La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Dirección de Lealtad Comercial (dependiente de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), informe sobre lo que a continuación se solicita:

1. En qué fecha y lugar se presentaron las solicitudes para el inicio del trámite previsto en la Resolución 17/2009 de la Secretaría de Comercio Interior para la obtención de los subsidios correspondientes a la Provincia de Santa Fe.

2. Qué municipios, comunas y/o entidades que agrupan a productores ganaderos y/o personas individuales de dicha Provincia presentaron las solicitudes de asistencia a productores bovinos.

3. Cuál fue el listado completo de productores agropecuarios santafesinos que solicitaron el beneficio.

4. Cuántas solicitudes de asistencia presentadas fueron aprobadas. Identifique a quienes se les concedió el subsidio y a quienes no. En este último caso indique el motivo.

5. Qué empresas y/o acopiadores regionales tuvieron a su cargo la distribución y entrega de cereales en la Provincia de Santa Fe. Que método se utilizó a los fines de su selección.

6. Cuál fue el procedimiento seguido para la efectiva entrega de las oleaginosas a los productores beneficiados. Indique quiénes fueron los favorecidos y en qué fechas se repartieron los subsidios o granos.

7. Ante lo manifestado por productores y no estando previsto en la Resolución Nº 17/2009, por qué se dedujo beneficio y/o costo para el retiro de las oleaginosas por parte de los productores. En caso afirmativo indique si el mismo fue autorizado y cuál es su respaldo legal.

Señor presidente:

El 6 de febrero de 2009 la Secretaría de Comercio Interior, por intermedio de la Dirección de Lealtad Comercial, resolvió dar asistencia a productores ganaderos bovinos, mediante el dictado de la resolución Nº 17/2009 por la cual instituyó un mecanismo para dar subsidios a través de la entrega de granos a aquellos que se encontraban afectados por las prolongadas sequías.

La norma es de redacción confusa en cuanto establece que el subsidio alcanzará a los productores ganaderos que posean hasta un total de 300 cabezas, considerando excepciones respecto de aquellos que posean hasta 500 cabezas, sin dejar en claro qué criterios o parámetros deben aplicarse para tales supuestos.

En el mismo texto de la resolución se estableció que los encargados de formalizar las solicitudes, por medio de la presentación de las planillas de declaración jurada, son las intendencias de las jurisdicciones en las que se encuentren ubicados los productores y las entidades que agrupan a los mismos, por ser ellas las autoridades y/o entidades que cuentan con mayor conocimiento sobre quiénes son los que necesitan ser asistidos. La documentación debía ser entregada para su aprobación ante la Dirección de Lealtad Comercial dependiente de la mencionada secretaría.

Asimismo se previó que sean las empresas exportadoras de cereales las encargadas de la distribución y entrega a los productores ganaderos, a través de los acopiadores regionales seleccionados para el logro de tal cometido.

Como es de público conocimiento, los productores agropecuarios en general se encuentran en una situación de extrema gravedad, que entre otras cuestiones les impide adquirir granos para alimentar el ganado. Ello tiene incidencia directa en los ciclos productivos y reproductivos y, por ende, en el abastecimiento del mercado interno. Esta situación se traslada también a los demás sectores, tanto comerciales, industriales, etc., con lo cual se profundiza aún más la crisis económico-financiera de algunas regiones y pueblos de interior del país.

Esta situación coloca a los productores en una posición de extrema vulnerabilidad, la cuál se vio agravada por discrecionalidades y arbitrariedades propias de los manejos electorales de determinados sectores políticos. Lamentablemente, durante la campaña electoral, hemos sido receptores de numerosas quejas de productores que, habiendo presentado la papelería requerida, no pudieron acceder al subsidio.

Por estos motivos resulta necesaria la implementación de medidas urgentes por parte del Estado para intentar mejorar las condiciones de producción y trabajo, que contemplen la protección integral del sector agropecuario tan castigado y relegado desde hace años, y que se lleven a cabo de manera transparente. Si bien el mecanismo intenta optimizar las circunstancias, no alcanza para paliar la dura situación en que se encuentra el sector que desde hace tiempo viene reclamando cambios drásticos y certeros que hagan rentable su producción.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.