La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su solidaridad con los trabajadores de la Línea 60 que luchan contra los despidos del Grupo DOTA y repudiar la represión que sufrieron, con balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes, este martes 28 de julio por parte de la Gendarmería Nacional. Solicitar asimismo la reincorporación inmediata de todos los trabajadores arbitrariamente despedidos por el mencionado grupo empresarial.

Señor presidente:

Hace más de un mes que los choferes y mecánicos de la Línea 60 se encuentran en conflicto, a raíz de la arbitraria decisión del Grupo Dota de despedir a 51 de sus choferes y mecánicos.

Los trabajadores de la Línea 60 sostienen que la persecución laboral que sufren tiene su origen en la denuncia realizada al "monopolio del transporte DOTA de robar el subsidio en perjuicio de los usuarios y trabajadores, reduciendo el servicio público a menos de lo permitido por la CNRT." En un comunicado de prensa difundido el pasado 7 de julio, los trabajadores señalan asimismo que "la empresa quiere esconder dicho reclamo con despidos y cambiar el eje de las denuncias, para que quede ante la opinión pública como un conflicto gremial por despidos y tapar el verdadero desvío de subsidios" que recibe del Estado nacional.

A esto se suman históricos reclamos sobre sus condiciones laborales, así como la denuncia a la práctica desleal implementada por la empresa hacia su Cuerpo de Delegados, con liquidaciones de sueldo erróneas, hasta más de 10 meses de sueldos adeudados, e incluso con el desconocimiento de los días por actividad gremial que por ley les corresponde.

Los inicios más inmediatos de este conflicto deben remontarse sin embargo al pasado 24 de junio, cuando los trabajadores de la Línea 60 definieron en asamblea prestar su servicio habitual sin cobrar boleto, en respuesta al injusto despido de su compañero Ariel Benítez, perseguido desde hacía meses por la mencionada patronal.

Dos días después, tras la medida de fuerza impulsada por los trabajadores y de una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo de la Nación, se dictó la Conciliación Obligatoria que establecía que la medida de fuerza debía quedar suspendida y la empresa reincorporar al trabajador Benítez.

Pese a ello, el 27 de junio Ariel Benítez vio impedido su acceso a su puesto de trabajo, al tiempo que la empresa emprendía un lock out patronal que impidió la salida de los colectivos de las terminales de Plaza Constitución, Tigre y Escobar, dejando a 250 mil pasajeros sin transporte y poniendo en riesgo los puestos laborales de 1.200 trabajadores. Junto con esto, la empresa MONSA (que también pertenece al Grupo DOTA y tiene a su cargo 46 líneas de colectivos del área metropolitana) enviaba 50 nuevos telegramas de despidos, dejando a más de medio centenar de familias en la calle.

Fue por este motivo que el 1° de julio del corriente los trabajadores, junto a su Cuerpo de Delegados, resolvieron poner a funcionar las unidades, nuevamente sin cobrar boleto a los usuarios del servicio. De esta manera, volvían a demostrar que mientras los trabajadores son los principales interesados en asistir a los usuarios, la patronal les niega su derecho a acceder al transporte llegando incluso a impedir -con un importante operativo policial y mediante una orden de la fiscalía de Escobar de la Provincia de Buenos Aires- la salida de las unidades en la cabecera de Ingeniero Maschwitz.

Aunque por todos los medios los trabajadores intentaron hacer oír sus reclamos ante tan arbitrario ataque, solicitando la intervención de los Ministerios del Interior, Trabajo y Transporte de la Nación, no obtuvieron respuesta. Tanto es así que en la noche del pasado 13 de julio la Policía Federal ocupó y cercó -con un fuerte operativo, de más de cien efectivos y carros hidrantes- los portones de la terminal de colectivos de su cabecera en Plaza Constitución, manteniendo encerrados a 22 trabajadores dentro de la misma, como en las peores épocas de la Argentina.

"Poco después de las 22 horas, la Policía nos hizo un cerco perimetral, nos cruzaron carros de asalto y colectivos en la calle y a partir de ese momento no dejaron entrar ni salir a nadie. En un principio dejaban pasar ropa y alimentos para los que quedamos adentro, pero a partir del mediodía de ayer la cosa se endureció y ahora estamos totalmente aislados", informaba por entonces uno de los trabajadores encerrados por la mencionada fuerza.

Por este motivo, personalidades y organismos de los derechos humanos, como el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, denunciaron ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la situación de vulnerabilidad y de ataque a las libertades democráticas más elementales por parte de la patronal DOTA, que con la colaboración de Policía Federal impedía el suministro de víveres, abrigo y medicamentos a los trabajadores que reclaman por su derecho a trabajar. Ante la insistencia de la delegación para denunciar los atropellos cometidos contra los choferes y mecánicos, literalmente secuestrados, se logró la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para retrotraer la situación.

Hasta ahora, el Ministerio de Trabajo de la Nación ha permitido todas las maniobras de la empresa. A la par, con el auxilio de la Policía Federal, la justicia todavía mantiene militarizada la cabecera de Plaza Constitución, con 22 trabajadores que permanecen encerrados. Mientras el lock out se mantiene, bajo disposición de la jueza María Servini de Cubría todavía permanece cercada la cabecera de Plaza Constitución, con los trabajadores de rehenes y con la prohibición de poner en circulación a todas las unidades.

Como si esto fuera poco, el pasado lunes 27 de julio la Cámara patronal publicó en los principales diarios nacionales una costosa solicitada, atacando a los choferes y mecánicos que defienden sus derechos e intentando negar la existencia del conflicto, cuya envergadura es ya ampliamente conocida.

Ante estos ataques, a las medidas que ya vienen impulsando -con numerosas movilizaciones, llamados a una mesa de diálogo y solicitudes de intervención a los mencionados ministerios-, los trabajadores, sus familias y las organizaciones solidarias decidieron sumar esta semana nuevas acciones en defensa de los puestos laborales, así como comenzar una campaña nacional por el fondo de huelga que sostenga a sus compañeros despedidos.

Las medidas programadas para las primeras horas de la mañana de este martes 28 de julio, en Puente La Noria y en Autopista Panamericana y 197, fueron recibidas por un fuerte operativo de la Gendarmería Nacional. Tras ser brutalmente reprimidos y desalojados de la autopista Panamericana con balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes, y persistir en sus reclamos, volvieron a recibir como respuesta -pocas horas después- una nueva y brutal represión por parte de la Gendarmería Nacional. El violento accionar de esta fuerza dejó como resultado seis trabajadores detenidos y 33 manifestantes heridos por balas de goma y golpes, de los cuales tres debieron ser hospitalizados. Al día de la fecha, dos de los trabajadores heridos por la brutal represión continúan aún en terapia intensiva, uno de ellos en estado delicado, tras permanecer durante más de dos horas retenido en una camioneta, recibiendo duros golpes que le produjeron graves traumatismos de cráneo, rotura de costillas y otras lesiones en una de sus piernas. El otro de los trabajadores aún hospitalizados recibió un balazo de goma en la sien, sufriendo hasta el momento fuertes mareos y vómitos que hacen que su estado de salud siga siendo delicado.

"Nos estábamos manifestando pacíficamente arriba de la Panamericana y vino la Gendarmería con una actitud provocadora y desafiante, y empezó a reprimir. A mí me dieron un balazo de goma en la cara y tengo también en las piernas y en la espalda. Tenemos varios compañeros heridos. No respetaron ni siquiera la altura, tiraban a la altura de la cara. Un compañero tiene un balazo en la cara y por dos centímetros no perdió el ojo. Nosotros estamos reclamando por algo justo, estamos buscando un montón de formas de dialogar, pero no tenemos ninguna respuesta por parte del gobierno, ni del ministerio de Trabajo, ni del Interior y Transporte. No nos dejan alternativas. Apelamos a la buena predisposición del gobierno frente al lock out patronal", declaraba ante los medios presentes en la mañana del 28 de julio uno de los choferes de la Línea 60.

Por su parte, el secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni aseguró ante la prensa que la orden de desalojar a los manifestantes se debió a que "estaban cometiendo un delito

federal", ya que "la Panamericana es el principal ingreso a la Ciudad." Sus declaraciones justificaron de esta manera la represión contra los trabajadores que defienden sus puestos de trabajo, recordando su accionar durante el conflicto de la autopartista norteamericana Lear Corporation. En este sentido, vale recordar que una orden judicial apartó a la Gendarmería Nacional comandada por Berni del conflicto de Lear, después de las represiones a los trabajadores y del conocido "incidente" del infiltrado Galeano y el "Gendarme Carancho".

Pese a que la conducción de su sindicato (UTA) dejó solos a los trabajadores, negando incluso que haya despidos por parte de la patronal DOTA, organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la CTA de los Trabajadores que conduce Hugo Yasky, entre muchas otras, se pronunciaron en repudio a la violenta represión ejercida contra los trabajadores y renovaron este martes su respaldo a su lucha.

Con el amplio apoyo conquistado, tras la liberación de los detenidos en la tarde del martes los trabajadores resolvieron mantener firme su reclamo hasta obtener una respuesta favorable a su demanda de reincorporación de todos los trabajadores despedidos por el Grupo DOTA, y evalúan por estas horas los pasos a seguir.

En repudio a la brutal represión de este martes, a la criminalización de su lucha contra los injustos despidos y en defensa de los puestos de trabajo de los choferes y macánicos de la Línea 60 y sus familias, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.