La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional informe:

1. Si en la Agencia Nacional de Noticias TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO se realizaron auditorias, tanto internas como externas, en relación a los montos ingresados en concepto de publicidad oficial comercializada, en los dos últimos años.

2. En caso afirmativo adjuntar los informes pertinentes, montos asignados, áreas de gobierno que requirieron la publicidad y empresas con las que se comercializó.

3. De ser negativa la respuesta informar las causas por las cuáles no se realizaron las correspondientes auditorias.

Señor presidente:

La Agencia Nacional de Noticias TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO fue creada por Decreto N º 2507/02 del Poder Ejecutivo Nacional, en jurisdicción de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de la Presidencia de la Nación .

En el artículo 5 º del anexo del decreto de referencia se especifican las funciones de la Sociedad en relación a la Publicidad oficial:" Efectuar la planificación y contratación de espacios publicitarios y producir la publicidad oficial que le fuere requerida por las diferentes áreas del Gobierno Nacional, canalizando la misma por los medios de difusión públicos o privados más convenientes, actuando al efecto como agencia de publicidad."

El manejo de la publicidad y los montos que se asignan anualmente a ella son motivo de preocupación de diversas organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en su conjunto.

El Congreso de la Nación tiene una responsabilidad explícita de resguardar los fondos públicos y controlar a los organismos responsables de su ejecución. En esta dirección debería recabar la información pertinente en relación a la distribución y gastos en materia de Publicidad oficial.

El decreto 2219 de 1971, aún vigente, estipula que toda la contratación de la publicidad oficial debe realizarse por medio de la agencia de noticias oficial TELAM; un decreto posterior, de 1996, establece que todos los organismos del Poder Ejecutivo deben canalizar sus solicitudes de publicidad a la Secretaría de Medios de Comunicación. Esta secretaría solicita formalmente a Télam que organice campañas con objetivos específicos; la agencia estatal planifica la campaña, negocia los términos y condiciones con los distintos medios y envía este plan a la secretaría

Si bien toda la publicidad oficial se concentra en TELAM, decretos dictados durante el gobierno de Carlos Menem autorizan a diversos organismos nacionales a contratar su propia publicidad. Ellos son la secretaría de Turismo de la Nación; la Lotería Nacional; la Administración Nacional de Ingresos Públicos y el Banco Nación.

Sin embargo, ni los decretos presidenciales ni sus reglamentaciones precisan cómo deben ser los mecanismos de contratación de publicidad oficial. Ante este

vacío, legisladores y organismos no gubernamentales formularon diversas propuestas que, hasta ahora, no fueron consideradas.

Tanto la publicidad de los actos de gobierno como las legítimas campañas que promueven valores, conductas ciudadanas o previenen daños colectivos, sean ambientales o de salud, son una herramienta fundamental de las democracias modernas. Al garantizar el derecho de las sociedades a ser informadas se promueve también un desarrollo cultural y político basado en los valores universales consagrados por los tratados y las convenciones sobre derechos humanos que nuestro país se comprometió a cumplir. La necesidad de distinguir entre publicidad de los actos de gobierno y propaganda se impone, sobre todo, si consideramos los antecedentes de la dictadura militar, cuyos efectos aún padecemos, que utilizó la propaganda durante la Guerra de Malvinas o el cínico "Somos derechos y humanos" para contraponer las denuncias que llegaban desde el exterior acerca de verdadera situación de nuestro país.

Publicidad, sí. Propaganda, no. Necesitamos criterios claros y transparentes, no sólo para evitar la sospecha de favoritismo político sino para garantizar la obligación del Estado de mantener a la sociedad informada. Menos aún debe ser la publicidad oficial un instrumento de cooptación, coerción o discriminación.

La carencia de una norma específica que garantice los criterios indicados, exige la necesidad de un adecuado control externo y de un fácil acceso a los datos por parte del Congreso de la Nación como responsable del cumplimiento de uno de los derechos fundamentales como lo es el derecho a la información.

Las Auditorias realizadas por los diferentes organismos específicos son fuentes de información para el Congreso de la Nación y por ende para toda la ciudadanía.

Señor presidente, en resguardo de la transparencia exigida a los actos de gobierno y al derecho a la información, garantizado por la Constitución Nacional, principios estos que garantizan el ejercicio democrático de las instituciones, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.