirió que Pérez Corradi compraba productos elaborados con efedrina, que en ese momento era una sustancia legal y que a su vez intentó asociarse a él o comprarle sus farmacias, a lo que Salerno se negó. Que a medida que la relación con el Sr. Pérez Corradi avanzaba Pérez Corradi comenzó a contarle más cuestiones personales, familiares y comerciales, le manifestó que necesitaba comprar más efedrina, y le preguntó en dos o tres oportunidades si lo podía contactar con alguien que le pudiera vender más efedrina. Comentó que en marzo de 2008 se reunió con Pérez Corradi en una estación de servicio sita en Corrientes y Juan B. Justo, y que este lo increpó acusándolo de estar haciendo negocios con la efedrina y le dijo que la corte. Ante su negativa de que él estuviese en ese negocio, Pérez Corradi le dijo que va a tener que matar a su socio Damián Ferrón.

Que conoce a Sebastián Forza a partir de un fallido negocio para la adquisición de una droguería en Flores porque habría hecho una propuesta económica que fue superada por Forza quien finalmente compra la droguería. Que ante esta situación, Forza quiere conocerlos. Reunión que se concreta en las oficinas de Salerno en el municipio de Pilar. A partir de ahí empiezan a hacer negocios con Forza para la adquisición de medicamentos oncológicos. Con el tiempo, después del secuestro, Salerno dice darse cuenta que Ferrón - que era como su hermano - estaba vinculándose con el negocio de la efedrina, y que estaba armando una sociedad con Sebastián Forza y Leopoldo Bina según los dichos de su abogada Carla Iorio. En sus reuniones con Pérez Corradi este hace referencia a sus vinculaciones con dos jueces federales, señalando sobre uno de ellos que era el juez de los prostíbulos. También hace referencia a quien llama "la Morsa" quien después de indagar Pérez Corradi le aclara que la Morsa es Aníbal Fernández. Señala que todo esto ya lo declaró en el juicio oral del Triple Crimen. Asimismo describe que Pérez Corradi llevaba consigo una notebook. En la que le mostraba cuentas en el extranjero que manejaba él para el gobierno. Refiere que conocía que el circuito de la efedrina comenzaba comprando la misma en China, que venía por barco camuflada. Que en el negocio el identifica dos grupos antagónicos, el de lo que pasó en Ing. Maschwitz y el que estaban Ferrón, Bina y Forza que estaban vinculados con el senador provincial Goycochea y su hija que es contadora. La parte "oficial" la tenía armada Esteba Pérez Corradi sobre quien dice estaba vinculado a Aníbal Fernández. Que recuerda que al otro día que secuestran a los chicos lo llaman de la privada de Aníbal Fernández, y lo visita gente de inteligencia naval. También dice que no atiende el llamado ni al agente. Otra de la cosas importantes que quiere dejar asentada Salerno es que Esteban Pérez Corradi le hablaba de una persona que le quería quitar el negocio que él tenía, que se entera posteriormente que esa persona era Sebastián Forza. Forza le pide a Pérez Corradi si conoce a alguien ahora que le dé la portación de un arma, Pérez Corradi le recomienda a Martín Lanatta que er a su guardaespaldas. Pérez Corradi le refirió a Salerno que Lanatta le contó que Forza le había propuesto asesinarlo. Finalmente con relación al SEDRONAR Salerno aclara que Pérez Corradi decía que en dicho organismo se hacía la vista gorda porque participaban del negocio. Que de ahí se retiraban recetas especiales y que Pérez Corradi le refería relaciones con directores del SEDRONAR. Manifestó que hasta donde él sabe Martín Lanatta era un referente de Aníbal Fernández en Quilmes. Dice que la muerte de Damián Ferrón lo destruyo personalmente, porque era como de su familia, que posteriormente lo que investigó le corroboran que Forza, Vina y Ferrón estaban armando un negocio de la efedrina para quitárselo a Pérez Corradi y al Ministro Aníbal Fernández. Cree que la los autores materiales son los condenados pero que la parte intelectual a pesar de que no puede acusar por temor a represalias tiene que venir de la competencia en el "negocio". Siendo preguntado si por la competencia quiso decir el gobierno, dijo no tenía pruebas pero que creía que sí. Respecto de Martín Lanatta y sus declaraciones periodísticas. En el programa de televisión "Periodismo para Todos" Martín Lanatta refirió que "El negocio del tráfico de efedrina se lo termina quedando en la totalidad Aníbal Fernández con la gente de inteligencia". Según su relato, fue él quien presentó a Sebastián Forza - quien fuera aportante a la campaña presidencial del año 2007 del "Frente para la Victoria", a Aníbal Fernández.

Martín Lanatta mencionó que conoció a Aníbal Fernández a través del ex titular del RENAR Andrés Matías Meizner. Según su relato, él era quien recaudaba para "el uno" con los negocios paralelos del RENAR (habilitaciones por vía paralela para portación de armas y portación VIP para quienes tenían "problemas de papeles"). Fue en ese rol que llegó a conocer a Fernández cuando Forza lo contactó para que le hiciera un puente con el entonces Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos porque estaba complicado con la Justicia. Para poder tener una reunión debía pagar 250 mil dólares, según contó Lanatta, Aníbal aceptó ocuparse de los asuntos de Forza y lo puso en contacto con "un hombre de inteligencia, un ex SIDE" que trabajaba para Aníbal Fernández. Ahí comenzó, según el detenido, el contacto de Aníbal con el tráfico de efedrina. Lanatta como también Salerno refirieron que "La Morsa", apodo con el que se refieren al vínculo en el Gobierno en las escuchas de la causa de la efedrina, es Aníbal Fernández. Salerno contó que fue Ibar Esteban Pérez Corradi, quien le confirmó que "la Morsa" era Aníbal. Otro caso que demuestra el interés de Aníbal Fernández en encubrir causas sobre narcotráfico (Crimen del Unicenter y Fiscal Novo). En el marco de la causa que investigó el doble asesinato de los ciudadanos colombianos ocurrido el 24 de julio de 2008, en el centro comercial Unicenter Shopping de la localidad de Martínez, se abrió la investigación penal preparatoria (IPP Nro. 14-03-023594) caratulada Quinteros Gartner, Jorge Alexander y otro Vtmas de Doble Homicidio Calificado", a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Distrito Martínez del Dpto. Judicial de San Isidro, del Dr. Diego Matías Grau. Asimismo, mediante una modalidad similar, el 23 de febrero de 2009 se produce el homicidio de otro ciudadano colombiano, Juan Sebastián Galvis Ramírez, en la ciudad de San Fernando, asignada a la UFI a cargo del Dr. Luis Manuel Angelini (IPP Nro. 14-05-01346-09). Para la que con fecha 9 de marzo de 2009, el Dr. Novo designó al Dr. Diego Matías Grau, para que actúe junto al Fiscal interviniente. Lo preocupante del caso es que a pesar de la gravedad de los hechos que dichas causas involucraron, considerando la evidente vinculación de dichos homicidios con el narcotráfico, la Fiscalía General, a cargo del Dr. Julio Alberto Novo, no sólo no brindó el apoyo mínimo necesario para el éxito de pesquisas de esa complejidad, ni impulsó los actos procesales de su competencia, sino que los fiscales a cargo de la investigación, sufrieron innumerables situaciones de abuso de poder y obstrucción de su labor, por parte de sus superiores jerárquicos. Lo que se tradujo en un grave perjuicio para la administración de la Justicia, y hace temer y presumir una conducta de encubrimiento por parte del propio funcionario titular de la Fiscalía General. Lo que motivó que se presentara un pedido de destitución contra el Fiscal Novo en la pcia. de Buenos Aires y que el fiscal Dr. Luis Manuel Angelini denunciara penalmente al Fiscal Julio Novo. En ese marco la suscripta - Elisa Carrió - fue citada a prestar declaración testimonial en el marco de la causa Nº 3468/2013 cuya instrucción fuera delegada a la fiscalía federal Nº 2 de San Isidro. En esa declaración, la suscripta (Carrió) declaró respecto de las estrechas vinculaciones entre Aníbal Fernández y el Fiscal Novo y en particular respecto del hecho de que uno de los fiscales que investigaba el crimen del Unicenter habría recibido por equivocación una llamada de parte de Aníbal Fernández en la que le decían que lo de Novo estaba todo arreglado, en relación al jury de enjuiciamiento. En este sentido el testimonio del Dr. Luis Manuel Angelini sería esclarecedora respecto de los hechos referidos y de lo que conozca en relación a la denuncia por él realizada contra el fiscal Novo y en particular sobre los que en esos hechos tuvieran que ver con el Sr. Aníbal Fernández.

El rol de Aníbal Fernández en el crecimiento del tráfico ilegal de estupefacientes en la Argentina. La responsabilidad de Aníbal Fernández. Violación de los Decretos 1095/96 y 1168/96, en su desempeño como Ministro del Interior. Como se dijo, el Sr. Aníbal Fernández es, a nuestro entender, uno de los principales responsables de la no implementación en nuestro país, de políticas públicas eficaces para luchar contra el narcotráfico; y por ende, en tanto los altos cargos que el mismo ha ocupado con competencia en la materia, contribuyó al crecimiento del narcotráfico en nuestro país (9). Asimismo, del trámite de la causa caratulada "Abboud Gabriel Yusef y otros s/ Delito de acción pública...", en trámite por ante este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de la Capital Federal, surgen otros hechos y acciones de su parte, que demuestran coincidentemente, el vínculo y la posible responsabilidad penal de Aníbal Fernández respecto el exponencial crecimiento del narcotráfico en la Argentina. En tal sentido, Gabriel Yuser Abboud, ex funcionario de la SEDRONAR, señaló en su descargo en ese expediente que "El ex ministro habría impedido que los miembros de las fuerzas de seguridad que le dependían participaran de las reuniones de coordinación, intercambio de información, en las capacitaciones y la comisión interministerial del decreto 1168/96. Luego dejaron de llegar a la SEDRONAR los datos de secuestros de estupefacientes, precursores químicos y detenidos por la ley 23.737; y con posterioridad Aníbal Fernández dictó una serie de resoluciones por las que "prácticamente reproducía las misiones de la Subsecretaria Técnica de Control del Narcotráfico, asumiéndolas como propias...". En efecto, el Decreto 1168/96 dispuso la conformación de un "Comité de Trabajo conjunto" a fin de lograr una coordinación normativa y de actuación en materia de comercialización, transporte, importación y exportación de sustancias controladas, así como optimizar la información cuya representación ante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas de la Organización de los Estados Americanos ejerce la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Y el Decreto 1095/1996, que regula el control de precursores y sustancias químicas esenciales para la elaboración de estupefacientes, en su artículo 27 estipula que "todos los organismos que instruyan sumarios de prevención por ilícitos relacionados con las sustancias de las listas I, II y III del anexo I (donde se detallan los precursores químicos) deberán llevar un registro especial... " En el mismo artículo se establece que dicha información "deberá ser remitida a la Secretaria (SEDRONAR) dentro del plazo de 5 días hábiles de elevada la prevención, previa audiencia con el magistrado interviniente...". Siendo Aníbal Fernández -quien se desempeñó al frente del Ministerio del Interior desde el 27 de mayo de 2003 al 10 de diciembre de 2007 y frente al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos hasta el 8 de julio de 2009, cuando fuera designado Jefe de Gabinete de Ministros- quien tenía bajo su órbita las fuerzas de Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Sin embargo, durante el transcurso del ejercicio de sus funciones en los citados Ministerios, las fuerzas dependientes de éste dejaron de concurrir a las referidas reuniones de coordinación y no habrían cumplido con la obligación de dar aviso a la SEDRONAR, conforme surge del Art. 27 del Decreto 1095/1996. Al respecto, Abboud sostuvo que fue el entorpecimiento del entonces Ministro del Interior el que impidió que "se hubiera podido detener muy posiblemente el problema del desvío en julio o agosto de 2007". Fundó esa afirmación, explicando que para esa fecha se secuestraron 304kg de efedrina en el marco de un procedimiento seguido contra un tal Darío Gabriel Spena; y que "De estar la SEDRONAR en conocimiento de ese secuestro hubiera sido posible reaccionar tan rápidamente como se reaccionó pero un año antes", puesto que tal episodio se hubiese tratado de "un alerta concreto de lo que se conoce en el tema del control del narcotráfico como 'nueva tendencia'". Pero la noticia le fue privada a la autoridad de aplicación y por ende su reacción y actuación en consecuencia. En igual sentido, Abboud declara que en el mes de febrero de 2008 había recibido un llamado telefónico del Escuadrón Uruguay de Gendarmería Nacional en el que se lo puso en conocimiento de un tráfico de efedrina oculto en un automóvil; pero nunca recibió la comunicación a la que obliga el art. 27 del Decreto 1095/96, por lo que existiendo la posibilidad que hubieran más episodios de los que no había tomado conocimiento, fue que ofició a todas las fuerzas de seguridad nacionales, pero tampoco obtuvo respuesta alguna. En el procesamiento V.S. advierte al respecto que "(Abboud) atribuyó esa falta de información, el factor determinante en el desarrollo del problema del desvío de efedrina, y la responsabilidad directa en retrasar la solución a ese problema se la imputó al entonces Ministro Aníbal Fernández".

Es así que como bien señala la Juez Servini de Cubría en el resolutorio del 15 de julio de 2014, en referencia a las alertas que el Sr. Abboud indica que no fueron informadas por órdenes impartidas a la fuerzas de seguridad por el entonces Ministro Aníbal Fernández, "Resulta indiscutible que contar con esa información, era y es de vital importancia para la SEDRONAR; como toda la información que puedan brindarle a ese organismo las fuerzas de seguridad con relación al narcotráfico".

De lo que surge como evidente la deliberada inacción y falta de cooperación en la que habría incurrido Fernández como Ministro del Interior, incumpliendo la citada normativa vigente; contribuyendo así al aumento del narcotráfico en nuestro país. En sintonía con lo expuesto precedentemente, el procesado Dr. José Ramón Granero, ha mencionado como "defensa" en esa causa que "[...] la total falta de alertas internacionales o nacionales que le hubieran permitido detectar la problemática a tiempo; circunstancia atribuida, en el plano local, al entonces Ministro del Interior Aníbal Fernández, quien habría colaborado con el desarrollo de la problemática de la efedrina, mediante el constante entorpecimiento a las labores propias de la SEDRONAR -negativa a brindar apoyo de las fuerzas de seguridad, negativa a intercambiar información con las fuerzas de seguridad, etc.-". Siendo que en la visita realizada al Senado de la Nación en el mes de abril de 2008 en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y de Seguridad Interior y Lucha contra el Narcotráfico, mientras ocupara el cargo de Secretario de la SEDRONAR, el Dr. Granero había denunciado coincidentemente, que "desde 2005 Fernández impide a los jefes de las fuerzas de seguridad concurrir a las reuniones de trabajo para coordinar las tareas de lucha contra el narcotráfico". Además, sostuvo que hacía tres años que la SEDRONAR "no cuenta con información de las fuerzas federales", "por lo que los únicos registros de que dispone el organismo son los que le proveen las fuerzas policiales provinciales" (10).

En tal sentido, resulta evidente, a partir de los dichos del Sr. Granero coincidentemente con lo señalado por el Sr. Abboud, una realidad: Aníbal Fernández ha demostrado un reprochable y sospechoso interés en entorpecer la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Quedando evidenciados que los abiertos incumplimientos a los decretos 1095/1996 y 1168/1996 por parte del señor Aníbal Fernández, además de configurar de por sí ilícitos penales (arts. 248 y 249 C.P.) no hicieron más que impedir el correcto funcionamiento de la SEDRONAR y colaborar con el crecimiento exponencial del flagelo.

Todo lo cual coincide con lo observado por la Auditoría General de la Nación en su informe sobre la SEDRONAR, respecto de la ausencia de controles y de políticas públicas para la lucha en contra del narcotráfico en el período en cuestión (11). En efecto, éste organismo de control informó y describió las maniobras de Aníbal Fernández para limitar el accionar de la SEDRONAR en el combate del consumo de drogas y narcotráfico, limitando y obstruyendo el normal ejercicio de sus competencias.

Tal como fuera destacado en el citado pedido de juicio político: "Conforme a la información suministrada por la Subsecretaría Técnica de Planeamiento y Control del Narcotráfico, no existe una actuación coordinada entre la SEDRONAR y el Ministerio del Interior (gestionado por Aníbal Fernández al momento del examen de la AGN) para el cumplimiento de las estrategias y acciones del Plan en el ámbito de la Reducción de Oferta de drogas (Lucha contra el Narcotráfico), debido a que las fuerzas de seguridad nacionales dependientes -al momento de la realización de las tareas de auditoría- del Ministerio del Interior, no participan del Plan Nacional de Capacitación (en materia de control del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos), ni tampoco informan sobre los procedimientos por infracción a la Ley de Estupefacientes al Sistema Federal de Información, cuya responsabilidad se encuentra a cargo de la SEDRONAR (...)

"La SEDRONAR no cuenta con información estadística centralizada y completa sobre los procedimientos por infracción a la Ley de Estupefacientes, dado que - conforme lo manifestado por la Subsecretaría Técnica de Planeamiento y Control del Narcotráfico desde el segundo trimestre del año 2006, las fuerzas de seguridad nacionales, dependientes al momento de la realización de las tareas de auditoría del Ministerio del Interior- a cargo de Aníbal Fernández- (Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina) dejaron de remitirle al mencionado Sistema todos aquellos datos útiles para realizar periódicos diagnósticos situacionales, elaboración de estadísticas, evaluación de programas y suministrar información a los organismos internacionales especializados. A partir de esa fecha, la base de datos de la SEDRONAR dispone únicamente de información proveniente de las fuerzas policiales provinciales y de la Aduana. Dicha situación fue informada por la SEDRONAR a la Jefatura de Gabinete de Ministros por Nota Nº 57 del 12/4/07 en ocasión del Informe 70 del Jefe de Gabinete de Ministros ante el Honorable Congreso de la Nación y en la respuesta brindada por Nota 134/07 del 1/8/07 a la Comunicación DC-75/07 (S-1326/07) de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Por medio de la Nota s/nº del 18/7/07, la SEDRONAR se dirigió al Ministro del Interior Aníbal Fernández - reiterada por su similar Nº 139/07 del 13/8/07- solicitando el nombramiento de una persona responsable de dar respuesta a lo requerido en la Cuarta Ronda de Evaluación del Mecanismo de Evaluación Multilateral (Proyecto de Informe de Evaluación del Progreso de Control de Drogas 2005-2006, que tomara estado público en el mes de diciembre de 2007) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA), con el objeto de garantizar un trabajo coordinado que posibilite el cumplimiento de los compromisos asumidos. Estas notas, conforme consigna la AGN no fueron respondidas por el Ministro Fernández, con las consecuencias que su accionar pudo acarrear en la persecución eficaz del narcotráfico en nuestro país.

Plan Nacional de Capacitación: El Ministerio del Interior restringe las competencias de la SEDRONAR:

A instancias del ex Ministro del Interior Aníbal Fernández, a partir del año 2006 no participan en el Plan Nacional de Capacitación, relativo al control del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, las fuerzas de seguridad nacionales, dependientes al momento de la realización de las tareas de auditoría del Ministerio del Interior, cuya ejecución -conforme a lo previsto en los decretos aprobatorios de la estructura organizativa- se encuentra a cargo de la SEDRONAR. Esta circunstancia, según lo informado por el área responsable, afectó también el normal desarrollo de las reuniones nacionales y regionales del COFEDRO, en las que no participan representantes de dichas fuerzas o se envía a delegados sin autorización para intervenir en los debates y firmar los documentos finales de dichas reuniones". En consecuencia, objetivamente es posible tener por acreditado que no ha existido una actuación debidamente coordinada entre la SEDRONAR y el Ministerio del Interior (gestionado en ese entonces por Aníbal Fernández), en tanto las fuerzas de seguridad dependientes de dicho ministerio no participaban de los planes de capacitación para luchar contra el narcotráfico ni elevaba la información obligatoria y necesaria para ello, por expresa disposición del mismo. Y todo ello, insistimos, determinó el incremento de los delitos de narcotráfico y del desvío de precursores químicos en los períodos investigados. Lo que podría configurar diferentes conductas encubridoras de parte del Sr. Fernández. Obstrucción al proyecto de ley que penalizaba el desvío de precursores químicos para la fabricación de drogas. Por otro lado, resulta llamativo que Aníbal Fernández haya impedido tan enfáticamente que el Congreso Nacional trate el proyecto de ley que penalizaba el desvío de precursores químicos para la fabricación de drogas, que contaba con media sanción del Senado.

Al respecto, resulta acreditable el hecho de que el titular de la SEDRONAR, José Granero, el 8 de abril de 2008 había visitado el Senado de la Nación en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y de Seguridad Interior y Lucha contra el Narcotráfico que presidía la Senadora por la provincia de Salta Sonia Escudero y que, desde el organismo nacional habían pedido que se penalice el desvío doloso de precursores químicos con destino al narcotráfico. Los representantes de la SEDRONAR habían manifestado su acuerdo con el proyecto, y reconocieron los beneficios de contar con un instrumento que les permita aplicar sanciones penales.

Ahora bien, a pesar de ello, el proyecto de ley no prosperó debido a la oposición de Aníbal Fernández (12). En efecto, el entonces Ministro de Justicia, mediante el envío de una nota a la Cámara de Diputados, pretendió desalentar el tratamiento de la norma. En tal sentido, la Senadora Escudero le respondió en duros términos a Aníbal Fernández. Sostuvo que "es vital la sanción de la ley porque en la Argentina existe un vacío legal que permite el libre accionar de los laboratorios que se dedican a la fabricación de químicos que se utilizan para el desarrollo de drogas peligrosas". Además, expresó que "lo que nosotros buscamos es que se sancione el desvío de alguien que le vende a un fabricante y sabe que el químico va a terminar convirtiéndose en un estupefaciente" (13). Cabe recordar que al defender el proyecto en el recinto, Escudero había denunciado la "falta de voluntad política para avanzar en el proyecto" y criticó que se intente paralizar el proyecto "cuando se llenan la boca hablando del narcotráfico".

Asimismo, la senadora Escudero, con motivo de tal discusión, recordó en una entrevista con radio Continental que "Aníbal Fernández había intentado vetar la creación del registro de precursores químicos en 2005" (14). Circunstancias que coinciden con lo señalado por el procesado Gabriel Yuser Abboud, quien refirió en su descargo que "[S]e propusieron reformas legislativas al art. 24 de la ley 23.737, tendientes a penalizar el desvío doloso de precursores químicos, ya que a su juicio la ley no era clara al respecto, pero el proyecto también fue entorpecido por el entonces Ministro Fernández, que lo que perseguía 'era la eliminación de la SEDRONAR". Lo cual evidencia que el entonces ministro del Poder Ejecutivo, Aníbal Fernández, a través de actos concretos, además, ha obstaculizado la actuación de otro Poder del Estado argentino (el Legislativo), en la lucha contra el narcotráfico. MEDIDAS DE PRUEBA:

1.- Solicitar al Tribunal Oral en lo Criminal nro. 2 del Departamento Judicial Mercedes (Jueces Graciela Larroque, Tomás Barski y Fernando Bustos Berrondo), a fin de solicitar remita ad effectum videndi copia certificada de las siguientes piezas procesales: a) del acta de audiencia de debate de la causa 5025/1172/11 caratulada: "LANATTA, MARTÍN EDUARDO - LANATTA, CRISTIÁN DANIEL - SCHILLACCI, MARCELO JAVIER Y SCHILLACCI, VICTOR GABRIEL S/ PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR SU COMISIÓN MEDIANTE VIOLENCIA Y AMENAZAS EN CONCURSO REAL CON HOMICIDIO AGRAVADO POR SU COMISIÓN CON ENSAÑAMIENTO Y ALEVOSÍA, Y CON EL CONCURSO PREMEDITADO DE MAS DE DOS PERSONAS -TRES VÍCTIMAS- (Forza, Ferrón y Bina); b) del informe de la DEA que figura remitido al fiscal Juan Ignacio Bidone fechado en octubre de 2012 y obrante según la sentencia a fs. 10.757/10.763; c) del análisis de correos electrónicos obrante a fs. 10.374/10.378 que evidencia la compraventa internacional de efedrina por parte de Ibar Pérez Corradi y que lo vincula a Martín Lanatta.

2.- Se cita a prestar declaración testimonial, a la ex senadora nacional por la provincia de Salta, Sonia Escudero.

.- Se solicite a la Auditoria General de la Nación copia certificada de los papeles de trabajo del informe Auditoria General de la Nación, respecto al grado de alcance de los objetivos de la SEDRONAR, correspondientes al período 2005 a marzo de 2007 y se cite a prestar declaración testimonial del auditor a cargo del proyecto que dio origen a ese informe de auditoría.

4.- Recibir declaración testimonial de los Sres. José Luis Salerno y Martín Lanatta Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.

En Perfil.com: "LOS ASESINATOS DE FORZA, FERRÓN Y BINA" Cruces telefónicos y un testigo ligan a Aníbal F. con un acusado del triple crimen. Nota de los periodistas, Rodrigo Alegre y Emilia Delfino publicada el 10 de agosto de 2013. En Perfil.com: "LOS ASESINATOS DE FORZA, FERRÓN Y BINA" Cruces telefónicos y un testigo ligan a Aníbal F. con un acusado del triple crimen. De los periodistas Rodrigo Alegre y Emilia Delfino, publicada el 10 de agosto de 2013. Ver nota sobre el video citada. Ver nota sobre el video citada.

alerno se refería al registro de llamados que consta en la causa por la ruta de la efedrina, entonces a cargo del juez destituido Federico Faggionato Márquez. Denuncian que detrás del Triple Crimen existió "una mafia". Un hermano de una de las víctimas afirmó que "cinco personas solas no pudieron hacerlo". El fiscal Bidone admitió que "faltan testigos directos" para probar la culpabilidad. Publicado en el diario Perfil.com el 3 de septiembre de 2012. "Denuncian otro vínculo de Aníbal Fernández con Lanatta", publicado en el diario Clarín el 24 de diciembre de 2009.

erfil.com: "La ruta de la efedrina. Un testaferro ignorado, clave en el triple crimen de General Rodríguez", publicado el 2 de junio de 2012. Ver en pedido de juicio político presentado por dirigentes del partido Coalición Cívica - ARI, expediente N° 217-P-2010 de la Cámara de Diputados de la Nación. Gacetilla del Prensa del Senado de la Nación de fecha 8 de Abril del 2008 "REUNIÓN EN EL SENADO CON FUNCIONARIOS DE SEDRONAR", disponible en; http://www.senado.gob.ar/prensa/6131/noticias Resoluciones de la Auditoría General de la Nación N° 04/09 5/02/09. "Los precursores duermen tranquilos", publicado en el diario "El Parlamentario", 6 de septiembre de 2008, disponible en; http://www.parlamentario.com/noticia- 60507.html Gacetilla de Prensa del Senado de la Nación "ESCUDERO REFUTÓ A ANÍBAL FERNÁNDEZ POR PROYECTO DE PRECURSORES QUÍMICOS" del 26 de Agosto del 2008, disponible en; http://www.senado.gov.ar/prensa/6700/noticias Nota de la ex Senadora Nacional Sonia Escudero, "Aníbal Fernández intentó vetar la creación del registro de precursores químicos en 2005", disponle en; http://www.continental.com.ar/noticias/actualidad/sonia-escudero-adora-pj-anibal- fernandez-intento-vetar-la-creacion-del-registro-de-precursores-quimicos-en- 2005/20080828/nota/660488.aspx