La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1-Expresar su honda preocupación por el fallo dictado por la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a instancias del Gobierno de dicha ciudad, encabezado por Mauricio Macri, mediante el cual no solo se dispone el desalojo compulsivo de las familias que habitan las 112 viviendas del IVC, ubicadas en la villa 1.11.14 del Bajo Flores, sino también la eventual utilización por parte del personal policial interviniente, de armas con munición de plomo de carácter letal, poniendo con ello en peligro la vida, seguridad e integridad psico-física de las personas - hombres, mujeres y niños -que allí se encuentran alojadas y conculcando el derecho a una vivienda digna consagrado por la Constitución Nacional y la Legislación vigente.

2-Exhortar-una vez más-al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) a fin de que adopte de inmediato las medidas conducentes a solucionar el grave déficit de viviendas existente en la misma, ejecute adecuadamente las partidas presupuestarias asignadas a tal fin y proporcione a sus vecinos la solución habitacional que conlleve al acceso a una vivienda digna, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por los tratados internacionales de derechos humanos aprobados y vigentes en nuestro país, y las disposiciones constitucionales y legales que así lo ratifican, especialmente, en materia de derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

Señor presidente:

Acorde con su política discriminatoria para con los sectores más vulnerables de la sociedad porteña, Mauricio Macri ha impulsado por ante la Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el desalojo compulsivo de las numerosas familias que habitan en el complejo de 112 viviendas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), ubicadas en la villa 1.11.14 del Bajo Flores.

Asimismo obtuvo del Juez interviniente, Norberto Tavosnanska, una orden que incluye la autorización para que las fuerzas de seguridad utilicen -como último recurso- armas con municiones de plomo, o sea de carácter letal, a fin de obtener el desahucio pedido por el GCABA.

Solo la intervención de la Defensoría General de la Ciudad, que interpuso un recurso de inconstitucionalidad por ante la Cámara actuante, pospuso por el momento el cumplimiento de tal exorbitante decisión, que pone en peligro, no solo el derecho constitucional a la vivienda digna, sino también el inalienable derecho a la vida, a la integridad psico-física y a la seguridad ciudadana.

Tan grave ha sido la decisión judicial promovida y obtenida por Macri, que desde la comisión de vivienda de la Legislatura porteña se ha anticipado la posibilidad de promover un juicio político contra el magistrado que dictaminó conforme lo señalado precedentemente.

Como bien señala la Defensoría, el derecho a la vida y la seguridad de los vecinos que habitan en el complejo aludido, constituyen un bien jurídico cuya tutela se halla muy por encima del pretendido derecho de 'propiedad' que reivindica para sí el GCABA, situación que se agrava a poco de advertir que es esa misma administración la que incumple reiteradamente con las obligaciones a su cargo, dejando en estado de indefensión a los sectores más vulnerables de la comunidad cuyo gobierno se le ha encomendado, y que es precisamente la desatención del elevado déficit habitacional que la ciudad padece, y que el gobierno de Macri ignora subejecutando el presupuesto vigente y las partidas asignadas a tal fin, el que lleva a numerosas familias a buscar soluciones desesperadas para darle un mínimo cobijo a sus hijos.

Por otro lado, la causa judicial basada en un procedimiento sumario, conculcatorio del derecho de defensa de los habitantes del complejo de viviendas de marras, no ha permitido deslindar situaciones ni responsabilidades y mucho menos acreditar en que condiciones habita cada una de las familias afectadas el predio a ser desalojado.

La violencia ínsita en el fallo obtenido por el GCABA y cuestionado por la Defensoría, supone un inconcebible desprecio por la vida humana, una inaceptable exaltación de la propiedad privada por sobre cualquier otro derecho, y un deliberado desconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en los Tratados internacionales de derechos humanos que con jerarquía constitucional fueron incorporados en nuestra Carta Magna a partir de la reforma de 1994, en su artículo 75 inciso 22, y que los Estados nacionales, provinciales y comunales se hallan obligados a cumplimentar frente a la comunidad internacional.

A ello se suma que ni en el fallo reseñado, ni en los planteos efectuados por el GCABA, se garantiza, siquiera mínimamente, el derecho a la vivienda de las familias cuyo desalojo se propugna, colocando a las mismas en un marco de indefensión impropio para un Estado de Derecho.

Por tales razones, solicito la aprobación del presente proyecto.