La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

"Expresar su más enérgico repudio a las declaraciones hechas por el gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, acerca de bajarle las penas a los genocidas condenados por su accionar en la última dictadura militar".

Señor presidente:

Acabamos de escuchar consternados como el gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel De la Sota, expresó sin ningún pudor su intención de reducirle las penas a los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad por los hechos ocurridos durante la última dictadura militar, a cambio de que brinden información sobre los desaparecidos, como si las atrocidades que hicieron pudieran también ser utilizadas por ellos mismos como llave a la impunidad.

El gobernador también habló de la necesidad de un "baño de reconciliación", como si la impunidad de genocidas pudiera llevar a la sociedad a terminar con una supuesta disputa que no explicó bien entre quiénes sería. La impunidad no puede reconciliar nada, la impunidad sólo puede profundizar heridas, hacerlas eternas.

La "conciliación" que plantea De la Sota es la misma que planteaba antes Duhalde y que propusieron históricamente los sectores que siempre guardaron complicidad con la dictadura cívico - militar. El Gobernador de Córdoba propone sacar de la cárcel a los genocidas, mientras propugna la mano dura para los criminales comunes. En su inconmensurable hipocresía, sostiene la libertad de los mayores criminales del país, mientras pretende poblar las cárceles de delincuentes menores.

De la Sota se pregunta por qué acá no se hace como en todos los países del mundo. Justamente ese es el motivo por el cual nuestro país es visitado constantemente por juristas internacionales: porque nuestra experiencia es única, lo que sucede en nuestro país es motivo de admiración en el resto del mundo. Es suficiente ver lo que pasa en Guatemala, donde la condena al genocida Ríos Montt duró apenas unos días. En la Argentina de hoy, Videla muere cumpliendo condena efectiva en una cárcel común.

También expresó el gobernador cordobés su convicción de "mirar hacia delante", con una clara intención de clausurar todos los procesos por delitos de lesa humanidad que se siguen llevando a cabo en la Argentina de modo ejemplar, como en ningún otro lugar del mundo. Lo que no entiende el gobernador es que para mirar al futuro hay que resolver el pasado. Fue resolviendo las graves injusticias del pasado como este proceso político parió el futuro, que son esos miles de jóvenes unidos, organizados y solidarios que crecen en una Argentina distinta, más justa. El futuro ya llegó, aunque no sea el que le hubiese gustado al gobernador de Córdoba.

Lo más grave es que estas declaraciones de quien ejerce el cargo de mayor responsabilidad de su provincia llegaron en el contexto en donde se le estaba preguntando por los elementos de tortura que se encontraron en un penal de su provincia, hecho que su gobierno intentó tapar denunciado al fiscal interviniente e impidiendo que visitara otro penal provincial también denunciado por prácticas de tortura contra los internos.

La coherencia ideológica es tan evidente como peligrosa y repudiable al cumplirse 30 años de democracia ininterrumpida. Se pide una reducción de penas a los asesinos y torturadores del pasado, terminar con los juicios pendientes y avalar (encubrir) a los torturadores actuales que forman parte de un resabio de aquella época oscura, que la democracia todavía no pudo eliminar.

La discusión política es saludable en democracia pero debe tener el límite de la legalidad. Los crímenes de lesa humanidad son los hechos delictivos más graves de nuestro sistema penal y de los sistemas penales de la gran mayoría de los estados del mundo. Las instituciones democráticas, como esta Cámara de Diputados de la Nación, no puede avalar que un gobernador pretenda que la Justicia no se aplique para los casos más graves porque eso ofende al orden jurídico y a la democracia misma.

Resulta lógico para todos, menos para De la Sota, que para los delitos más graves que pueden existir en el mundo, es decir, los crímenes de genocidio y de lesa humanidad, la aplicación de las penas y su graduación no puede ser otra que la pena máxima aplicable a cada delito. Y ello nada tiene que ver con el rencor o el resentimiento de ningún ciudadano en particular, sino con la congruencia de nuestro sistema jurídico.

No debemos olvidarnos que en el 2010 esta Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad una declaración en donde se expresó la voluntad de "asegurar el proceso de verdad y justicia como una política de estado de carácter irrenunciable, que debe completarse en plazos razonables dentro del más absoluto respeto a las garantías del debido proceso".

Ante declaraciones como las que emitió el gobernador De la Sota, esta Cámara debe reafirmar su compromiso por la verdad y justicia repudiándolas enérgicamente.

En nuestra Argentina los genocidas están siendo juzgados y oportunamente condenados con todas las garantías del proceso penal, según los principios de graduación de la pena previstos en nuestro sistema jurídico, de conformidad con el régimen interno e internacional que la República Argentina se comprometió a cumplir. Es uno de nuestros grandes orgullos en esta década ganada.

Por las razones expuestas, les pido a mis colegas diputados que me acompañen con este proyecto de resolución.