La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su satisfacción ante el desarrollo y resultado del reciente Referendo Revocatorio de Autoridades llevado a cabo en la hermana República de Bolivia, el cual confirmó al Sr. Presidente Evo Morales Ayma y al Sr. Vicepresidente Álvaro García Linera en sus cargos. Este importante acto cívico reafirma el compromiso del gobierno y de la mayoría del pueblo boliviano con la democracia y con el rumbo trazado hacia la construcción de un proyecto nacional y popular.

Señor presidente:

El domingo 10 de agosto se llevó a cabo en la República de Bolivia un Referendo Revocatorio de Autoridades, que incluía los cargos del Presidente y Vicepresidente junto a otros funcionarios de primer orden. El mismo, que demuestra la voluntad democrática del gobierno encabezado por Evo Morales y Álvaro García Linera, lamentablemente se ha dado en un marco de conflicto y profunda división social que conmueve al país hermano.

Bolivia es una nación especial, con una historia particular. Poseyendo una abrumadora mayoría de población aborigen, predominando la etnia Quechua y Aymará, recién en el año 2005 fue consagrado -por primera vez en su historia- un primer mandatario surgido de ese contexto originario y ancestral; Evo Morales Ayma, quien desde su juventud se perfiló como lúcido líder sindical, social y político, logrando obtener en su momento el cargo de Diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), continuando su carrera política hasta lograr la presidencia del país.

El Referendo, aprobado originalmente por el Congreso boliviano y desarrollado bajo veedores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) tuvo lugar en un ambiente de tensión social, alentada por los sectores opuestos a los cambios operados por el gobierno. La decisión popular confirmó la voluntad de las mayorías bolivianas para continuar el actual proceso de transformación.

Morales y García Linera triunfaron en las elecciones de diciembre de 2005 como fórmula presidencial del MAS, con el 53,7% de los votos. Su principal contrincante, el derechista Jorge Quiroga del partido PODEMOS -a quien se vincula con el ex dictador militar Banzer- siguió al MAS lejanamente con el 28% de los sufragios y detrás de éste, vinieron los demás partidos que se presentaron a la elección.

En algunos distritos como La Paz, Oruro y Cochabamba, la fórmula del MAS obtuvo el 66,6%, 63% y 65% respectivamente. La masa poblacional de origen indígena fue determinante en esos lugares y a nivel nacional. Era la primera vez en la historia del país que se sentían realmente representados por una fuerza política que incluía sus aspiraciones históricas y centenarias. Por primera vez también, se producía la unidad transformada en sufragio, de los sectores explotados y oprimidos desde siglos. El triunfo del MAS significaba la apertura de un proceso revolucionario, democrático y pacífico.

El proyecto político de Morales se plantea como novedoso en todo sentido: busca una reforma constitucional que redefina la estructura del poder político, lleva a cabo - con éxito- la modificación del aparato productivo del país nacionalizando recursos estratégicos, desarrolla planes sociales en materia de salud y educación, recupera la cultura popular y ancestral de los pueblos originarios y promueve la integración regional. Lamentablemente, los grupos de poder tradicionales y conservadores que gobernaron al país por décadas, se oponen a estos cambios, comprometiendo incluso la estabilidad política y la paz social boliviana.

Desde la llegada al poder del MAS, surgieron fuertes tendencias secesionistas en varias regiones del país que intentan sustraerse, ilegalmente e incluso con violencia, a la autoridad central de La Paz. Las regiones que conforman la llamada "Media Luna" y el oriente boliviano - Tarija, Pando, Beni, Cochabamba y Santa Cruz- celebraron referendos a favor de su autonomía y de dictarse sus propias constituciones.

En el caso de Santa Cruz y Tarija, dos de las provincias mas ricas del país en recursos energéticos y que conforman una parte importante de su estructura productiva, los movimientos separatistas se identifican con los sectores mas reaccionarios de la patronal, el empresariado y las formaciones parapoliciales de extrema derecha que ostentan un discurso violento y abiertamente fascista y racista, provocando al gobierno de La Paz e intentando socavar su autoridad regional.

Todo esto colisiona con el orden político y jurídico del país, que no admite semejantes posibilidades. Mas allá de la ilegalidad de estos actos, los intentos secesionistas llegan al extremo de pretender el quiebre de la unidad nacional -que es un principio del Derecho Internacional reconocido explícitamente por las Naciones Unidas-, e incluso de constituir a esas regiones como estados independientes. Por otro lado, el proceso de reforma constitucional impulsado por el gobierno se encuentra paralizado por la fuerte oposición de los sectores políticos conservadores, adversos a los cambios que opera el gobierno y los cuales compartimos, entendiendo que su objetivo supremo es la creación de una nueva conciencia nacional, la defensa del patrimonio económico, cultural y social del pueblo boliviano y su elevación material.

Entre las reformas más palpables y que más benefician a la sociedad boliviana, ocupa el primer lugar la política de nacionalización de recursos energéticos -gas y petróleo- llevado a cabo por el gobierno. Bajo el nuevo marco legal, las empresas privadas están obligadas a entregar su producción a la estatal YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) que administra todos los aspectos relativos a comercializar, transportar, almacenar, fijar precios y volúmenes y exportar el producto. El estado se transforma a su vez en principal accionario luego de que los privados transfieren la mayoría de sus paquetes accionarios.

El resultado de esta política es visible; En 2005, año en que Evo Morales gana la Presidencia y que la nueva política de nacionalización de hidrocarburos empezó a funcionar, ingresaron en las arcas públicas 8000 millones en moneda boliviana. En 2007, y con la profundización de esta política, se percibieron entre regalías, impuestos y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 15.200 millones. Claramente, casi se duplicó la ganancia por explotación de los hidrocarburos bajo el actual régimen de nacionalización. Históricamente, Bolivia recibía sólo el 18% de los ingresos mientras que el 72% iba a las empresas explotadoras, todas extranjeras y formadas por capitales mayormente estadounidenses y europeos. Actualmente, la ganancia se distribuye en un 50% para el Estado y un 50% para las empresas. La renta es coparticipada entre las regiones del país y una parte importante se vuelca a planes de asistencia e inclusión social, como la Renta Dignidad, que beneficia a 700.000 ciudadanos de más de 60 años de edad y el bono escolar "Juancito Pinto" que asiste a 1.800.000 escolares para detener la deserción e incorporarlos al sistema de enseñanza.

Asimismo comenzó una incipiente reforma agraria, con entrega de tierras a campesinos y la promoción industrial y agrícola para pequeños y medianos productores. En el período 2006/2007, el gobierno distribuyó 697.882 hectáreas fiscales a campesinos en los departamentos de La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija, lo que implican 350.000 hectáreas por año, mientras que entre 1996/2005 se distribuyeron 36.815 hectáreas, es decir 3.681 hectáreas por año en promedio.

En el plano internacional, debemos destacar la mayor inserción que Bolivia está experimentando en los regímenes regionales: la Comunidad Andina de Naciones, el MERCOSUR, la Unión de Naciones Sudamericanas y la Alternativa Bolivariana para América Latina. Todo ello contribuye al fortalecimiento de la región -en la cual nuestro país gravita- en pos de de un proyecto económico, socio-político y geoestratégico común que responde a una demanda histórica postergada desde los tiempos de la Independencia.

Desde la llegada al poder de Morales y García Linera, se ha fortalecido el rol del Estado en materia económica y social, intentando reparar lentamente y con no pocas dificultades los daños que durante décadas padeció Bolivia, transformándolo en uno de los países más pobres del hemisferio. Daños que obedecieron a la implementación de políticas antinacionales, antipopulares y de neto corte neoliberal, en sintonía con la visión excluyente de las elites que gobernaron hasta la actual Presidencia.

La actual transformación se da en el marco de la democracia y la legalidad. El gobierno e incluso la oposición reconocen que ni siquiera se ha confiscado o alterado la propiedad de los grandes grupos económicos para lograr estos cambios. Pero la resistencia a este proceso es notable, y los poderes reaccionarios los rechazan. También es notoria su alianza con interferencias hegemónicas foráneas, vinculadas al gran capital y la concentración económica trasnacional. Todo ello ejerce fuerte presión sobre el gobierno socialista para que aminore la velocidad de los cambios o directamente los desactive, temiendo que mezquinos intereses sean afectados.

La intención del gobierno del MAS es profundizar el proceso, cosa que alarma a los sectores reaccionarios. Pero es indudable que la voluntad de las mayorías ha de imponerse en la historia mediante las formas legales, legítimas, democráticas y participativas. Y ello es lo que ocurre -plazca o no a esos sectores y sus oscuros intereses- en la actual Bolivia gracias a la política desarrollada por Morales y García Linera.

Es por ello, Señor Presidente, que saludamos animosamente al Sr. Presidente y Vicepresidente de la hermana República de Bolivia por su reciente triunfo en el Referendo Revocatorio de Autoridades, confirmando a ambos en sus cargos. Acompañamos el espíritu que anima a su gobierno; signado por la transformación que tiende a una verdadera justicia social, a la protección de la soberanía nacional y a la integración regional sudamericana, como imperativos históricos que felizmente parecen materializarse en nuestro Continente.

Por ello solicitamos el acompañamiento del presente proyecto por parte de los Señores Diputados.