El Senado y Cámara de Diputados...

ARTÍCULO 1: Durante los ejercicios 2009 y 2010 se excluirán de los Artículos 10 y 19 de la Ley N° 25.917, aquellas erogaciones que se hayan destinado a promover la actividad económica, a sostener el nivel de empleo y a dar cobertura a la emergencia sanitaria y a la asistencia social.

ARTICULO 2: Déjanse sin efecto, para los Ejercicios 2009 y 2010, las limitaciones contenidas en el artículo 12 y en el primer párrafo del artículo 21 de la Ley N° 25.917, respecto al endeudamiento de todas las Jurisdicciones participantes del Régimen de Responsabilidad Fiscal.

Asimismo, durante los ejercicios referidos no serán consideradas las previsiones contenidas en el último párrafo del artículo 15 de la Ley N° 25.917, ni los artículos 2° y 3° de la Ley N° 25.152.

ARTICULO 3: Invitase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen establecido por la presente ley

ARTICULO 4: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

La crisis financiera internacional incide en el conjunto de la economía en general y en las finanzas públicas en particular, generando la necesidad de adopción de medidas no previstas que mitiguen los efectos negativos de la coyuntura actual.

Frente a este nuevo escenario la estrategia de las distintas Jurisdicciones fue priorizar la aplicación de políticas públicas que sostengan las actividades productivas, preserven los niveles de empleo y financien la asistencia requerida por los sectores sociales desprotegidos, derivando ello, en un mayor gasto por parte de las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional.

Lo expuesto anteriormente denota que las reglas establecidas por la Ley N° 25.917 requieren una adecuación que considere los efectos que sobre las cuentas fiscales produce la cambiante realidad en materia de política fiscal, asegurando tanto la equidad entre los integrantes del Régimen como un adecuado tratamiento intertemporal.

El principio que guía el régimen es el de gobernabilidad, el buen gobierno, como condición necesaria para el desarrollo humano sostenido. Participación, transparencia, equidad, rendición de cuentas, régimen de derecho, evaluación de los resultados, monitoreo del desempeño, eficacia y eficiencia.

La Ley de Responsabilidad Fiscal establece un Régimen que aborda el sector fiscal en forma amplia y sistemática, estableciendo límites para la evolución de variables específicas (gasto, deuda, resultado financiero) y acciones para mejorar la transparencia de la información fiscal.

La Ley N° 25.917 constituye un instrumento legal homogéneo para el Gobierno Nacional, las Provincias, y la C.A.B.A, que persigue como objetivo instituir una política fiscal federal coordinada y sustentable en el largo plazo. Es por ello que resulta apropiada la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, para minimizar el impacto de la crisis internacional. En este sentido las reglas fiscales coordinadas evitan los efectos negativos que puede generar el comportamiento fiscal inadecuado de una jurisdicción sobre el resto de jurisdicciones, reduciendo asimismo la incidencia de los desequilibrios generados en un ejercicio sobre las generaciones futuras.

Consecuentemente, las reglas instituidas deben ser aplicadas en forma integral y coordinada, dado que actúan en forma complementaria y no aislada, con el objetivo de establecer lineamientos mínimos de gestión sustentable de los recursos públicos.

El Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal fue producto del ejercicio del federalismo, implementado a través de un proceso de coordinación y conciliación entre las jurisdicciones participantes, con vistas a establecer un horizonte de mediano y largo plazo destinado a garantizar la solvencia y sustentabilidad de las finanzas públicas a través de políticas fiscales más sólidas, sostenidas y transparentes.

En sus cuatro años de implementación el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal ha conseguido logros entre los cuales se destacan:

la institucionalización de las políticas fiscales generó un mejor posicionamiento del Estado en su conjunto, a la vez que dotó a todos los niveles de gobierno de herramientas para la gestión presupuestarias y financiera;

un espacio de discusión de los más altos niveles de autoridades para la evaluación y seguimiento de las finanzas del Gobierno Nacional, de las Provincias y la CABA;

una mejor performance en la evolución de las cuentas públicas de los tres niveles de Gobierno;

el ordenamiento y contención del endeudamiento en los tres niveles de gobierno, reduciendo el nivel de vulnerabilidad de las cuentas públicas;

el lineamiento estratégico explícito al orientar recursos públicos hacia el gasto de capital, priorizando la inversión pública en infraestructura social básica;

el mejoramiento en la comparabilidad interjurisdiccional, transparencia y calidad de la información fiscal;

Como resultado de ello, el nuevo contexto signado a partir de la crisis internacional y de la reciente emergencia sanitaria, han encontrado un marco fiscal más consistente, a pesar de lo cual se imponen modificaciones transitorias. Se hace necesaria la adopción de políticas anticíclicas pero preservando los objetivos del Régimen, lo que mejorará la credibilidad de la política gubernamental.

Por tales motivos, es que le solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.