El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º: Los clubes que perciban algún tipo de aumento en las retribuciones que perciben por la televisación de los partidos de fútbol de la segunda parte de la temporada 2009 y sucesivas -medidas con respecto a las recibidas el año 2008- se abstendrán de cobrar ningún tipo de compensación pecuniaria o de algún tipo semejante para conceder el acceso a sus localidades los días en que se disputen encuentros de fútbol televisado de cualquier tipo. Asimismo, quedará abolida toda separación entre los diferentes sectores para espectadores del estadio (por ejemplo: entre tribuna, palcos de autoridades y plateas) con la única excepción de la que separe a locales de visitantes.

Artículo 2º: De forma: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

El pasado 20 de agosto la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Presidente de la Asociación de Futbol Argentino (AFA), el Sr. Julio Grondona, anunciaron la ruptura del convenio de televisación que durante veintisiete años la AFA mantuvo con la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC).

El anuncio conjunto escenificaba el nuevo acuerdo por el cual el Estado se hacía cargo de los derechos para la televisación y la comercialización del fútbol profesional en la máxima categoría, reemplazando a la empresa que también era la encargada de comercializar las transmisiones a través del pago de abonos.

En un principio no hubo mayor información sobre el origen de los fondos hasta que la misma Presidenta afirmó que se costearía con un redireccionamiento de la pauta publicitaria oficial. Según fuentes del gobierno que declararon en los medios de comunicación, esto demandaría $648 millones anuales, cifra que duplicaría lo que la empresa recibía por el contrato que en esta ocasión se rompía. Según la Presidenta esto sería así hasta que los ingresos generados por los espectáculos deportivos reemplacen la inversión estatal.

Gran parte de esta cifra ya fue girada a disposición del Sistema Nacional de Medios a través de la decisión administrativa N° 140 -del 19 de agosto pasado- firmada por el Jefe de Gabinete, el Sr. Aníbal Fernández y la Ministra de la Producción, la Sra. Débora Giorgi, en el marco de las potestades que poseen delegadas por la ley conocida como de "superpoderes".

En palabras de la Presidenta "el fútbol es un negocio extraordinario que no necesita ser subsidiado" a pesar de lo cual, el gobierno necesitó apelar a fondos públicos para rescatar las economías de los clubes -quebrados por décadas de corrupción y malas administraciones- con pocas y honorables excepciones.

A partir de la primera fecha del torneo varios canales de aire (públicos y privados) fueron los encargados de transmitir los partidos, con lo cual los usuarios ya no necesitarían abonar el servicio. Esta circunstancia según la Presidenta, sería un avance en la democratización del país ya que el fútbol es un derecho esencial del pueblo argentino. Sin embargo, más allá de lo desatinado de la afirmación, la televisación de los partidos es una democratización en segunda instancia del deporte más popular del país.

En principio existe la posibilidad de observar los partidos en los mismos estadios donde se desarrollan, la cual fue disminuyendo por la combinación de violencia - amparada por los mismos dirigentes deportivos y políticos- y los costos de las entradas que resultaban inaccesibles para grupos familiares y para los sectores excluidos o sumergidos en la pobreza. Esto ocurría al mismo tiempo que los dirigentes y sus familiares, empresarios y allegados ocupan las mejores ubicaciones haciendo de la distribución de entradas "de favor" una especie de clientelismo light destinado a ganar aliados y a perpetuarse en el poder.

De esta manera, parafraseando a la Presidenta Fernández, los dirigentes de los clubes "secuestraron" la posibilidad de que las familias y las personas sin recursos fueran a los estadios y ocuparan las mejores ubicaciones. Así deben elegir entre los lugares más económicos, donde se agolpan las barras y no poseen ni los asientos reglamentarios ni los servicios mínimos.

Esta situación se convierte así en una metáfora de las desigualdades e injusticias que padece el país y que en estos últimos años han caracterizado el mapa social argentino.

Una verdadera democratización del fútbol implicaría entonces que se abra la posibilidad de presenciar los partidos en el mismo estadio, en las mejores ubicaciones y sin cobrar ningún monto, ya que el Estado estaría financiando los costos -que los clubes deben pagar- para que la maquinaria organizativa del espectáculo se desarrolle con normalidad.

En este sentido los clubes tendrían, además de la obligación legal de actuar con transparencia y eficiencia con los fondos públicos, la obligación moral de aportar a está democratización y no sólo beneficiarse de ella.