La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Diputados acerca de los siguientes interrogantes en relación a los mecanismos para combatir el delito de lavado de dinero:

1) ¿Cuántos informes de operaciones sospechosas han sido enviados por parte de Lotería Nacional S.E. a la Unidad de Información Financiera (UIF) desde el año 2003 a la actualidad?

2) En caso de haber informado alguna operación sospechosa, ¿en qué fechas fueron remitidas?

3) ¿Cuántos de estos reportes han motivado acciones judiciales?

Señor presidente:

Nuestro país ha experimentado una gran proliferación de salas de juego (casinos y bingo) en toda su extensión territorial durante los últimos años. Actualmente se estima que existen alrededor de 350 de estos establecimientos. Este hecho, además de las nocivas implicancias sociales que tiene, constituye un alto riesgo en relación con la amenaza de criminalidad financiera en la medida que ella viabiliza la circulación diaria de una muy importante masa de dinero en efectivo a través de operaciones no siempre significativas en lo que a su valor concierne.

Los principales tipos de ilícitos que se vinculan con esta actividad económica se presentan en el nivel de la participación societaria en las empresas (permitiendo el lavado de dinero de los accionistas) y en el nivel del juego propiamente dicho, cuando los premios se formalizan con documentos de pagos lo que posibilita el lavado del dinero del apostador.

Sin los controles correctos se torna dificultoso no sólo conocer el origen de los fondos apostados y la identidad de los apostadores, sino también la exacta relación entre las ganancias obtenidas y los premios pagados por el propietario.

La dificultad en la fiscalización radica en que los lavadores han tomado más precauciones en los movimientos de activos a través del sistema financiero formalizado, -que permite en general mayor dinamismo y volatilidad, pero mayor visibilidad en las bases de datos- y a concentrar su actividad en la circulación de efectivo a través de actividades no financieras específicas -que genera mayor lentitud y densidad, pero menor exposición informática. Esto explica que los juegos de azar se hayan convertido en un escenario deseado para la reconversión de dinero de diverso origen delictivo.

La Ley 25.246 sobre Lavado de activos de origen delictivo, sancionada en el año 2000, formalizó la obligación para las personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar de reportar a la Unidad de Información Financiera (UIF) toda operación sospechosa de lavado de dinero (artículo 20, inciso 3). Esto las coloca en la misma categoría que los bancos, casas de cambio, compañías de seguros, sociedades de bolsa, remesadoras de fondos, entre otros rubros, que conforman la "dimensión privada" del sistema de mitigación de los riesgos provenientes del crimen financiero. En este extenso listado se encuentra la Lotería Nacional Sociedad del Estado de la República Argentina como empresa pública que "comercializa de forma directa sus productos La Quiniela, La Grande Nacional, Quiniela Poceada, Loto, Loto 5, PRODE, La Solidaria, Cash y Turfito, y productos de otras instituciones provinciales, a través de convenios, como el Quini 6, Jugá con Maradona, Brinco, Toto Bingo, Telekino y Mono Bingo. Explota de forma indirecta, a través de concesiones, el Casino Puerto Madero Buenos Aires, Salas de Bingo y el Hipódromo Argentino de Palermo" (1) .

En concordancia con ello, la UIF, en tanto organismo dependiente del Ministerio de Justicia, dictó en el año 2003 la Resolución 17/03, reglamentando esta obligación y estableciendo las medidas de prevención que deben llevar adelante estas empresas para obstaculizar el reciclaje de dinero sucio.

A pesar de esto, queda claro que, "no obstante la expansión de esta actividad a lo largo del territorio argentino y su enorme criticidad en relación a otros emprendimientos de alcance financiero, la UIF ha investigado, de un total de 4.300 reportes de operaciones sospechosas, solamente 9 reportes provenientes de casas de juegos de azar registrados hasta principios de 2009" (2) .

La representante de la Unidad de Información Financiera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Nancy Suárez, destacó que del sector de los juegos de azar "en el 2010 hubo 11 reportes de operaciones sospechosas. En el 2011, 156, algunas sin fundamento" (3) .

Si se considera, además, que esta unidad administrativa ha remitido, para su investigación judicial -al Ministerio Público o la justicia criminal-, "sólo el 13% de este total de casos analizados, puede comprobarse que la incidencia del lavado de dinero en los juegos de azar resulta inexistente para nuestros organismos de represión penal" (4) .

En buena medida esta situación puede explicarse por la débil política regulatoria que existe en el sistema de prevención de lavado de dinero argentino en este segmento de la realidad. Por ejemplo, la UIF no tiene poder de policía real sobre casinos o bingos, lo que hace que la ley contra el lavado de dinero y su propia norma reglamentaria, sean absolutamente ineficaces en este segmento. Además, la UIF es un organismo pasivo, en la medida que sólo puede recibir reportes, pero no incitarlos en una investigación autónoma producto de su propia iniciativa.

Por su lado, la Lotería Nacional dictó la Resolución Nº 408/2007 creando la Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Esto constituye un avance importante y un ejemplo a imitar por otras jurisdicciones.

Ante este cuadro de situación, solicito a mis pares que me acompañen en este pedido de informes.