La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

I.- Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, para que por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, las misiones permanentes de la República Argentina acreditadas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Organización de Estados Americanos (OEA) se invite al inmediato inicio de negociaciones bilaterales entre los gobiernos de la República Dominica y de la República de Haití encabezados por los presidentes Danilo Medina Sánchez y Michel Joseph Martelly, a fin de superar el conflicto internacional derivado de la crisis migratoria suscitada entre ambos países, estimando que cualquier traslado de personas debe llevarse a cabo según los estándares internacionales previamente establecidos y consensuados y que es menester establecer mecanismos de resolución de disputas en las temáticas migratorias en el corto, mediano y largo plazo, a fin de evitar casos de apatridia; ofreciéndose como ámbito imparcial la sede del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), en la Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.

II.- Promover la utilización de los buenos oficios de la OEA para fortalecer los procesos de registro en curso, en particular en el apoyo al Programme d'Identification et de Documentation des Immigrants Haïtiens a través del Programa de la Universalización de la Identidad Civil de las Américas -"PUICA"- de la OEA.

III.- Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional implementar inmediatos mecanismos humanitarios de protección para ayudar a las personas desplazadas, en particular los más vulnerables y quienes resulten apátridas y que deseen adoptar el estatus de refugiados en nuestro país.

Señor presidente:

La Organización de Estados Americanos (OEA) no ve más salida que el diálogo entre República Dominicana y Haití para encontrar una solución a la disputa a causa del proceso de regularización de ciudadanos dominicanos de origen haitiano, que la comunidad internacional teme pueda provocar miles de desplazamientos forzosos y hasta casos de apatridia. Así lo establece el informe presentado el 29 de julio pasado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tras la visita que realizó una misión del organismo a los dos países a comienzos de mes para evaluar la situación que ha provocado fuertes tensiones entre Santo Domingo y Puerto Príncipe.

La OEA recomienda "facilitar el diálogo entre ambos países" con la celebración de un encuentro bilateral "en el lugar más apropiado y aceptado por ambas partes". El organismo hemisférico se propone como "facilitador" de dicho diálogo, que el representante de Haití ante la OEA, Bocchit Edmond, dijo que su Gobierno aceptaba de inmediato. Más cauto se mostró el embajador dominicano, Pedro Vergés, quien solo prometió que Santo Domingo estudiará "a fondo" tanto las recomendaciones como las observaciones del informe para pronunciarse "en el futuro inmediato" sobre las mismas.

El informe está elaborado con un lenguaje muy cuidadoso y evita conscientemente dar cifras sobre desplazados -forzosos o no-, argumentando que "es difícil confirmarlas en este momento", algo en que coinciden organizaciones no gubernamentales que también siguen la situación de cerca.

Pese a ello, la OEA reconoce que "existen personas en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad reconocida" a causa de la legislación dominicana y que se están dando "desplazamientos de poblaciones que sobreviven en condiciones precarias".

Menos cautelosa ha sido la ONU, cuyo Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescencientes exhortó el martes al Gobierno dominicano a tomar medidas para "impedir las deportaciones arbitrarias y adoptar mecanismos para atender las acusaciones de racismo durante las deportaciones de personas de origen haitiano".

Según sus datos, alrededor de 19.000 personas han dejado República Dominicana para ingresar en Haití desde el 17 de junio, "ante el temor de que se produzcan posibles violaciones de sus derechos cuando las deportaciones comiencen oficialmente en agosto".

El 17 de junio expiró el plazo de registro para el Plan Nacional para Regularización de Extranjeros, una especie de parche legal creado tras el revuelo por una sentencia del Tribunal Constitucional dominicano que en 2013 privó de forma retroactiva a más de 200.000 nacidos en el país de padres migrantes entre 1929 y 2010. Sin embargo, ante la renovada preocupación internacional por posibles desplazados forzosos -que República Dominicana niega, afirmando que se van de forma voluntaria, y que Haití dice que no tiene capacidad de acoger salvo que demuestren su nacionalidad haitiana- se extendió un plazo de gracia para el plan regularizador que acaba ahora en agosto.

"Nadie debería ser deportado si existen razones legales y válidas para permanecer", dijo presidenta del panel de la ONU, Mireille Fanon Mendes-France, el martes en Ginebra. "La República Dominicana no puede violar ni las normas internacionales, ni los mecanismos de protección del sistema Interamericano de Derechos Humanos, y, especialmente, no puede violar su propia Constitución", enfatizó la experta.

La preocupación es compartida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que a finales de 2013 realizó una visita "in loco" a República Dominicana y documentó numerosas denuncias por la negación de documentos a dominicanos de origen haitiano. "Para la CIDH es muy importante que no se genere una condición de expulsión que pudiera llevar a un escenario de apatridia, de personas no recibidas por Haití y no reconocidas por República Dominicana", dijo su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, a periodistas tras la sesión de la OEA. "Ese sería para la CIDH un escenario de gran preocupación", subrayó (Fuente: diario El País, Madrid).

Nosotros creemos que el Mercosur puede convocar al diálogo a las dos naciones hermanas y facilitar los medios y la infraestructura necesarios para proceder de inmediato y sin demoras al inicio de las negociaciones que surgen como la única e ineludible vía de solución.

Además, pensamos que la Argentina - país genéticamente abierto a la inmigración que contribuyó a su formación - debe programar el refugio de muchos de los desamparados haitianos que necesitan nuevos horizontes para desenvolver sus vidas.

Es por ello que solicito el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar el presente proyecto de resolución.