La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina declara su repudio por los hechos de violencia a los que nuevamente han sido sometidos los integrantes de los pueblos originarios como consecuencia directa de sus demandas y conflictos no resueltos, desatendidos por el Estado Nacional y los estados provinciales.

Asimismo expresar su preocupación por el silencio y la inacción de las autoridades responsables frente a los actos represivos y al abandono al que son sometidos nuestros hermanos.

Señor presidente:

Como legisladores vemos con preocupación la habitualidad con la que se repiten los hechos de violencia contra los hermanos indígenas como consecuencia directa de los conflictos y demandas no resueltas.

Hoy les ha tocado sufrir a los integrantes de la comunidad Curishy el deceso de Florentín Díaz, de la etnia Qom, el cual no está esclarecido, en el marco de los operativos llevados adelante por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Chacho y su Policía.

La criminalización de la protesta social por parte del estado, ha dejado paso directamente a la represión indiscriminada contra nuestros hermanos, pese a que lo que reclaman es ni más ni menos que la mora en la que el propio Estado ha caído respecto de sus propias obligaciones.

Ha pasado a naturalizarse las noticias de los actos represivos efectuados por fuerzas del Estado Nacional o Provincial, el abandono al que son sometidos en materia de salud, educación, vivienda, trabajo y hasta en el ejercicio de sus propios derechos civiles.

Como contrapartida nos encontramos con un silencio cómplice de las autoridades políticas Nacionales y Provinciales que no solo omiten sancionar a los responsables directos, sino que más grave aún convalidan con hechos y omisiones, esto que implica claramente una política destinada a terminar con sus derechos.

Y esta afirmación no es caprichosa, a la fecha y luego de más de un lustro, el Estado Nacional no ha cumplido con las obligaciones que asumió al sancionar la Ley 26160, por la que debía delimitar los territorios en disputa, y otorgar los títulos de propiedad. Tampoco ha avanzado respecto del censo de comunidades y habitantes de los pueblos originarios. Mucho menos con las obligaciones que el Convenio 169 OIT le imponía como Estado Parte, en esta materia específicamente.

Y no resulta casual este silencio cómplice, como tampoco que en algunos casos sean los propios organismos nacionales junto a los gobiernos provinciales los que dan origen de manera obscena a los conflictos, tal el caso de La Primavera, en Formosa, en donde ha sido el Gobierno Provincial el que ha suscripto un acuerdo con la Universidad Nacional de Formosa, para cederle territorios de la Comunidad Qom.

Resulta entonces urgente e impostergable que los Ministros de Seguridad; y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos den inmediata respuesta a la problemática, asumiendo las responsabilidades y las decisiones que se encuentren a la altura de las circunstancias.

Resulta necesario además que el Estado Nacional cumpla con sus propias obligaciones.

Por todo lo expuesto es que solicito a los señores legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración